Santa Cruz | El DeberLa lentitud (de la Policía) para encontrar y detener a Marcelo Limón, principal acusado de la supuesta estafa por un valor de Bs 2,3 millones al Distrito Comercial Oriente (Santa Cruz) de YPFB, más el poco interés de la estatal petrolera para presionar y conseguir que se ejecute el pedido de orden emitido hace una semana, hace que esta causa avance a ‘fuego lento’.
“Es una lástima que la Policía no ejecute esta orden de detención. Como Ministerio Público estamos siendo transparentes, pues el mismo día que tuve el conocimiento de esta denuncia emití un requerimiento fundamentado de aprehensión, para luego realizar una orden de aprehensión y desde esa fecha no la han realizado, no han dado con él.”, indicó Alberto Cornejo, fiscal que investiga esta causa.
Según Cornejo el accionar de la estatal petrolera no demuestra un interés real por querer dar con el paradero de Limón.
Sobre las declaraciones de Gary Medrano, ger ente nacional de Comercialización de YPFB, Cornejo señaló que se trata de verdades a medias y precisó que las explicaciones del funcionario sirvieron para entender un poco más el funcionamiento de venta de combustible, pero no lograron despejar algunas interrogantes: cómo fue posible que se haga la venta de combustible mediante 22 cheques observados y desde la gerencia nacional se tarde tanto en reaccionar.
En cuanto a las declaraciones de Ángela Maza, que trabajó en el surtidor Continental de propiedad de Limón, y que es acusada por el abogado de éste, Jorge Alberto Franco, como la responsable de estos 22 cheques sin fondos y con firmas no autorizadas, el representante del Ministerio Público le llamó la atención que a un empleado se le pida abrir una cuenta y se le deposite miles de bolivianos, por lo que dejó abierta la posibilidad de volverla a citar para ampliar su declaración. Franco indicó que la situación legal de su defendido quedó en manos del juez primero en lo cautelar, Roque Leaños, que deberá resolver si se aplican las medidas sustitutivas o si se deja sin efecto la orden de aprehensión.“En este proceso se vulneraron los derechos constitucionales de mi defendido. No se lo citó ni se respetó la presunción de inocencia”, sostuvo Franco. A su vez, la Autoridad de Hidrocarburos (ANH) informó de que mañana (por hoy) intervendrán la estación de servicio Bella Vista (Piso Firme). Cabe recordar que con esta intervención son tres los surtidores en manos de la ANH. La ministra de Transparencia Nardy Suxo, subrayó que la investigación abarca a todos y que si el Ministerio Público ve complicidad de servidores públicos, hará una investigación completa.
“Es una lástima que la Policía no ejecute esta orden de detención. Como Ministerio Público estamos siendo transparentes, pues el mismo día que tuve el conocimiento de esta denuncia emití un requerimiento fundamentado de aprehensión, para luego realizar una orden de aprehensión y desde esa fecha no la han realizado, no han dado con él.”, indicó Alberto Cornejo, fiscal que investiga esta causa.
Según Cornejo el accionar de la estatal petrolera no demuestra un interés real por querer dar con el paradero de Limón.
Sobre las declaraciones de Gary Medrano, ger ente nacional de Comercialización de YPFB, Cornejo señaló que se trata de verdades a medias y precisó que las explicaciones del funcionario sirvieron para entender un poco más el funcionamiento de venta de combustible, pero no lograron despejar algunas interrogantes: cómo fue posible que se haga la venta de combustible mediante 22 cheques observados y desde la gerencia nacional se tarde tanto en reaccionar.
En cuanto a las declaraciones de Ángela Maza, que trabajó en el surtidor Continental de propiedad de Limón, y que es acusada por el abogado de éste, Jorge Alberto Franco, como la responsable de estos 22 cheques sin fondos y con firmas no autorizadas, el representante del Ministerio Público le llamó la atención que a un empleado se le pida abrir una cuenta y se le deposite miles de bolivianos, por lo que dejó abierta la posibilidad de volverla a citar para ampliar su declaración. Franco indicó que la situación legal de su defendido quedó en manos del juez primero en lo cautelar, Roque Leaños, que deberá resolver si se aplican las medidas sustitutivas o si se deja sin efecto la orden de aprehensión.“En este proceso se vulneraron los derechos constitucionales de mi defendido. No se lo citó ni se respetó la presunción de inocencia”, sostuvo Franco. A su vez, la Autoridad de Hidrocarburos (ANH) informó de que mañana (por hoy) intervendrán la estación de servicio Bella Vista (Piso Firme). Cabe recordar que con esta intervención son tres los surtidores en manos de la ANH. La ministra de Transparencia Nardy Suxo, subrayó que la investigación abarca a todos y que si el Ministerio Público ve complicidad de servidores públicos, hará una investigación completa.
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