Jindal rechaza citaciones y dice que situación se agrava

sábado, 12 de mayo de 2012

Jindal Steel Bolivia (JSB) rechazó que varios de sus ejecutivos, entre ellos el presidente de la empresa, Vikrant Gujral, fueran notificados por el fiscal Aldo Ortiz de la ciudad de La Paz para declarar en calidad de investigados por la supuesta comisión del delito de incumplimiento de contrato, e indicó que esto sólo agrava la situación.
En un comunicado público, JSB calificó de “sorpresiva” la actitud de Ortiz que decidió investigar de oficio el caso y citar a los empresarios, después de que el Ministerio de Minería ratificó su intención de reiniciar negociaciones para la continuidad del proyecto siderúrgico de El Mutún.
“El fiscal ‘de oficio’ inició investigaciones sobre un supuesto incumplimiento contractual, sin tener ningún elemento material que demuestre la comisión del citado delito, desconociendo que la  JSB el 8 de marzo había intimado notarialmente a la ESM el cumplimiento de sus obligaciones contractuales”, explicó la empr esa india.
Agregó que además el Fiscal “se animó públicamente a emitir criterio en contra de los ejecutivos de la JSB en una actitud de prejuzgamiento que carece de imparcialidad”.
El comunicado de Jindal señala que extraña que, “por una parte el Estado Plurinacional de Bolivia invita y convoca a empresas extranjeras para invertir en Bolivia, y por otra parte el Ministerio Público persigue penalmente a inversionistas de la firma india que aportan capitales, pagan impuestos y generan empleo en Bolivia”.
Contradicciones
JSB dijo que sus ejecutivos llegaron a Bolivia para ejecutar un proyecto que era anhelado por los bolivianos y que sólo recibieron a cambio, “la incomprensión de algunas autoridades, que sin cumplir con sus obligaciones dentro del Contrato de Riesgo Compartido, se atreven a sancionar y lesionar nuestro patrimonio”.
Señaló que la situación se agrava ahora “con la pretensión de perseguir y encarcelar a nues tros principales ejecutivos”.
JSB exigió al Ministerio Públi co explicar por qué “decidió enviar a la comunidad internacional un mensaje de inseguridad jurídica, ahuyentando a los inversores extranjeros que permanecen en el país y a aquellos que en el futuro podrían llegar”.

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