España ya no invertirá si no hay seguridad jurídica

sábado, 26 de enero de 2013

El embajador de España en Bolivia, Ángel María Vásquez Díaz, declaró ayer que las empresas de su país tienen intenciones de invertir en Bolivia “siempre y cuando, efectivamente, la seguridad jurídica sea un hecho incontestable”, por lo que agregó que el Gobierno español se encuentra a la espera de la aprobación de la nueva Ley de Inversiones.
En un encuentro de representantes diplomáticos con el presidente Evo Morales en Palacio de Gobierno, Vásquez expuso estas condiciones ayer a propósito de la nacionalización de la Transportadora de Electricidad a la Red Eléctrica Española (REE) –el 1 de mayo del año pasado–, así como a Electropaz y Elfeo. Además, de otras dos filiales menores, a Iberdrola, el 29 de diciembre pasado.
Vásquez Díaz aclaró que el Gobierno de España respeta las nacionalizaciones en Bolivia, y que tiene “el mayor interés en que las empresas españolas inviertan en todos los países del mundo y Bolivia no sería una excepción&rdq uo;.
“Sin embargo es verdad que en estos momentos estamos a la espera de que en Bolivia se publique una Ley de Inversiones, que las propias autoridades bolivianas consideran esencial para atraer la inversión extranjera, y nosotros estamos en un compás de espera para conocer exactamente los términos de esa ley”, advirtió el diplomático.
El representante español agregó que “para que haya seguridad jurídica tiene que haber unas negociaciones que sean justas, sin dilaciones y en un marco jurídico de referencia que sea seguro para todos”.
Indemnización

Respecto a la nacionalización de Electropaz, el Embajador informó que continúan las negociaciones con el Gobierno por una indemnización justa que podría ser determinada por una empresa auditora imparcial, como establece la normativa internacional. “El arbitraje es solución última, si no hay acuerdos. Estamos a principios de negociación y no se puede hablar de arbitraje”, dijo.
Recordó que el decreto de nacionalización establece un plazo de 180 d ías para concluir con la indemnización. España espera que en ese periodo se concluya la elección de la evaluadora.

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