XX Rueda ya tiene 120 participantes

Alrededor de 120 delegaciones empresariales de Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, Perú, Chile, Paraguay, México, Estados Unidos y España confirmaron hasta ayer su participación en la XX Rueda de Negocios que se realizará del 2 al 3 de mayo en las nuevas instalaciones del Centro Internacional de Negocios (CIN) del complejo ferial de la laguna Alalay.
“Este año estamos poniendo especial énfasis en la presencia de empresas internacionales y, en ese sentido, estamos esperando la confirmación de varios países asiáticos y de la Unión Europea”, comentó José Rivera, gerente general de la Cámara de Comercio y Servicios de Cochabamba, instancia encargada de organizar, como todos los años, el mayor evento de negocios, al interior de la Feria Internacional de Cochabamba.
Refirió que los que acudan a la XX Rueda tendrán muchas comodidades tecnológicas, como “ingresar en línea desde la misma mesa de negociación con empresas y proveedores del exterior, en procura d e suscribir acuerdos sustentables”.
Considerando las gestiones realizadas a nivel nacional e internacional, Rivera informó que la XX Rueda tiene previsto superar las metas de 55 millones de dólares en intenciones de negocios y 600 participaciones.
Más participación

Para este año, comprometieron su participación mayor cantidad de empresas productoras, comercializadoras y de servicios del interior del país, como Santa Cruz, La Paz, Oruro, Potosí, Tarija y Chuquisaca.
Considerando la ventaja geográfica, climática y gastronómica de Cochabamba, situada en corazón de Bolivia, con clima benigno y variada comida, dijo que aguardan la presencia de mayor cantidad de participantes.
Este año las intenciones de negocios girarán en torno a los requerimientos en los rubros de ferretería, materiales e insumos de construcción, alimentos y bebidas, manufacturas de madera y cuero, y textiles y artesanías.
Rivera adelantó que las empresas que confirmen su participaci ón hasta el 1 de abril se beneficiarán con descuentos de 20 a 30 por ciento, dependiendo de su afiliación a cámaras locales, nacionales e internacionales.
La Feicobol, que albergará la Rueda de Negocios, se realizará este año del 25 de abril al 5 de mayo próximos, en el campo ferial de Alalay.

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Califican a Bolivia como país de “alto riesgo político” para invertir

Bolivia, junto con Ecuador y Argentina, entre las naciones sudamericanas, fue encasillada en la categoría de “países con alto riesgo político” para los negocios e inversiones extranjeras. En el continente, sólo Venezuela está en un peldaño inferior, en el rango reservado para países “con muy alto riesgo”.
El trabajo de ubicación corresponde a la empresa de análisis AON, que publicó ayer el Mapa de Riesgo Político 2013, que hace sus mediciones en estos rubros en 163 países del mundo.
El mapa es utilizado por las empresas multinacionales para que éstas vean cuáles son los países donde más riesgo existe para invertir. Para ello, AON mide los niveles de riesgo derivados de la transferencia de divisas, los riesgos legales y regulatorios y las interferencias políticas (intervención del Gobierno).
El análisis incluye la violencia política (huelgas, disturbios), el impago de deuda soberana o las interrupciones de la cadena de suministro de la producci ón, esto debido a interferencias de tipo social, económico y político.
En el resto de Sudamérica, Venezuela es el peor al ser el único país con un “muy alto riesgo” para las inversiones. Paraguay tiene un “alto-medio riesgo”. Colombia y Perú son países con “riesgo medio”, mientras que Brasil y Uruguay son considerados países de “poco riesgo”.
Bolivia continuó en 2012 e inicios de 2013 su política de nacionalización de empresas extranjeras. Desde mayo fueron tres empresas españolas las que sufrieron la reversión accionaria de sus filiales, y desde el propio Gobierno se anunció que mientras existan incumplimientos las estatizaciones continuarán.
Según el estudio, los riesgos políticos para las empresas presentes en mercados emergentes aún son “considerables”, pero se han reducido respecto a 2012, cuando los efectos de la Primavera Árabe, la crisis financiera internacional y las tensiones en el sur de Asia era n más notables.

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Relación con España no sufre cambios por Sabsa

Madrid |
Un mes después de que Bolivia expropiara la empresa Sabsa, filial de las españolas Abertis y Aena, sus relaciones con España permanecen intactas pese a las advertencias del Gobierno español y funcionarios de ese país europeo señalaron que se mantiene un “diálogo abierto” para buscar soluciones a las nacionalizaciones.
El pasado 18 de febrero, el presidente Evo Morales expropiaba la empresa Sabsa, que administraba los tres aeropuertos más grandes del país, acusándola de haber hecho insuficientes inversiones.
El Ejecutivo español deploró inmediatamente esa decisión y anunció que “muy a su pesar procedería a replantear el conjunto de las relaciones bilaterales” con Bolivia.
Fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores explicaron ayer a Efe que a nivel de la Unión Europea (UE) ha habido “contactos para explorar posibles medidas” y afirmaron que las medidas “no se anuncian, se adoptan”.
El pasado 11 de marzo en Bruselas el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, recordó a las instituciones de la UE su obligación de proteger “con medidas concretas” a las empresas nacionales en aquellos países en los que ha habido expropiaciones no compensadas, como en Bolivia.
Fuentes de Exteriores aseguraron ayer que España mantiene un “diálogo abierto y fluido” con las autoridades bolivianas para buscar una solución a estas nacionalizaciones y que ya se le ha transmitido al Gobierno boliviano el “malestar” por este asunto.
El Gobierno español espera llegar a un acuerdo “lo más pronto posible”, dijeron las mismas fuentes, que recordaron que España mantiene con Bolivia “una relación comercial y sobre todo una relación en materia de cooperación bastante fluida”.
La empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (Sabsa) es la sexta compañía española que pasa a manos del Estado en menos de un año, ya que en ma yo pasado Morales nacionalizó una filial de Red Eléctrica de España ( REE) y en diciembre otras cuatro de Iberdrola, por las que aún no ha habido una compensación económica.
La Comisión Europea reclamó a Bolivia que compensara a las compañías españolas por la expropiación y advirtió a Morales que las frecuentes nacionalizaciones suponen una “señal negativa” para los inversores.

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Aumenta el trabajo informal en América Latina

Panamá |
Con un 56 por ciento de los empleados trabajando de manera informal, Latinoamérica y el Caribe tienen el más alto índice de informalidad del mundo, lo que requiere una reforma laboral que debe traducirse en un mayor crecimiento económico, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) divulgado ayer.
En un capítulo de su informe macroeconómico titulado “Cómo América Latina y el Caribe pueden escapar del menor crecimiento mundial”, divulgado con motivo de la Asamblea Anual, el BID advierte, no obstante, que reformar el mercado laboral “no es una tarea fácil”.
“Las medidas para combatir la informalidad y para estimular la formalización de las empresas pueden llevar al establecimiento de firmas más grandes y eficientes, con una menor tasa de rotación de empleados, mejor capacitación de los trabajadores y más acceso al crédito”, dice el estudio.
La informalidad, indica el BID, “es un rasgo distintivo y persistente de los mercados laborales en América Latina y el Caribe”, lo que la convierte en “la región del mundo que registra el mayor grado de trabajo informal”.
Pese a que en líneas generales el informe estima en un 56 por ciento los empleados que trabajan de manera informal en la región, asegura que los índices de informalidad varían mucho de un país a otro, por lo que las medidas deben tratarse individualmente y convertirse en “objetivos clave de reforma” donde son más elevados.
La informalidad, además, “tiende a concentrarse en empresas más pequeñas, lo cual proporciona una evidencia indirecta de la relación entre productividad e informalidad”.
Pone como ejemplo estadísticas de Bolivia, Colombia, El Salvador y Venezuela, países en los que la productividad en empresas con más de 250 trabajadores es un 150 por ciento más alta que la correspondiente a empresas con menos de 20 trabajadores.
Por ello, el estudio destaca que “una reducción de la informalidad puede aumentar significat ivamente la producción y, por ende, el crecimiento a largo plazo”.

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Prevén disminuir el contrabando en un 30%

El viceministro de Política Tributaria, Erick Ariñez, sostuvo que la reglamentación que incentiva la denuncia a actividades de contrabando permitirá una mayor recaudación y reducción de este ilícito de hasta un 30 por ciento.
“Hay un porcentaje de contrabando apreciable, es alto, sin embargo estamos en una lucha frontal desde 2006 y por eso se ha ido reduciendo, y con esta medida va a bajar más, un 30 por ciento aproximadamente”, señaló el funcionario a la red Erbol.
Indicó que a consecuencia de esto “las recaudaciones aduaneras van a ir en ascenso”.
“Lo que estamos haciendo con esto es de que las importaciones sean legales con el pago respectivo de impuestos, entonces de hecho se van a incrementar las recaudaciones”, apuntó.
El funcionario agregó que “esta es una medida que va a hacer que se incentive a los denunciantes y que haya un desincentivo a aquellos que ingresan mercadería de manera irregular al país”.
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El jueves pasado, la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, señaló que se recompensará hasta con un 20 por ciento del valor de la mercadería incautada a todas aquellas personas que denuncien actividades ilícitas de contrabando.
Indicó que el incentivo estará dirigido a personas naturales y comunidades.
“Los beneficios que se van a otorgar son primero, el denunciante va a recibir el 20 por ciento de la mercancía decomisada, definitivamente, a la conclusión del proceso, de forma gratuita, es decir sin pagar tributos aduaneros y sin pago por depósitos en aduana; el segundo caso corresponde a la denuncia cuando el municipio lo realizare, que será beneficiado con el 10 por ciento de la mercadería de contrabando, para fines sociales. Lo único que tiene que hacer el representante de la comunidad es acreditar que efectivamente representa a la comunidad”, informó Ardaya.

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Justificar su capital, un lío para casas de cambio

Certificar la declaración del patrimonio económico e instalar un sistema de contabilidad adecuado a la venta de moneda extranjera son las principales dificultades que deben enfrentar las casas de cambio de Cochabamba para adecuarse a la normativa fijada para ese rubro por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), informó ayer el ex presidente de la Asociación de Casas de Cambio de Cochabamba y gerente general de la empresa Money Exchange, Luis Jordán.
Jordán explicó que existen muchas dificultades para las casas de cambio interesadas en adecuarse a la norma que las autoriza a funcionar legalmente como empresas de servicios auxiliares financieros, pero la declaración de patrimonio es la más complicada.
“Los interesados deben explicar de dónde proviene y cómo han obtenido su capital de operaciones. Es decir, tienen que demostrar si realmente es plata bien habida y eso toma tiempo”, sostuvo a tiempo de referir detalles de otras exigencias, como un local adecuado y personal capacitado.
Respecto a la instalación del sistema administrativo contable bancario, que la norma exige, dijo que una mayoría de las casas de cambio no cuenta con ese sistema porque no manejan depósitos, ahorros y otros servicios propios de entidades financieras; pero debe tramitar su adecuación aunque sus transacciones se limiten a la compra y venta de divisas.
Jordán informó que, hasta el momento, seis casas de cambio que tienen muchos años de servicio en Cochabamba presentaron la documentación requerida por la ASFI, en la perspectiva de ser reconocidas legalmente como empresas unipersonales o como sociedades de responsabilidad limitada (SRL), según sea el caso. El plazo vence el 30 de junio.
En los últimos dos meses, técnicos supervisores de la ASFI visitaron las casas de cambio de Cochabamba, en cinco oportunidades, con el propósito de asesorar en el cumplimiento de las condiciones o requisitos de adecuación exigidos por la norma, .En criterio de un propietario de casa de cambio, que prefirió no i dentificarse, las operaciones que desarrollan los librecambistas, con un capital mínimo de 16 mil dólares, representarán a futuro un serio problema para el Gobierno, porque este grupo no puede certificar el origen de su capital.
“En muchos casos los librecambistas están en condiciones de ofertar hasta medio millón de dólares porque actúan como una sociedad, donde todos aportan con lo que tienen hasta lograr el monto requerido”, sostuvo.    Agregó que el grupo numeroso de librecambistas que buscan adecuarse a la norma confronta serias dificultades para certificar la procedencia de su capital.
“Las casas de cambio que no hayan cumplido el proceso de adecuación, cumplido el plazo van a tener que dejar de operar”, dijo el miércoles la Directora de la ASFI, Lenny Valdivia.

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Hay más quejas por celulares y transporte

La telefonía móvil y el transporte terrestre son los servicios más denunciados por los usuarios, según informó el ayer la viceministra de Defensa del Consumidor, Sonia Brito, en el cierre de una campaña por el Día Internacional de los Derechos del Consumidor y el Usuario, conmemorado ayer.
“Hemos visto que donde más se vulneran los derechos del usuario es en el área de telefonía móvil y el de transporte terrestre interdepartamental, interprovincial y local donde hay mucha queja sobre las tarifas que cobran”, indicó en conferencia de prensa, citada por ABI.
“Es así que hemos trabajado durante la semana en difundir los derechos y obligaciones del usuario y consumidor, para que cada uno de ellos visibilice lo más importante del tema”, manifestó al referirse a la campaña iniciada el pasado lunes, que ayer cerró con una feria interinstitucional en las tres ciudades del eje troncal.
Por su parte, el director de la Autoridad de Regulación y Fiscaliza ción de Transportes y Telecomunicaciones (ATT), Clifford Paravicini, informó que de 12 mil denuncias recibidas en el caso del transporte terrestre, en 2012, se solucionaron 60 por ciento.
Indicó que entre las empresas del transporte terrestre que más incumplieron con los derechos del consumidor está Trans Copacabana, que ya cumplió con sus multas y ha mejorado su servicio, y el bus Copa Moya debido a los frecuentes accidentes que tuvo, dejando muertos y heridos.
En el caso del transporte aéreo, Paravicini dijo que el TAM (Transporte Aéreo Militar) fue la compañía que más vulneró los derechos del consumidor. Esa empresa recién será regulada por la ATT a partir de abril.
La principal deficiencia del transporte aéreo es el retraso en el horario de los vuelos, tanto en aerolíneas privadas como estatales, dijo. Recientemente, la ATT distribuyó una cartilla con derechos y obligaciones de los usuarios que va en la parte trasera de los asientos de los aviones.

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Darán a denunciantes el 20% del contrabando

Las personas particulares que denuncien casos de contrabando serán beneficiadas con el 20 por ciento de la distribución de la mercadería incautada.
En caso de que el denunciante sea una población fronteriza podrá acceder al 40 por ciento, mientras que 10 por ciento será para el municipio, que deberá invertirlo en obras sociales.
Así lo informó ayer la presidenta de la Aduana Nacional Boliviana (ANB), Marlene Ardaya, al explicar la nueva reglamentación para incentivar las denuncias contra el contrabando y garantizar la protección de los denunciantes.
Ardaya dijo que dicha reglamentación se enmarca en la acérrima lucha contra el contrabando que impulsa el Gobierno nacional. En ese marco, se prevé que las denuncias incrementen con la puesta en marcha de esta ordenanza.
“En las oficinas de la Aduana se debe llenar un formulario y la administración aduanera guardará la identidad del denunciante durante todo el proceso, lo que garantiza que no existirán represalia s contra los denunciantes”, dijo.
Las denuncias pueden ser presentadas ante las administraciones de la Aduana Nacional, ante el Control Operativo Aduanero (COA) o, en su caso, ante los Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas. Todas estas instancias derivarán el caso al COA, que hará un acta de intervención. Luego se procederá con el Ministerio Público a la distribución de lo decomisado.
No podrán ser favorecidos de la distribución, pese a ser denunciantes, los servidores públicos, funcionarios de empresas y entidades estatales donde se aprecie mayor participación del Estado, además de las Fuerzas Armadas y la Policía.
Además, la Aduana estipula tipos de mercadería prohibidas para la distribución, entre ellas la ropa usada, vehículos indocumentados, elementos indivisibles como maquinaria de cualquier tipo, mercancía no apta para el consumo humano e hidrocarburos.

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Casas de cambio en la mira desde junio

La Paz |
Las Casas de Cambio tienen plazo hasta fines de junio para concluir el proceso de adecuación a la norma vigente, caso contrario corren el riesgo de ser cerradas, recordó ayer la directora interina de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.
“Prácticamente todas las casas de cambio están en proceso de adecuación, lo que sí las casas de cambio que no hayan cumplido este proceso, cumplido el plazo van a tener que dejar de operar”, informó. En el marco de la implementación y ejecución de las políticas institucionales que desarrolla la ASFI, recordó la vigencia de la Resolución No. 672/2011 de 14 de septiembre de 2011, la cual norma el proceso de incorporación y adecuación de casas de cambio como Empresas de Servicios Auxiliares Financieros, así como su constitución, funcionamiento, disolución y clausura.
“(...) Los supervisores están haciendo una evaluación de la documentación y también se han realizado las pri meras fiscalizaciones in situ, es decir estamos haciendo visitas a las casas de cambio a efectos de verificar que cumplan las condiciones exigidas por nuestra normativa”, aseveró Valdivia.
La Directora de la ASFI, junto a la Viceministra de Defensa del Usuario y Consumidor realizaron la mañana de ayer visitas a diferentes entidades bancarias, en las cuales difundieron los derechos de los usuarios financieros, así como verificaron la Oficina de Defensa del Consumidor (ODEC), donde los clientes pueden realizar una queja.
Respecto al plazo de adecuación, Valdivia señaló que “conlleva un tiempo y estamos todavía dentro de ese tiempo”.
“En junio de este año nosotros deberíamos emitir las licencias y autorizaciones a las casas de cambio que estén preparadas para recibir su licencia”, aseveró.
Al ser consultada sobre la cuantificación, a nivel nacional, de las casas de cambio que se incorporarán al proceso de adecuación, sostuvo que “ en este momento todavía no”, tiene la cuantificación.
Sin em bargo, datos extraoficiales señalan que la ASFI tiene estimado que por lo menos 300 casas de cambio, deben incorporarse a la regulación para controlar y evitar el posible lavado de dinero en sus operaciones.
Antes de la norma, sus actividades no estaban sometidas a regulación.

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Europeos proponen a Evo invertir en 5 proyectos

París |
Empresarios europeos manifestaron ayer al presidente, Evo Morales, su interés de invertir en Bolivia en cinco proyectos relacionados con desarrollo geotérmico, instalación de un sistema de radares, transporte urbano, de carga y construcción del ferrocarril interoceánico.
Las propuestas fueron hechas durante la visita oficial de Morales a Francia, donde se reunió con empresarios franceses para abordar temas de inversión y con el presidente Francois Hollande para conversar sobre la relación bilateral.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que acompañó a Morales, declaró ayer a radio Patria Nueva que “‘los empresarios están manifestando una gran disposición a hacer grandes inversiones en Bolivia, y esto expresa no sólo conocimiento e interés, sino expresa el valor que adquirió el país, de que en Bolivia se combinan las mejores condiciones para llevar adelante grandes inversiones extranjeras bajo la fórmula boliviana: socios pero no patr ones, y de eso están conscientes los empresarios”.
Quintana dijo también que, en todos los casos, se invitó a las empresas a visitar Bolivia para reunirse con las autoridades específicas de las áreas en las que pretenden trabajar.
Explicó que se expresó el interés de ejecutar proyectos de desarrollo geotérmico en Sajama, Laguna Colorada y Roboré.
Empresas francesas plantearon también la oferta de instalación de un sistema de radares de control para el espacio aéreo boliviano. Una empresa mixta (estatal-privada) se comprometió a presentar la propuesta.
Así también se escuchó propuestas de empresas de transporte urbano y se convocó a que las empresas evalúen el sistema de transporte urbano de pasajeros en las rutas Quillacollo-Sacaba, Montero-Santa Cruz, y para que exploren la posibilidad de transportar carga entre Bulo Bulo y Santa Cruz, esto en relación a la industrialización de la urea y el amoniaco.
Por otra parte se abordaron dos grandes proyectos qu e están en marcha con la empresa Total, que es prestadora de servicio s en Bolivia, en exploración y explotación de gas, en Incahuasi, y en el proyecto de acero.
Al términar su visita, Morales destacó la tecnología francesa.

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“Vice”: Vamos a abaratar Internet, no controlarlo

La Paz |
El vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, negó ayer la existencia oficial de un decreto destinado al monopolio estatal de Internet y control de información a través de la red, y agregó que, contrariamente, lo que está en marcha es un proyecto para abaratar el precio del servicio de la red y mejorar el servicio.
Consultado por los periodistas sobre el decreto de control de Internet a través de la estatal Entel, García Linera respondió: “No existe oficialmente ningún decreto que apunta a la regulación, más bien estamos exigiendo, tanto a Entel como al resto de las empresas de telecomunicaciones, que hagan los esfuerzos posibles, en primer lugar para tener una conexión directa con el mar”, sostuvo.
El Vicepresidente se refirió a los nodos que se hallan tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico, para así dejar de alquilar el servicio de otros países y acceder directamente a fibra óptica. “Y eso, no cabe duda, va a reducir enorm emente las tarifas de Internet y va a ampliar el ancho banda”, dijo García Linera.
Según NetIndex.com, citada por la red Oxígeno, Bolivia cuenta con el servicio de Internet más lento de la región, con un promedio de 0,72 megabytes por segundo (Mbps). En el mundo, el promedio es de 10,13 Mbps.
Con relación al precio de mega por segundo, en Bolivia es de 59,5 dólares y en el resto de Sudamérica se tiene un promedio de 9,8.
El segundo mandatario reconoció que “no están contentos con el Internet”, por lo que pidió a las compañías telefónicas que hagan esfuerzos para mejorar el servicio y también comprometió la inversión estatal.
Según El Deber, la lentitud en el tráfico del servicio de Internet en Bolivia registrado este lunes, por más de seis horas, se debió a un corte en la fibra óptica de la Argentina, informó Entel.
El motivo de la interrupción fue una falla en un radiotransmisor de fibra óptica en el tramo Salta-Tucumán (Argentina), que es p arte de la red de Telecom. Según Erbol, el corte inició a las 10:27 y se restableció a las 17:00.
“En eso hay que invertir, son inversiones fuertes, pero no tengan la menor duda de que las vamos a hacer y que estamos trabajando hace más de un año en esa necesidad”, dijo García Linera.

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Feria Internacional del Turismo reúne a 14 países

Cuatrocientas empresas registradas, pertenecientes a 14 países, participarán de la XVII Feria Internacional del Turismo (FIT) que se llevará a cabo en esta ciudad desde mañana y hasta el próximo 16 de marzo.
El principal objetivo de la feria es promocionar el destino Bolivia, dijo ayer su director, Martín Cariaga, durante el lanzamiento oficial del evento, que estrenará el centro de convenciones del hotel Cochabamba.
La feria, que abrirá de 8:00 a 20:00, ofrecerá destinos, nuevos servicios, nuevos emprendimientos y paquetes turísticos. El ingreso es completamente gratuito.
En el lanzamiento estuvo presente el viceministro de Turismo, Marco Machicao, quien informó que entre hoy y mañana se llevará a cabo el Plantur, un encuentro nacional para delinear las políticas del sector turístico, enmarcadas en la Agenda del Bicentenario.
Durante la reunión se posesionará a los consejos sectoriales encargados del cumplimiento de los objetivos del Plantur, entre los que destac a el desarrollo del turismo comunitario y el desarrollo de capacidades técnicas.

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CAN adopta medidas para dinamizar el comercio y proteger sanidad agropecuaria

Siete nuevas normas comunitarias, dirigidas a facilitar y dinamizar el comercio y proteger la sanidad agropecuaria, fueron aprobadas ayer por los representantes titulares de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), reunidos en Lima.
Las normas fueron aprobadas en la 110 sesión ordinaria de la Comisión de Comercio de ese organismo, que estuvo encabezada por el viceministro de Comercio Exterior e Integración del Ecuador, Francisco Xavier Rivadeneira. Junto a él participaron de la cita los viceministros Pablo Guzmán, de Bolivia; Gabriel Duque, de Colombia; Carlos Posada Ugaz, de Perú; el secretario general interino de la CAN, Santiago Cembrano, y representantes del Tribunal Andino de Justicia y del Organismo Andino de Salud.
En el curso de la reunión, los titulares de Comercio aprobaron la Decisión 779, que declara la alerta fitosanitaria subregional por la enfermedad de los cítricos Huanglongbing, conocida también como “enverdecimiento de los cí tricos”.
La Secretaría General y el Comité Técnico Andino de Sanidad Agropecuaria tienen la misión de desarrollar e implementar, a la brevedad posible, un plan de contingencia comunitario que permita prepararse a los países miembros de manera integrada para reducir el riesgo de ingreso de esta enfermedad, considerada como la más catastrófica de los últimos años.
Por medio de la Decisión 785, se amplía el plazo para la reevaluación de los plaguicidas químicos de uso agrícola, lo que permitirá a los países miembros proseguir con el proceso que se había iniciado antes de la entrada en vigencia de una decisión modificatoria.
Esta ampliación de plazo, que vencía en junio de 2012, ahora culminará en junio de 2019, con lo que se espera que a partir de esa fecha todos los plaguicidas registrados estén enmarcados en la normativa comunitaria vigente.
Igualmente, mediante la Decisión 780, se establecieron las bases para el desarrollo de las estadísticas basadas en los registros de los países miembros. De esa manera se fijaron normas pa ra la creación y actualización de un sistema de registros único, vigente en los sistemas estadísticos nacionales.

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Rigen compensaciones por retrasos en aerolíneas

A partir de ayer rigen las compensaciones a los usuarios de líneas aéreas que sufran demoras por faltas atribuibles a las empresas y varían de acuerdo al tiempo de retraso, informó la viceministra de Defensa de Derechos del Consumidor y del Usuario, Sonia Brito.
La norma fue puesta en vigencia como parte de la semana por los derechos del consumidor, organizada por el despacho de Brito en conmemoración al Día Internacional de los Derechos del Consumidor, que se celebra cada 15 de marzo.
Desde La Paz, Brito informó además que rigen plenamente los descuentos para ancianos (40 por ciento en líneas estatales y 20 por ciento en otras aerolíneas), para discapacitados (30 por ciento) y para menores de 12 años (33 por ciento).
Brito explicó que la normativa, establecida en el Decreto Supremo 285 de septiembre de 2009, señala que por un retraso de más de dos horas el pasajero debe recibir un refrigerio y tiene derecho a una llamada gratuita; de dos a seis horas tiene derecho a una comida; por más de seis horas se le devolverá el 25 por ciento del costo del boleto además de las otras compensaciones y por más de 22 horas tendrá derecho a todas las compensaciones más alojamiento y transporte gratuito-
Si estos derechos se vulneran, el pasajero puede acudir a las Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) habilitadas en los aeropuertos.
Brito también dijo que junto al director de la Autoridad de Regulación y Control Social de Transportes y Telecomunicaciones (ATT), Clifford Paravicini, se presentó la cartilla educativa que irá en los asientos de los aviones, con los derechos y obligaciones de los usuarios, elaborada por la ATT, que fue presentada a pasajeros que se alistaban para partir anoche del aeropuerto de El Alto.
Además se promocionó la línea gratuita de protección al usuario 800-10-6000, habilitada para recibir quejas de los usuarios de aerolíneas.
La campaña continuará hoy con defensa de consumidores de agua y luz; mañana, con de rechos y deberes de consumidores de servicios financieros; el jueves, la campaña girará en torno a los servicios de gas y telecomunicaciones y el viernes se realizará una campaña integral e interinstitucional en las tres ciudades del eje troncal.
Brito explicó que, aunque las gobernaciones y municipios tienen competencias específicas sobre el tema, el Gobierno central busca visibilizar las áreas “más emblemáticas” en cuestión de reclamos y vulneración de derechos, ya que lo que se pretende es generar entre los usuarios y consumidores una cultura del reclamo.

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España pide a la UE medidas para proteger empresas de expropiaciones

Bruselas |
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recordó ayer a la Unión Europea (UE) su obligación de proteger “con medidas concretas” a las empresas nacionales en aquellos países en los que ha habido expropiaciones no compensadas, como en Bolivia.
El objetivo de esas acciones, según García-Margallo, debe ser “disuadir a los países que quieran incumplir los principios básicos que rigen las relaciones comerciales o las relaciones de inversión” de seguir por esa senda.
El Ministro se refirió al asunto antes de reunirse con el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, a quien ya ha remitido una carta con ese mensaje.
García-Margallo recordó que el Tratado de Lisboa “obliga a las instituciones de la Unión a proteger a todas las empresas europeas”, y que “esa protección debe plasmarse en medidas concretas”. Entre ellas, explicó, figura la creación de una lista de los países que incu mplan las reglas mínimas de inversión o de comercio, un análisis por países, plantear los problemas existentes ante los foros internacionales y señalar el listado de acciones que la UE puede adoptar para proteger a sus empresas.
Según el Ministro, el último caso de expropiación, de la administradora de aeropuertos Sabsa en Bolivia, no ha sido planteado por ahora a Bruselas, pero confió en que haya un “análisis” y “soluciones” de “carácter general”, dado que las empresas españolas no han sido las únicas afectadas por las medidas del Gobierno de Evo Morales.
García-Margallo aseguró que España ha recibido siempre el apoyo de las autoridades europeas y recordó el respaldo de la UE en el caso de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF.
“No hemos sentido nunca estar solos en este tema”, aseguró el ministro español.
El Gobierno de Bolivia ejecutó al menos tres nacionalizaciones de filiales de empresas españolas de sde mayo del año pasado.

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Brasil y Argentina pagan tres veces más por el gas

Entre 2006 y 2012 (gestión del presidente Evo Morales), los precios del gas subieron significativamente. Brasil pagó en ese periodo tres veces más el costo de la gestión 2002-2005, mientras que para el caso de Argentina, los precios subieron incluso en 3,5 más.
Las comparaciones corresponden a la Fundación Milenio, que en su último informe, concluye que la gestión de Morales gozó de un periodo de bonanza negado a los gobiernos anteriores, aunque aclara que, más que a méritos del Gobierno, se debe “al contexto internacional altamente favorable”.
El informe recuerda que en el gobierno de Hernán Siles “el precio de exportación a Argentina fue en promedio 4,24 dólares por millón de BTU (unidad térmica británica)”.
En el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada “se registraron los precios más bajos, precisamente cuando se ejecutaban las reformas en el sector petrolero”, señala Milenio. Fue la etapa de la capitalización de empresas e statales.
Posteriormente, al 1997, los precios “tendieron a recuperar”, pero “de lejos las cotizaciones más altas se registraron en el Gobierno de Morales”.
“En promedio entre 2005 y 2012, los precios fueron superiores en 6 dólares por millón de BTU y llegaron a niveles récord en la economía boliviana en gran medida gracias a las elevadas cotizaciones internacionales del petróleo”.
Desde hace siete años, 2006  hasta 2012, “los precios subieron significativamente”, afirma la Fundación al mencionar que en “el precio promedio que pagó Brasil se multiplicó por tres veces, respecto a 2002-2005”.
En cuanto al valor de exportación a la Argentina, éste se incrementó en 3,5 veces en relación con el  periodo 2002-2005.
La tendencia alcista de los precios “se vio reflejada en los valores de exportación, fundamentalmente desde 2005/2006”, agrega al señalar que, en el 2005, se facturaron 1.086 millones de dólares, en tanto que en el 2012, subieron a 5.428 millones.

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Feria resalta potencial de crédito de Cochabamba

Autoridades y personalidades del ámbito financiero destacaron anoche el potencial crediticio del departamento, en ocasión de la inauguración de la I Feria del Crédito que se realiza en el campo ferial de Alalay y que se extenderá hasta este domingo.
A nivel nacional, Cochabamba ocupa el tercer lugar en la colocación de créditos con 18 millones de dólares de cartera, monto del cual el 25 por ciento está destinado al sector productivo departamental, destacó la directora de la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia.
Cochabamba participa con el 18 por ciento de todos los movimientos crediticios en el país, sólo detrás de Santa Cruz, con el 18 por ciento, y de La Paz, 27 por ciento, agregó Valdivia.
“La ASFI ha emitido normativas para incentivar el crédito a los sectores excluidos de la población y el sector productivo. El objeto es que disminuya la brecha entre las entidades financieras y la población. Vemos con mucha satisfacción que esto se está cumpliendo”, añadió.
El presidente de la Asociación de Bancos Privados (Asoban-Cochabamba), Heber Rico Urquieta, comentó que el movimiento económico en el departamento respecto a la solicitud de créditos es muy favorable, pues Cochabamba es la tercera ciudad del país en términos de captaciones y colocaciones. “Queremos llegar a más sectores”, dijo.
Rico explicó que el 80 por ciento de los préstamos en el departamento se realiza en bolivianos, pues la moneda nacional es cada vez más apreciada. “Tenemos mucha expectativa en el movimiento crediticio departamental, es un momento muy favorable para que empresas, productores agrícola, pequeñas y medianas industrias, accedan a un crédito y pueden mejorar su producción y venta”, dijo.

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YPFB adjudica exploración en Cedro y Huacareta

El pasado 28 de febrero se firmaron los contratos de exploración para las áreas Huacareta (ubicada entre Chuquisaca y Tarija) y Cedro (en Santa Cruz) entre los equipos de negociación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de las empresas BG Bolivia Corporation (Sucursal Bolivia) y Petrobras Bolivia S.A., señala un reporte de la estatal petrolera.
“Los contratos rubricados contienen los términos y condiciones negociados en las últimas semanas, mismos que posteriormente serán puestos a consideración de las instancias correspondientes a fin de obtener las autorizaciones y aprobaciones que correspondan en el marco de la normativa legal aplicable”, menciona un informe de la Dirección de Negociación y Gestión de Contratos de YPFB Corporación.
El siguiente paso a seguir es la aprobación de los contratos  en el Directorio de YPFB.
Los contratos fueron rubricados, por separado, por el equipo negociador de YPFB, encabezado por el director de Negoc iación y Gestión de Contratos, Óscar Claros, y el gerente de Exploración de Petrobras, Germán Fernández. Para el caso de la empresa BG Bolivia, la rúbrica la realizó el mismo equipo negociador de YPFB junto a su par de BG Bolivia, encabezado por Marcelo Antelo, gerente Comercial de esa compañía.
El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB Corporación, Luis Alberto Sánchez, firmó el 27 de diciembre de 2012 la resolución administrativa que adjudica las áreas exploratorias Cedro y Huacareta a Petrobras Bolivia S.A. y BG Bolivia, respectivamente.
El Área Cedro, una extensión de casi 100 hectáreas, se halla en el departamento de Santa Cruz, en lo que se denomina Área Tradicional por la cercanía a campos productores y las facilidades de infraestructura hidrocarburífera. Para la adjudicación de esta área, Petrobras Bolivia S.A. obtuvo 90 puntos.
Huacareta tiene 453 mil hectáreas, es considerada área No Tradicional y se encuentra relativamente cer ca de los principales centros hidrocarburíferos del sur del país.
La empresa BG Bolivia se adjudicó esta área al lograr 83,8 puntos.

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Empresas españolas se adjudican el proyecto GNL por $us 137 millones

La Paz |
El gasoducto virtual para llevar gas natural a 25 poblaciones intermedias y fronterizas costará 137,07 millones de dólares, 1.383 dólares menos que el precio referencial que fijó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Con ese valor, fue adjudicado el proyecto a la unión temporal de empresas españolas Sener Ingeniería y Sistemas SA-Ros Roca Indox Cryo Energy SRL, según la resolución administrativa PRS 051, suscrita por el presidente de YPFB, Carlos Villegas.
Desde el año pasado, YPFB intentaba adjudicar este proyecto que abarca desde el diseño hasta el montaje de plantas de licuefacción y regasificación hasta la provisión de cisternas.
Las dos licitaciones anteriores fueron declaradas desiertas debido a que las empresas participantes no cumplían las condiciones mínimas establecidas en documento base de contratación.
En el tercer intento, dos empresas fueron habilitadas, la ganadora y la unión temporal de empresas Cobra-Tecna, integrada por Cobra Instalaciones y Servicios SA, Tecna estudios y Proyectos de Ingeniería SA, y Tecna Bolivia SA, que en la calificación fue inhabilitada porque sólo alcanzó 495,62 puntos, cuando debería lograr al menos 600.
Después de abrirse el sobre B, con la oferta económica, el grupo ganador logró una calificación de 895,62 puntos sobre 1.000, detalla la resolución.
La asociación transitoria de empresas españolas se adjudicó el proyecto “en virtud a que su propuesta técnica cumple a cabalidad los requerimientos establecidos”, afirma la resolución.
El documento que lleva la firma de Villegas, en su calidad de autoridad responsable del proceso de contratación (ARPC), fue recibido a las 17:30 del jueves 28 de febrero, por la empresa Ros Roca Indox Cryo Energy SRL.
El gasoducto virtual incluye la construcción de la planta de licuefacción en Río Grande, 25 plantas de regasificación, cisternas para trasladar GNL y el tendido de redes para 147.096 conexiones domici liarias.

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Trabajadores piden que Aasana supla a Sabsa

La Federación de Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) pide a las autoridades de Gobierno reconstituir esa empresa aérea del Estado como era antes de la capitalización, lo que significa la desaparición de la empresa de Servicios de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa) y que los 350 trabajadores con la que se creó vuelvan a Aasana. Advierten con movilizaciones.
El fiscalizador nacional de los trabajadores de Aasana, Edgar Quiroga, en contacto con el periódico digital Oxígeno, en la sede de gobierno, dijo que no se puede admitir que dos empresas manejen el mismo rubro de servicios aeronáuticos, por tanto debe ser una sola como era antes de la capitalización que realizó el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al concluir su primer mandato, alrededor del año 1997.
“(Con la nacionalización) al romperse el contrato de concesión, por el decreto que emitió Gonzalo Sánchez de Lozada, los aeropue rtos deben volver bajo la tutela o responsabilidad y la administración de Aasana, eso es lo que pedimos”, declaró.
Según Quiroga, Sabsa fue creada el tres de febrero de 1997 bajo la razón social de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa) con 26.050 bolivianos, “98 por ciento de esas acciones, que cada una correspondía a 10 bolivianos, queda para la empresa Abertis concesionaria de aeropuertos”.
En su criterio, dicha concesión fue hecha infringiendo las leyes del Estado boliviano e inclusive el Código de Comercio, pues Sánchez de Lozada al ver que, por convenios internacionales, no podía ceder a la empresa privada en alquiler, concesión o capitalización el espacio aéreo nacional, por seguridad de Estado, entonces opta por la concesión de las terminales aéreas de los aeropuertos del eje troncal —Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
“Se trata de las terminales aeroportuarias, que son los espacios donde están los pasajeros y donde se cob ran los alquileres de los ambientes de la terminal aeroportuaria&rdqu o;, dijo.
La Federación sindical también pide que los trabajadores de Sabsa vuelvan a ser parte de Aasana. “Cuando se hace la concesión, el primero de marzo de 1997, 359 trabajadores de Aasana pasan a Sabsa y de acuerdo al decreto cuando se iba a concluir con ese contrato (eso pasó con la nacionalización), así está escrito, esos trabajadores tienen que volver al seno de Aasana, pero no se está dando eso porque el Gobierno tiene otra mirada”, sostuvo el dirigente sindical.
Hasta antes de la creación de Sabsa en Aasana los trabajadores alcanzaban a 1.430, pero después 359 se fueron a la nueva empresa y se quedaron un poco más de 1.000 empleados, en la institución. En la actualidad son 870 y un poco más de 100 consultores y eventuales. Ahora la dirigencia quiere plantear estas peticiones y explicaciones al ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.

Empleados anuncian medidas de presión
El pasado miércoles los trabajadores de Aasana tenían la esper anza de reunirse con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Vladimir Sánchez, pero eso no ocurrió. En lugar del mandatario, se delegó para el encuentro al Viceministro de Transporte, lo que provocó malestar entre los sindicalistas porque el funcionario de Gobierno no fue al encuentro con las potestades necesarias como para tomar decisiones.
Por este motivo, los funcionarios de la empresa nuevamente insisten con tener una reunión con el ministro Sánchez, durante los próximos días, para evitar que esta situación de indefinición se alargue y enviaron una carta con aquella petición. Informaron que esperan tener una respuesta hasta la próxima semana antes de tomar medidas de hecho, cuya organización se maneja en reserva, para evitar que el Gobierno pueda asumir acciones que les impidan protestar por este tema.
“Nosotros tenemos algunas medidas ya previstas. (...) Qué pasaría si Aasana dice no prestar los servicios como una forma de protesta, vamos a ver si va a volar un avión. No le estoy diciendo que vamos a parar, lo que le est oy diciendo es que si Aasana para, ¿podrán operar?”, concluyó.
El presidente Evo Morales nacionalizó Sabsa, filial de las españolas Aena y Abertis, el 18 de febrero porque  no invirtió lo comprometido. Además se anunció una inversión de 56 millones de dólares y el congelamiento de cuentas de la nacionalizada.

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