Con dificultades de carácter legal, necesidad de inversiones y demandas de arbitraje internacional la política de nacionalización o estatización de empresas estratégicas que en el pasado fueron del Estado, “avanza a tropezones”, según coincidieron varios analistas económicos.
La nacionalización avanza en el control de los sectores de servicios y producción estratégica para lograr que la economía tenga al Estado como el principal actor de la producción, “pero se nacionaliza negociando, comprando, pagando por los activos “nacionalizados”, sostiene el analista económico Alfredo Seoane.
Agrega que los litigios internacionales que enfrenta el Estado boliviano tendrán un costo, no solamente por la probabilidad de que las empresas ganen y el Gobierno pague una millonaria indemnización, sino también porque convertirá al país en un lugar inseguro para la inversión extranjera.
Para el analista económico Napoleón Pacheco, la nacionalización es ante todo política y “avanza con tropiezos” legales, económicos y sin razones técnicas que justifiquen la expropiación de las mismas “porque en el caso de las generadoras, nadie demostró falta de inversiones, disminución de producción o fraude de impuestos”.
En su criterio, las señales que el Gobierno boliviano está emitiendo en materia de inversión extranjera directa “son malas”
“El Estado tiene contradicciones internas y razones eminentemente políticas para recuperar empresas y no creo que puedan llegar al país nuevas inversiones para generar capacidad productiva”, indica.
Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señala que los procesos de nacionalización, estatización o expropiación, que impulsa el Gobierno desde hace cuatro años, deben realizarse previa indemnización justa y en plazos estipulados.
Para el presidente de los empresarios de La Paz, Enrique García, la estatización de emp resas está desalentando inversiones en materia empresarial, energétic a y de hidrocarburos.
“Nos preocupa las inversiones que puedan haber en el país porque estas señales que el Gobierno está dando son prueba de que más adelante cualquier intensión productiva se la puede estatizar o expropiar”, dice.
García indica que algunas de las generadoras nacionalizadas la anterior semana podrían iniciar procesos de arbitraje internacional para exigir una indemnización justa.
En su criterio “el Gobierno debe garantizar las inversiones necesarias y asegurar que las empresas nacionalizadas sean conducidas por profesionales adecuadamente capacitados”.
Los analistas Pacheco y Seoani, los empresarios privados y el presidente de la Coordinadora del Agua, Óscar Olivera, coinciden en señalar que la política de nacionalización debe desterrar todo indicio de politización, desprofesionalización, “peguismo” y corrupción, que en el pasado sentaron en funesto precedente de que “el Estado es mal administrador&rdquo ; y asegurar que las mismas sean conducidas por profesionales idóneos.
“La capacidad de gestión debe expresarse en ganancias, generación de riqueza y reinversión de las mismas en el crecimiento de las empresas para demostrar que el Estado puede ser buen administrador”, agrega Olivera.
Empresas nacionalizadas
En los últimos cuatro años, el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma nacionalizó y estatizó alrededor de 13 empresas, consideradas estratégicas.
El 1 de mayo de 2006, comenzó la política nacional de reversión al Estado de empresas estratégicas con la transferencia a YPFB de cinco compañías petroleras que tenían socios extranjeros: Andina, Chaco, Petrobras Refinación (ahora YPFB Refinación), Transredes (ahora YPFB Transportes) y la compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).
En febrero de 2007, expropió la empresa Metalúrgica Vinto a la empresa suiza Glencore con la falta de acordar un monto de indemnización. En mayo de ese mismo año recuperó Entel.
En mayo de 2009, Morales nacionalizó la distri buidora de combustible aéreo Air-BP de la británica British Petroleum.
El 1 de mayo de 2010, intervino las generadoras de energía eléctrica Guaracachi, en Santa Cruz, Corani, de Valle Hermoso y la distribuidora de electricidad Elfec, en Cochabamba; además de la Planta Fundidora de Antimonio, administrada por la multinacional suiza Glencore.
La nacionalización avanza en el control de los sectores de servicios y producción estratégica para lograr que la economía tenga al Estado como el principal actor de la producción, “pero se nacionaliza negociando, comprando, pagando por los activos “nacionalizados”, sostiene el analista económico Alfredo Seoane.
Agrega que los litigios internacionales que enfrenta el Estado boliviano tendrán un costo, no solamente por la probabilidad de que las empresas ganen y el Gobierno pague una millonaria indemnización, sino también porque convertirá al país en un lugar inseguro para la inversión extranjera.
Para el analista económico Napoleón Pacheco, la nacionalización es ante todo política y “avanza con tropiezos” legales, económicos y sin razones técnicas que justifiquen la expropiación de las mismas “porque en el caso de las generadoras, nadie demostró falta de inversiones, disminución de producción o fraude de impuestos”.
En su criterio, las señales que el Gobierno boliviano está emitiendo en materia de inversión extranjera directa “son malas”
“El Estado tiene contradicciones internas y razones eminentemente políticas para recuperar empresas y no creo que puedan llegar al país nuevas inversiones para generar capacidad productiva”, indica.
Por su parte, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) señala que los procesos de nacionalización, estatización o expropiación, que impulsa el Gobierno desde hace cuatro años, deben realizarse previa indemnización justa y en plazos estipulados.
Para el presidente de los empresarios de La Paz, Enrique García, la estatización de emp resas está desalentando inversiones en materia empresarial, energétic a y de hidrocarburos.
“Nos preocupa las inversiones que puedan haber en el país porque estas señales que el Gobierno está dando son prueba de que más adelante cualquier intensión productiva se la puede estatizar o expropiar”, dice.
García indica que algunas de las generadoras nacionalizadas la anterior semana podrían iniciar procesos de arbitraje internacional para exigir una indemnización justa.
En su criterio “el Gobierno debe garantizar las inversiones necesarias y asegurar que las empresas nacionalizadas sean conducidas por profesionales adecuadamente capacitados”.
Los analistas Pacheco y Seoani, los empresarios privados y el presidente de la Coordinadora del Agua, Óscar Olivera, coinciden en señalar que la política de nacionalización debe desterrar todo indicio de politización, desprofesionalización, “peguismo” y corrupción, que en el pasado sentaron en funesto precedente de que “el Estado es mal administrador&rdquo ; y asegurar que las mismas sean conducidas por profesionales idóneos.
“La capacidad de gestión debe expresarse en ganancias, generación de riqueza y reinversión de las mismas en el crecimiento de las empresas para demostrar que el Estado puede ser buen administrador”, agrega Olivera.
Empresas nacionalizadas
En los últimos cuatro años, el Gobierno del presidente Evo Morales Ayma nacionalizó y estatizó alrededor de 13 empresas, consideradas estratégicas.
El 1 de mayo de 2006, comenzó la política nacional de reversión al Estado de empresas estratégicas con la transferencia a YPFB de cinco compañías petroleras que tenían socios extranjeros: Andina, Chaco, Petrobras Refinación (ahora YPFB Refinación), Transredes (ahora YPFB Transportes) y la compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia (CLHB).
En febrero de 2007, expropió la empresa Metalúrgica Vinto a la empresa suiza Glencore con la falta de acordar un monto de indemnización. En mayo de ese mismo año recuperó Entel.
En mayo de 2009, Morales nacionalizó la distri buidora de combustible aéreo Air-BP de la británica British Petroleum.
El 1 de mayo de 2010, intervino las generadoras de energía eléctrica Guaracachi, en Santa Cruz, Corani, de Valle Hermoso y la distribuidora de electricidad Elfec, en Cochabamba; además de la Planta Fundidora de Antimonio, administrada por la multinacional suiza Glencore.
