YPFB compromete verificar el cumplimiento de ley en las petroleras que operan en Tarija

sábado, 9 de febrero de 2013

El Ministerio de Trabajo realizará una inspección a las empresas petroleras del Bloque Caipipendi, en Tarija, a fin de verificar el cumplimiento de la normativa referente a la contratación de mano de obra, bienes y servicios para la Fase II del proyecto de desarrollo Margarita-Huacaya, informó el vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación, Luis Alberto Sánchez.
El compromiso fue asumido después de una reunión de siete horas, realizada el jueves pasado en Tarija. El diario Nuevo Sur reportó un “áspero” encuentro entre representantes de la española Repsol, YPFB y la Federación de Trabajadores Petroleros de Tarija, cuyos dirigentes abundaron en calificativos negativos en su demanda por mayores fuentes de empleo para la gente de ese departamento.
Incluso, señaló el Nuevo Sur, la reunión estuvo a punto de entorpecerse ante el ímpetu de los dirigentes de los trabajadores, quienes e xigieron el cumplimiento de compromisos asumidos por la petrolera.
Según información difundida ayer por YPFB, en el marco del control al cumplimiento de los contratos de operación, Sánchez convocó para el jueves, en Tarija, al representante de Repsol, Jorge Ciacciarelli y personeros de las subcontratistas Bolinter, Inesco y Conpropet, para que expongan el proyecto de la CPF Fase II Margarita-Huacaya, ubicado al norte de Tarija y el sur de Chuquisaca.
Sánchez dijo que Repsol y las empresas participantes en el proyecto deben dar preferencia a personal boliviano en la contratación de servicios prestados, siempre y cuando cumplan con los requisitos necesarios.
El dirigente cívico de Entre Ríos, Domingo Moreno, explicó que los trabajadores solamente quieren el cumplimiento de la legislación boliviana en sentido de que las empresas deben contratar personal de la región mínimamente en un 30 por ciento.
De acuerdo a Moreno, en la actualidad, no se contrata ni un uno por ciento y la mayoría de los trabajadores provienen de otras regiones, desplazando a los lugareños, quienes argumentan que al tratarse de recursos naturales de la zona, tienen que ser tomados en cuenta.
Moreno explicó que YPFB debe hacer cumplir la ley y obligar a Repsol y sus subcontratistas a dar trabajo a los locales; sin embargo, “se desentiende” del asunto y en consecuencia las petroleras tampoco “hacen nada”.
El asesor del Comité Defensores del Chaco, Luis Alberto Jiménez, denunció ante la prensa que las empresas subcontratistas tienen deudas en Villa Montes, tanto con proveedores como con  trabajadores.

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