Panificadores y Gobierno no logran acuerdo

Tras siete horas y media de negociaciones, se rompió el diálogo entre representantes de los afiliados a la Federación de Panificadores de Cochabamba (Fedepaco) y el viceministro de la Pequeña y Mediana Empresa, Martín Basurco.
El Gobierno dijo que no puede atender el pedido de incrementar a cuatro quintales de harina por panificador y éstos decidieron mantener el paro por segundo día.
Mientras los panificadores exigen que el Gobierno les entregue 18 mil quintales mensuales de harina subvencionada, el Gobierno ofrece 15.800.
Acompañado de dirigentes de varios sindicatos locales y poco antes de abandonar las instalaciones de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), lugar donde se instalaron las negociaciones, el presidente de la Fedepaco, Freddy Cuentas, informó que las negociaciones fracasaron “por la intransigencia” del viceministro de la Mediana y Pequeña Empresa, Martín Basurco, quien no quiso atender la problemática de los panificadore s de Cochabamba, que requieren alrededor de 18 mil quintales de harina de Emapa para mantener congelado el precio del pan de batalla en 0,50 bolivianos la unidad de 65 gramos.
Por su parte, Basurco también dijo que lamentaba “la intransigencia” de los panificadores que rechazaron la propuesta gubernamental de un cupo mensual de 15 mil hasta 15.800 quintales, destinados a un grupo de 250 panificadores afiliados a la Fedepaco, cuando en todo el departamento trabajan alrededor de 1.000 panificadores independientes.
Según el dirigente Cuentas, “las negociaciones retornaron a punto cero, y la actitud del Viceministro y las autoridades de Emapa nos están empujando a cumplir las 72 horas de paro y la no elaboración del pan de batalla para los hogares cochabambinos”.
Advirtió que el próximo miércoles la Fedepaco se reunirá en ampliado departamental de emergencia, “ya no para tratar el cupo de harina subvencionada; sino para establecer un nuevo precio del pan de batalla”, que, según varios panaderos de base , costaría 0,80 bolivianos la unidad, considerando que la harina argentina, que es con la que trabajan, cuesta 245 bolivianos.
A tiempo de reiterar su predisposición a retomar el diálogo, “siempre y cuando las autoridades de Gobierno reflexionen sobre su actitud”, Cuentas explicó que inicialmente la demanda del sector bordeaba los 30 mil quintales por mes para garantizar el precio del pan de batalla; pero que atendiendo las dificultades manifestadas por  Emapa bajaron su requerimiento hasta 18 mil quintales.
Ante el fracaso del diálogo, Basurco invitó a los panificadores independientes a trabajar con harina de Emapa, advirtiendo además con iniciar “mañana mismo (por hoy) acciones penales contra personas particulares o afiliados a Fedepaco que impidan la elaboración y venta libre de pan de batalla”.
Ante esa advertencia, Cuentas señaló que el ampliado departamental del próximo miércoles determinará la mejor medida.
Por su parte, el vicepresi dente de la Confederación de Panificadores, Juan Lisboa Gutiérrez, advirtió ayer que la actitud del viceministro Basurco podría precipitar el conflicto.
Dijo que puesto que Basurco “no entiende la problemática del sector”, podría hacer que el paro de 72 horas de Cochabamba se convierta en un paro nacional, con la incorporación de las federaciones departamentales de La Paz, Sucre y Oruro.

READ MORE - Panificadores y Gobierno no logran acuerdo

Aduana procesa primeras 5 denuncias de contrabando que tendrán recompensa

La Paz |
La Aduana Nacional de Bolivia (ANB) recibió las primeras cinco denuncias de parte de informantes anónimos, dando cuenta de establecimientos donde se guardaba mercadería ilícita. Miembros del Comando Operativo Aduanero (COA) están a cargo de procesar las denuncias y de la incautación de la mercancía, informó ayer la presidenta de la ANB, Marlene Ardaya.
Señaló que las denuncias se hicieron a través de la línea gratuita 800-10-6262, donde los denunciantes acreditaron la presencia efectiva de mercancías. Dieron su identidad bajo compromiso de confidencialidad y será mantenida en reserva hasta que el procedimiento concluya.
Tras las llamadas, en la ciudad de Santa Cruz se identificaron tres depósitos de mercadería de contrabando y en la ciudad de La Paz dos lugares donde se halló también mercadería ilícita.
“Se establece un documento único, que se refiere a estos datos, donde incluso se puede decir quiénes son los denunciados y los datos e instrumento u tilizado, puede ser un motorizado o un inmueble, así como el croquis referencial, para que Inteligencia (de la ANB), pueda ir con direcciones certeras”, explicó la presidenta de la ANB.
Una vez que se da inicio al proceso de labores de Inteligencia, el COA debe consignar el inicio del proceso, es decir que a través de la vigilancia se confirma la denuncia.
En la Resolución N° RD 01-004-13, en su Disposición Sexta, se establece la reserva de la identidad de los denunciantes, al señalar que “la Administración Aduanera, de acuerdo a los antecedentes de la denuncia, guardará la reserva en la identidad de los denunciantes, la misma que podrá ser levantada cuando la misma fue falsa o temeraria”.
Para la Presidenta de la ANB, las denuncias son hechos que involucran a toda la sociedad en su conjunto y, por ello, tanto los gremiales como los pequeños comerciantes deben estar seguro que la Resolución de esta entidad no vulnera los derechos constitucionales d e las personas, por lo que se “tomó muchas acciones para no cae r en la inconstitucionalidad”

READ MORE - Aduana procesa primeras 5 denuncias de contrabando que tendrán recompensa

España pide a la UE medidas para proteger empresas de expropiaciones

Bruselas |
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, recordó ayer a la Unión Europea (UE) su obligación de proteger “con medidas concretas” a las empresas nacionales en aquellos países en los que ha habido expropiaciones no compensadas, como en Bolivia.
El objetivo de esas acciones, según García-Margallo, debe ser “disuadir a los países que quieran incumplir los principios básicos que rigen las relaciones comerciales o las relaciones de inversión” de seguir por esa senda.
El Ministro se refirió al asunto antes de reunirse con el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, a quien ya ha remitido una carta con ese mensaje.
García-Margallo recordó que el Tratado de Lisboa “obliga a las instituciones de la Unión a proteger a todas las empresas europeas”, y que “esa protección debe plasmarse en medidas concretas”. Entre ellas, explicó, figura la creación de una lista de los países que incu mplan las reglas mínimas de inversión o de comercio, un análisis por países, plantear los problemas existentes ante los foros internacionales y señalar el listado de acciones que la UE puede adoptar para proteger a sus empresas.
Según el Ministro, el último caso de expropiación, de la administradora de aeropuertos Sabsa en Bolivia, no ha sido planteado por ahora a Bruselas, pero confió en que haya un “análisis” y “soluciones” de “carácter general”, dado que las empresas españolas no han sido las únicas afectadas por las medidas del Gobierno de Evo Morales.
García-Margallo aseguró que España ha recibido siempre el apoyo de las autoridades europeas y recordó el respaldo de la UE en el caso de la expropiación de las acciones de Repsol en YPF.
“No hemos sentido nunca estar solos en este tema”, aseguró el ministro español.
El Gobierno de Bolivia ejecutó al menos tres nacionalizaciones de filiales de empresas españolas de sde mayo del año pasado.

READ MORE - España pide a la UE medidas para proteger empresas de expropiaciones

Trabajadores piden que Aasana supla a Sabsa

La Federación de Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) pide a las autoridades de Gobierno reconstituir esa empresa aérea del Estado como era antes de la capitalización, lo que significa la desaparición de la empresa de Servicios de Aeropuertos de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa) y que los 350 trabajadores con la que se creó vuelvan a Aasana. Advierten con movilizaciones.
El fiscalizador nacional de los trabajadores de Aasana, Edgar Quiroga, en contacto con el periódico digital Oxígeno, en la sede de gobierno, dijo que no se puede admitir que dos empresas manejen el mismo rubro de servicios aeronáuticos, por tanto debe ser una sola como era antes de la capitalización que realizó el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, al concluir su primer mandato, alrededor del año 1997.
“(Con la nacionalización) al romperse el contrato de concesión, por el decreto que emitió Gonzalo Sánchez de Lozada, los aeropue rtos deben volver bajo la tutela o responsabilidad y la administración de Aasana, eso es lo que pedimos”, declaró.
Según Quiroga, Sabsa fue creada el tres de febrero de 1997 bajo la razón social de Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa) con 26.050 bolivianos, “98 por ciento de esas acciones, que cada una correspondía a 10 bolivianos, queda para la empresa Abertis concesionaria de aeropuertos”.
En su criterio, dicha concesión fue hecha infringiendo las leyes del Estado boliviano e inclusive el Código de Comercio, pues Sánchez de Lozada al ver que, por convenios internacionales, no podía ceder a la empresa privada en alquiler, concesión o capitalización el espacio aéreo nacional, por seguridad de Estado, entonces opta por la concesión de las terminales aéreas de los aeropuertos del eje troncal —Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.
“Se trata de las terminales aeroportuarias, que son los espacios donde están los pasajeros y donde se cob ran los alquileres de los ambientes de la terminal aeroportuaria&rdqu o;, dijo.
La Federación sindical también pide que los trabajadores de Sabsa vuelvan a ser parte de Aasana. “Cuando se hace la concesión, el primero de marzo de 1997, 359 trabajadores de Aasana pasan a Sabsa y de acuerdo al decreto cuando se iba a concluir con ese contrato (eso pasó con la nacionalización), así está escrito, esos trabajadores tienen que volver al seno de Aasana, pero no se está dando eso porque el Gobierno tiene otra mirada”, sostuvo el dirigente sindical.
Hasta antes de la creación de Sabsa en Aasana los trabajadores alcanzaban a 1.430, pero después 359 se fueron a la nueva empresa y se quedaron un poco más de 1.000 empleados, en la institución. En la actualidad son 870 y un poco más de 100 consultores y eventuales. Ahora la dirigencia quiere plantear estas peticiones y explicaciones al ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez.

Empleados anuncian medidas de presión
El pasado miércoles los trabajadores de Aasana tenían la esper anza de reunirse con el ministro de Obras Públicas y Transportes, Vladimir Sánchez, pero eso no ocurrió. En lugar del mandatario, se delegó para el encuentro al Viceministro de Transporte, lo que provocó malestar entre los sindicalistas porque el funcionario de Gobierno no fue al encuentro con las potestades necesarias como para tomar decisiones.
Por este motivo, los funcionarios de la empresa nuevamente insisten con tener una reunión con el ministro Sánchez, durante los próximos días, para evitar que esta situación de indefinición se alargue y enviaron una carta con aquella petición. Informaron que esperan tener una respuesta hasta la próxima semana antes de tomar medidas de hecho, cuya organización se maneja en reserva, para evitar que el Gobierno pueda asumir acciones que les impidan protestar por este tema.
“Nosotros tenemos algunas medidas ya previstas. (...) Qué pasaría si Aasana dice no prestar los servicios como una forma de protesta, vamos a ver si va a volar un avión. No le estoy diciendo que vamos a parar, lo que le est oy diciendo es que si Aasana para, ¿podrán operar?”, concluyó.
El presidente Evo Morales nacionalizó Sabsa, filial de las españolas Aena y Abertis, el 18 de febrero porque  no invirtió lo comprometido. Además se anunció una inversión de 56 millones de dólares y el congelamiento de cuentas de la nacionalizada.

READ MORE - Trabajadores piden que Aasana supla a Sabsa

Gobierno toma control absoluto de aeropuertos

Santa Cruz |
El Gobierno asumió ayer el control absoluto de los principales aeropuertos del país. A partir de las 9:15, la Junta de Accionistas (sin la participación de los tres minoritarios) decidió designar un nuevo directorio que es encabezado por Milton Claros (también funge como gerente general) y apoyado por Henry López (vicepresidente) y Leopoldo Molina (secretario).
Tras 11 días de intervención, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, informó oficialmente que el 99,9 por ciento de las acciones corresponden al Estado y 0,1 por ciento a los accionistas minoritarios, entre ellos Anthony Alicastro, exgerente general de Servicios Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa).
Alicastro ganaba 123.000 bolivianos al mes; los gerentes, 40.000 y los jefes de área 28.000. Ahora, los sueldos ahora serán de 12.000 bolivianos hacia abajo.
Sánchez denunció que Sabsa tenía la obligación de invertir 27 millones de dólares hasta 2012 y más de 56 millones hasta 2022, pero sólo desembolsó 6 millones.
En el acto se descartó que los trabajadores de Aasana y de Sabsa tomen control. Dijo que ellos serán parte del control social.
El dirigente de Sabsa, Alfredo Chávez, dijo que iniciarán un nuevo proceso legal contra los exejecutivos por no pagar beneficios sociales y aportes a las AFP. En Aasana insisten en buscar el control de los tres aeropuertos.
Mejoramiento

Sánchez declaró que el Gobierno invertirá 260 millones de dólares para equipar y modernizar los aeropuertos. ‘Ya tenemos un plan de inversiones (...) hasta el momento tenemos 145 millones de dólares invertidos en la construcción de los aeropuertos internacionales como el de Oruro que ya se entregó, el del salar de Uyuni, el de Sucre”, dijo.
Una de las primeras acciones de Sabsa nacionalizada será iniciar contacto con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) para incluir las tasas de aeropuertos en los boletos con el objetivo de evitar las filas.
T ambién se habilitará la parte superior del aeropuerto de Cochabamba p ara atender mejor los vuelos. En el caso del aeropuerto de El Alto se piensa efectuar el recapamiento de la pista.
Para la terminal de Viru Viru se creará mejores condiciones para el flujo de pasajeros. Sánchez ratificó la construcción de un nuevo aeropuerto en Cobija.

READ MORE - Gobierno toma control absoluto de aeropuertos

Evo dice que advirtió a Zapatero hace tres años

El presidente Evo Morales reveló ayer que hace tres años comunicó al entonces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, su intención de nacionalizar los tres aeropuertos principales de Bolivia, pero, según Morales, Zapatero pidió tiempo para convencer y persuadir a las empresas Abertis y Aena para que invirtieran más.
Así lo manifestó Morales en una conferencia de prensa celebrada en la Sala de Conferencias de Sipopo, en las afueras de Malabo (Guinea, África), días después de promulgar un decreto nacionalizando las acciones que Abertis y Aena poseían en la empresa de Servicios Aeroportuarios de Bolivia Sociedad Anónima (Sabsa).
Morales, que asiste en Malabo a la tercera cumbre de países de África y América del Sur (ASA), acusó a las empresas españolas Abertis y Aena de haber estado cosechando “plata y plata” y no haber invertido.
El presidente boliviano, según informa desde la ciudad africana la agencia Efe, recordó que según consta e n el Ministerio de Transportes dichas empresas no han hecho ninguna inversión desde 1997 hasta 2005, “pero sólo cosecharon plata y plata”.
Indicó que los aeropuertos fueron privatizados en 1997 “so pretexto del mal llamado capitalización”, pues desde “1997 a 2005, cero inversión. Si se dice capitalizar hay que invertir y mejorar el aeropuerto, pero en el registro del Ministerio de Transportes, no hay inversión”.
Dijo que de los 16 millones de dólares que se prometieron invertir hasta 2005, sólo se invirtieron 5 en mantenimiento, pero “invertir en mantenimiento no significa inversión”.
Agregó que el gerente ganaba 18 mil dólares mensuales, “lo que yo gano en nueve meses”.
Al señalar que “algunas empresas sólo se adueñan de las otras para ganar plata sin invertir nada”, Morales recordó que también hay buenas empresas en España, como Repsol.
Repsol “ya no son dueños de nuestros recursos naturales, sino socios y prestadores de servicios y están trabajando sin muchos problemas”, apuntó.
Agregó que España se equivoca al defender a Abertis y Aena, pero “igual, Bolivia seguirá manteniendo buenas relaciones con España y todo el mundo”.

READ MORE - Evo dice que advirtió a Zapatero hace tres años

Afectados por corte de luz pueden pedir desagravio

La Paz |
Las personas perjudicadas con los cortes de energía eléctrica pueden exigir el resarcimiento de esos daños a las empresas distribuidoras del servicio en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Trinidad, según señala un informe de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE).
El informe deja en claro que si los usuarios afectados no quedan satisfechos, entonces “con la respuesta del distribuidor pueden acudir al organismo regulador”.
La denuncia ante la autoridad reguladora puede ser realizada personalmente o a través de la línea gratuita 800-10-2407.
Este reclamo ya sería presentado en segunda instancia.
Durante el largo feriado de Carnaval, se produjeron cortes del suministro de energía eléctrica en las seis capitales antes mencionadas “debido al contacto accidental de maquinaria pesada del Gobierno Municipal de La Paz con las líneas de transmisión”, indica el informe.
De todas maneras, en el p lazo de 48 horas después de ocurrido el evento, la Unidad Operativa del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) emitirá el informe preliminar de falla, y dentro de los ocho días hábiles siguientes brindará su informe final a la AE, al CNDC y a los agentes del mercado.

READ MORE - Afectados por corte de luz pueden pedir desagravio

Transportistas postergan movilización contra reducción del crédito fiscal por carburantes

Las movilizaciones anunciadas por los transportistas en rechazo a la ley que reconoce como crédito fiscal sólo el 70 por ciento de las facturas presentadas por la compra de combustibles fueron postergadas mientras no se realice un ampliado nacional en el que se definan las acciones a seguir, informó ayer el dirigente del ejecutivo del Transporte Pesado Cochabamba (Transpeco), José Sánchez.
La semana pasada, el ejecutivo de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, había declarado a un medio paceño que después de los carnavales se reanudarían las medidas en contra de la nueva disposición establecida en la Ley Financial 2013. Sin embargo, Sánchez explicó ayer que las medidas a asumir debían tratarse en un ampliado nacional que fue convocado para la semana pasada, en Santa Cruz, pero que se suspendió sin nueva fecha definida.
Por su parte, el dirigente de los transportistas de Cochabamba, José Orellana, confirmó ayer la suspensión del ampliado y rei teró que el sector mantiene su estado de emergencia en rechazo a la medida, a la que calificó de “arbitraria” y ”abusiva”, puesto que no toma en cuenta el efecto que puede tener en otros sectores, como el agrícola.
Por otra parte, Sánchez explicó que se aguarda la respuesta del ministro de Economía, Luis Arce, a la propuesta hecha para tributar directamente sobre las utilidades; es decir, con un pago directo que sería del 6 por ciento,  según lo propuesto por la Cámara Internacional de Transportes, o de 5 por ciento, según lo propuesto por el transporte público.
“En nuestro caso el pago sería obligado con cada viaje, si no, no saldríamos (del país). Esto se ha propuesto a través de un ampliado, nos dijeron que iban a analizar”, dijo ayer el dirigente.

READ MORE - Transportistas postergan movilización contra reducción del crédito fiscal por carburantes

UE: Aprueban gravar transacciones financieras

Bélgica |
Un grupo de 11 países de la Unión Europea recibió ayer aprobación para trabajar en la introducción de un impuesto a las transacciones financieras.
El impuesto está diseñado para ayudar a pagar por el rescate de los bancos de Europa y desalentar las transacciones arriesgadas.
Aplicaría a cualquiera que compre o venda acciones o bonos o haga inversiones en los mercados de estos 11 países utilizando productos financieros complejos llamados derivados.
El comisario europeo de impuestos, Algirdas Semet,a dijo después de una reunión entre los 27 ministros de finanzas del bloque que la decisión representa un “importante hito para las políticas fiscales de la UE”.
El plan es utilizar parte de los ingresos recaudados por el impuesto, que podrían sumar miles de millones de euros, para apuntalar a los bancos inestables. Esto ayudaría a los Gobiernos, que han tenido que pagar rescates bancarios en el pasado. Algunos que apoyan el impuesto también han s ugerido que parte de ese ingreso se destine al presupuesto comunitario.

READ MORE - UE: Aprueban gravar transacciones financieras

Reclaman pagos a empresa española

La empresa española Técnicas Reunidas no estaría cumpliendo contratos de pago suscritos con varias empresas nacionales de la cadena de servicios petroleros del país, que fueron subcontratadas para realizar una serie de trabajos en el proyecto Margarita I, según advirtieron ayer directivos de las empresas afectadas Inesco, Kaiser y Bolinter.
Alberto Barrios, gerente General de Inesco, subcontratada por Técnicas Reunidas para realizar el montaje electromecánico para la fase 1 del Proyecto Margarita, informó que tienen pendiente de pago de 2,5 millones de dólares por la culminación de contrato.
“Ellos (Técnicas Unidas) durante más de 6 meses que no han dado ninguna respuesta. Es más, hemos negociado algo hasta septiembre y desde ese mes cortaron toda comunicación y no dan ninguna explicación”, sostuvo.
Refirió que por ello, Inesco tampoco pudo pagar a sus proveedores, generándose así una cadena de problemas.
Dijo que la empresa española mantiene un hermet ismo total, al extremo que “no han respondido, no responde y al parecer no piensan responder a ningún requerimiento”.
En el caso de la empresa Bolinter, el gerente General, Enrique Menacho informó que la empresa española los subcontrató para realizar obras civiles, montaje de estructuras y campamento permanente del Proyecto Margarita I por un monto que fue pagado con retrasos y desfasado del contrato.  “Hay un daño económico que nosotros sufrimos por el desfase en el pago”, sostuvo, y agregó que basta preguntar en el mercado petrolero, para enterarse que varias empresas están en la misma situación.
Por su parte,  la empresa Kaiser, que junto a Inesco fue subcontratada para el montaje electromecánico de Margarita I, informó que cansados de negociaciones que no prosperan, iniciaron acciones civiles en la justicia ordinaria y penales ante la Fiscalía de Distrito contra Técnicas Reunidas para lograr el pago de 2,5 millones de dólares.
“Hemo s resuelto pelearla para hacer prevalecer nuestros derechos. Nosotros y Bolinter éramos las contratistas principales, pero al no pagarnos ellos a nosotros, nosotros tampoco podemos cumplir 100 por ciento con un montón más de empresas, tanto locales como de la zona”, comentó Fernando Delius, gerente General de la empresa Kaiser.

READ MORE - Reclaman pagos a empresa española

España estará “atenta” al trato con Iberdola y REE

El secretario español de Estado para Iberoamérica, Jesús Gracia Aldaz, pidió ayer a Bolivia el pago de una “indemnización justa” a Red Eléctrica de España (REE) y a Iberdrola por la nacionalización de filiales suyas en ese país y aseguró que el Gobierno de España estará “atento” a las negociaciones, según reportó la agencia española de noticias Efe.
En tanto, Los Tiempos, así como agencias internacionales de noticias, confirmaron para hoy una reunión de “alto nivel” para definir aspectos técnicos de la nacionalización entre el Gobierno y representantes de la REE, aunque en la comitiva de viaje, no se encontraba el presidente de esta empresa, José Folgado, según informó EuropaPres.
Mientras tanto, en España, en una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado (la Cámara Alta del Parlamento español), Gracia Aldaz dijo que el Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende las nacionalizaciones en sectores estratégicos en Bol ivia porque forman parte del programa de gobierno de Evo Morales.
Sin embargo, precisó, se le ha pedido “que sea más discreto” al ejecutar las expropiaciones porque puede parecer que el problema es mayor del real.
Según explicó Gracia Aldaz, el Gobierno boliviano informó que esta semana (probablemente hoy, según declaraciones hechas a Los Tiempos) habrá conversaciones con REE, después de que en mayo del pasado año fueran expropiadas sus acciones en la empresa Transportadora de Electricidad (TDE).
Además, también tiene previsto para el próximo 21 de enero reunirse con los representantes de Iberdrola, tras la nacionalización de cuatro de sus filiales el pasado 29 de diciembre.
El secretario español de Estado para Iberoamérica confió en que el Gobierno boliviano cumpla sus compromisos de pagar un precio justo por esas empresas y, aunque reconoció que los dos casos “han tensado” la relación bilateral, subrayó los “intensos” vínculo s entre los dos países y apostó por el respeto mutuo.
Respecto a l as negociaciones entre Repsol y Buenos Aires tras la expropiación de las acciones de la petrolera española en la empresa argentina YPF, también confió en que ambas partes serán capaces de encontrar una solución satisfactoria y estimó que se está “en el buen camino”.

READ MORE - España estará “atenta” al trato con Iberdola y REE

Cepal insta a Gobiernos integrar discapacitados a la producción

Cerca de 12 por ciento de la población latinoamericana y caribeña viviría con al menos una discapacidad, lo que involucra aproximadamente a 66 millones de personas, que tropiezan con dificultades para formar parte de la población económicamente activa.
Según los datos de la ronda censal 2010, la prevalencia de la discapacidad en América Latina varía desde 5,1 por ciento en México hasta 23,9 por ciento en Brasil, mientras que en el Caribe el rango oscila entre 2,9 por ciento en Bahamas y 6,9 por ciento en Aruba. En Bolivia, según datos del Sistema de Información del Programa de Registro Único Nacional de la Persona con Discapacidad, hay 42.017 personas calificadas como discapacitadas en los nueve departamentos, es decir, un índice de prevalencia del 4,2 por ciento aproximadamente.
De acuerdo con el estudio “Panorama social de América Latina 2012” de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), las personas con deficiencias cognitivas y mentales o con po ca capacidad de autocuidado son las que encuentran más obstáculos para integrarse a la actividad económica y social. La discapacidad visual y la motora son las que menos impacto negativo tienen en el acceso al empleo y a  la educación.
Entre la población de la región prevalecen las limitaciones visuales y de movilidad, seguidas por las deficiencias de la audición y el habla en América Latina y por las dificultades relacionadas con las funciones mentales y la destreza en el Caribe, según información censal de 18 países.
Las mujeres están entre los grupos más vulnerables en términos económicos y sociales que presentan las tasas más altas de discapacidad en la región. Hablamos de los adultos mayores, habitantes de las zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas con menores ingresos.

El estudio
La Cepal, en su estudio Panorama social de América Latina 2012, da una visión panorámica sobre las condiciones en las que viven las personas con di scapacidad y por primera vez este organismo de las Naciones Unidas de dica un capítulo de este informe anual a examinar la información disponible sobre este grupo en el contexto regional.
La Cepal enfatiza, en primer lugar, la necesidad de fortalecer los procesos de armonización de la medición de la discapacidad en América Latina y el Caribe, de modo de tener información comparable.
Contar con estadísticas confiables resulta vital si se considera que la proporción de personas con discapacidad se incrementaría debido al envejecimiento de la población y los cambios en los estilos de vida. “Esto permite prever una presión creciente sobre el cuidado en los hogares, sobre las redes disponibles y los limitados recursos y servicios que el Estado destina a estos fines”, advierte el reporte. La pobreza, los conflictos armados, la violencia urbana y la violencia de género son también causas no menores de discapacidades.

Las mujeres
En más de la mitad de los países de la región, las mujeres registran una tasa de prevalencia de discapacidad superior a la de los hombres, especialmente a partir de los 60 años. Según el informe, esta situación podría obedecer a dos hechos.
Por un lado, la mayor esperanza de vida de las mujeres aumenta la posibilidad de tener una discapacidad generada por un accidente o una enfermedad crónica y, por el otro, las mujeres viven las etapas avanzadas de su vida en un contexto de mayor vulnerabilidad económica, lo que potencia aún más el riesgo de que cualquier deficiencia de salud se transforme en discapacidad.
Asimismo, las personas con discapacidad están sobrerrepresentadas entre los más pobres.
En tres países de América Latina -Chile, Costa Rica y México- las encuestas de hogares de los últimos años muestran una creciente prevalencia de la discapacidad en los primeros quintiles de ingreso a medida que aumenta la edad de las personas.
“Esto implica que existen factores de contexto que van ejerciendo un efecto cada vez mayor conforme se avanza en el cicl o de vida, donde los recursos económicos y sociales claramente pesan para poder anticiparse a una vejez con mayor o menor autonomía. Por tal razón, tanto más importante resultan las políticas que puedan contrapesar estas diferencias de trayectorias según el nivel de ingreso de las personas”, señala el informe de la Cepal.
La publicación también describe los tipos de programas de cuidado que ofrecen los gobiernos de la región, que van desde servicios de atención domiciliaria para las personas con discapacidad y sus familiares hasta programas de educación y empleo, entrega de ayuda técnica de forma directa o subsidiada y adaptación de viviendas, entre otros.
“Si bien un porcentaje apreciable de personas con discapacidad en la región viven solas, la gran mayoría recibe este cuidado y apoyo por parte de miembros de su familia inmediata bajo distintos arreglos de convivencia. Esta situación tiene un efecto importante en el bienestar tanto emocional como financiero de la familia, lo que pone en evidencia la insuficiencia de la ofer ta de servicios de cuidado por parte del Estado, el mercado y las organizaciones civiles”, concluye el estudio.
Además de las mujeres, los grupos más vulnerables en términos económicos y sociales muestran tasas más altas de discapacidad en la región. Hablamos de los adultos mayores, habitantes de las zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas con menores ingresos.

READ MORE - Cepal insta a Gobiernos integrar discapacitados a la producción

ENDE no cree necesario seguir nacionalizando

El gerente general de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE-Corporación), Hugo Villarroel, dijo ayer que no veía la necesidad de nacionalizar más distribuidoras eléctricas en el país, aunque advirtió que eso, en última instancia, depende de las autoridades gubernamentales.
Villarroel hizo esta declaración, tras una reunión de evaluación anual con el presidente Evo Morales en Cochabamba y consultado por periodistas en rueda de prensa sobre la posibilidad de que tras la nacionalización, el sábado pasado, de las distribuidoras Electropaz y Elfeo de capitales españoles, se proceda de igual manera con la Cooperativa Rural de Electricidad (CRE) de Santa Cruz.
“Yo personalmente no veo necesidad de más nacionalizaciones, pero eso dependerá de las autoridades nacionales”, dijo Villarroel en referencia al Decreto 1448 que el sábado pasado nacionalizó Electropaz y Elfeo, además de la Compañía Administradora de Empresas Bolivia (Cadeb) y la Empresa de Servicios Eléc tricos (Edeser), filiales de la española Iberdrola.
El lunes pasado, el senador cruceño del Movimiento Al Socialismo (MAS), Isaac Ávalos, pidió al presidente Evo Morales que “nacionalice” (estatice) también la CRE, aduciendo que esta empresa no ofrece buen trato a la población y se rige a intereses políticos.
Además, el Decreto 1448 se sustenta, según explicación del Gobierno, en el Artículo 378 de la Constitución Política del Estado (CPE), que considera facultad privativa del Estado el desarrollo de la cadena productiva energética (aunque también garantiza la participación privada “que será regulada por ley), y el Artículo 3 del Decreto Supremo 29272, que dispone que ENDE tome el rol estratégico de participación en todo el sistema de producción de electricidad, generación, transporte y distribución.
Con la nacionalización del pasado sábado, ENDE-Corporation ya habría tomado el 100 por ciento del sistema nacional en generación de energía eléctrica y 85 por ciento en transmisión.
Sin embargo, según Villarroel, hay que tomar en cuenta la esencia del Decreto 1448, que tiene el objetivo de precautelar tarifas “equitativas” por el servicio de distribución de energía.
Según Villarroel, los casos de Oruro y La Paz eran especiales debido a la cantidad de empresas distribuidoras que no permitían uniformar las tarifas, en especial en el área rural. “En Oruro, además de Elfeo, hay 146 empresitas distribuidoras de energía eléctrica, lo que no posibilita uniformidad de tarifas. En La Paz hay cuatro operadoras, la principal en el área rural, Emprelpaz, cuya tarifa promedio en el área residencial es de 1,59 bolivianos por kilovatio/hora, cuando en el área urbana la misma unidad cuesta 0,63 bolivianos”, explicó Villarroel.
Según Villarroel, esa disposición hará posible que La Paz y Oruro tengan un operador único para atender a la población del área urbana y rural, con una uniformidad de servicio y equidad tarifaria. “Las tarifas van a rebajar. No será de la noche a la mañana. Es un proceso”, dijo.

READ MORE - ENDE no cree necesario seguir nacionalizando

Ven que presupuesto 2013 infringe la CPE

Considerando el carácter temporal y de duración limitada que tiene la ley financial, que da vigencia legal al Presupuesto General del Estado (PGE), juristas ven que el PGE 2013 introduce modificaciones a 12 leyes, entre ellas la de Pensiones, Aduanas y el Código Tributario, y extiende la vigencia de otras ocho que tenían plazos determinados.
Esta reforma a leyes de rango superior es cuestionada pues supone una infracción a la Constitución Política del Estado (CPE) según los especialistas José Antonio Rivera y Víctor Gutiérrez.
El PGE es elaborado por el Ministerio de Economía en base a lo propuesto por organismos públicos, después aprobado en gabinete y analizado por la Asamblea Legislativa para su aprobación antes de ser promulgado. El PGE 2013 ya fue aprobado en Diputados y Senadores.
En los últimos años, la ley financial incluyó modificaciones a otras leyes, incluso a normas de rango superior. Es el caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Banco Central de Bolivi a (BCB), que fue modificada en anteriores gestiones para que el BCB otorgue créditos a empresas públicas, algo expresamente prohibido.  El PGE 2013 nuevamente autoriza al BCB a dar crédito a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
Entre los ejemplos, también se puede citar la modificación a la Ley de Pensiones pues el PGE 2013 establece en una disposición adicional que los jubilados que recibían cifras más altas deben sufrir una transferencia de hecho a  los que reciben menos.
En el caso de la Ley de aduanas y del Código Tributario, una disposición transitoria permite la entrega gratuita de bienes decomisados en hechos ilícitos a los Ministerios de la Presidencia y de Salud, eliminando un artículo del Código Tributario sobre la subasta. La disposición es transitoria, pero el artículo sobre la subasta sería eliminado de forma permanente en el Código Tributario.
Al respecto, Rivera señala que las modificaciones son un desconocimiento de la jerarquía y estructura n ormativa del ordenamiento jurídico boliviano.
Explica que la modif icación a la Ley de Pensiones es una acción “confiscatoria” pues se debe recibir la jubilación en función a lo ahorrado y el Estado no puede hacer transferencias del dinero de los aportantes; respecto al crédito autorizado al BCB para ENDE, afirma que sólo puede efectuarse modificando la Ley de Bancos y modificar el Código Tributario para eliminar la subasta de bienes decomisados en ilícitos necesita otra ley específica. Además, para subastar bienes decomisados se precisa una resolución judicial ejecutoriada que disponga una pena para sus propietarios, confirmando la ilicitud de lo decomisado.
Por otra parte, el débito de las cuentas municipales de recursos no ejecutados en tareas de seguridad ciudadana es visto por Rivera como una violación a la autonomía municipal
Todas estas disposiciones, dice, son “infracciones” a la CPE.
Gutiérrez las califica como “violaciones” a la CPE  y añade que quienes se sientan afectados por una norma contraria a la Constitución pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad del PGE ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El PGE 2013 también autoriza, entre otras disposiciones, una nueva emisión internacional de bonos, la construcción del nuevo edificio de la
Asamblea Legislativa y el impulso a la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo con la construcción de la vía férrea a Montero.
Si bien hay otras disposiciones que modifican otras leyes, los ejemplos citados muestran que la ley del PGE es una de las más importantes, pero genera poca atención y escaso debate, a pesar de que determina el uso de los recursos fiscales.

READ MORE - Ven que presupuesto 2013 infringe la CPE

Ratifican que Evo aceptará la invitación de Mercosur

La voluntad política del Gobierno boliviano para ser miembro pleno del Mercado Común del Sur (Mercosur) será expresada por el presidente Evo Morales, el próximo jueves, en la cumbre de jefes de Estado de ese bloque regional, que se realizará en Brasilia (Brasil), confirmó ayer la ministra de Comunicación, Amanda Dávila.
Dávila, citada por la agencia ABI, precisó que “es muy importante la reunión de Brasilia porque ahí el presidente Evo Morales expresará el agradecimiento a la invitación que ha hecho Mercosur y segundo manifestará la voluntad política de que sí queremos estar (en ese bloque), lo que no significa abandonar otros procesos de integración, como el proceso de la CAN (Comunidad Andina de Naciones)”.
Dávila indicó que a partir del pronunciamiento boliviano se iniciará un proceso que durará cerca de un año, en el que las Asambleas Legislativas o Congresos de los países miembros del Mercosur deberán aprobar la participación de Bolivia.
La president a Dilma Rousseff será la anfitriona y se espera la presencia de los mandatarios de Argentina, Cristina Kirchner; Uruguay, José Mujica, y Venezuela, Hugo Chávez, informó AFP.  Paraguay no participa por estar suspendido del bloque tras la destitución del expresidente Fernando Lugo, en junio.
La membresía de Bolivia rechazada por varios sectores, entre ellos el agrícola y fabril, debido a la falta de competitividad, algo reafirmado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, cuyo gerente general, Gary Rodríguez, hizo notar las “enormes” asimetrías económicas con los países del Mercosur.
Sin dejar la CAN

“Hemos expresado nuestro interés en formar parte del Mercosur sin dejar la Comunidad Andina”, dijo el canciller, David Choquehuanca, a la agencia ABI el sábado. Choquehuanca se reunió el viernes, en Lima, con el secretario general de la CAN, Adalid Contreras, a quien le comunicó oficialmente la decisión del Gobierno.
A las considerac iones económicas se suman las políticas pues Paraguay se opone al ing reso de Bolivia. El canciller paraguayo, José Félix Fernández, dijo que incorporar a Bolivia sin la aprobación de su país “violaría” los tratados del Mercosur.

READ MORE - Ratifican que Evo aceptará la invitación de Mercosur

Cae exportación boliviana de productos de madera

En los primeros nueve meses del año, las exportaciones de productos forestales maderables de Bolivia cayeron en 20 por ciento en relación a similar periodo de 2011, según un reporte de la Cámara Forestal de Bolivia. La caída va acompañada por el incremento en las importaciones hechas al país de los mismos productos, pues, en el mismo periodo, subieron en 34 por ciento.
En el análisis de la Cámara Forestal de Bolivia existen dos razones principales para ese escenario, la primera es la crisis internacional que disminuyó las exportaciones a la Unión Europea y a China. La segunda razón es el incremento del precio de la madera en el mercado interno, debido la acciones de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) en la fiscalización y control en algunas zonas del país, además de los altos niveles de burocracia que determinaron una caída en la producción. Por ese motivo, muchas empresas evitan realizar trámites burocráticos y engorrosos de exportación, vendiendo de manera local a bu en precio.
“A su vez, estas dos razones explican el incremento en las importaciones, ya que al subir el precio de la madera y de los productos maderables en el mercado interno, las importaciones de estos mismos productos se hace más competitiva dentro de Bolivia, lo que genera el interés de los importadores, competiendo no sólo en precio, sino también en diseño con los productos nacionales”, añade el documento difundido ayer por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).
Según el reporte, el 20 por ciento en la caída de las exportaciones equivale a una merma en los ingresos de 13,3 millones de dólares, es decir, bajó de 65,9 millones de dólares, en 2011, a 52,6 millones al 30 de septiembre de este año.
Mientras que las importaciones, en el mismo periodo, subieron de 30,6 millones de dólares, en 2011, a 41,3 millones de dólares en el mismo periodo de este año. “La brecha entre exportaciones e importaciones de productos maderables en nuestro país es cada vez menor”, detalla el reporte.
De enero a sep tiembre de 2012, 15 países de un total de 48, dejaron de comprar productos forestales a Bolivia, en comparación con el mismo período del 2011.

READ MORE - Cae exportación boliviana de productos de madera

Violentos casos causan tensión en mina de Colquiri

La Paz |
A pesar del acuerdo entre cooperativistas y asalariados para explotar en el distrito minero de Colquiri, en los últimos días hubo violentos casos de agresiones entre los trabajadores de ambos bandos. Los sindicalizados tienen dos casos con tres personas heridas y responsabilizan de ello a los cooperativistas. Éstos, por su parte, pasaron la culpa a exaliados de los mismos asalariados, y el Gobierno declaró que en Colquiri reina la calma pese a todo.
El secretario general de los sindicalizados, Severino Estallani, informó al periódico digital Oxígeno que esta semana hubo dos agresiones a sus afiliados. La primera, el lunes, contra David López, trabajador regular de la empresa Colquiri. El hecho ocurrió en el domicilio de López, donde un cooperativista de apellido Callisaya le fracturó la nariz.
El otro incidente ocurrió el martes cuando dos sindicalizados, Félix Sarsuri y Daniel García, fueron atropellados por un trabajador de la Cooperativa 26 de Febrero a q uien identificaron como Gualberto Cabrera.
“El compañero Félix Sarsuri, exmiembro de la Federación de Mineros, tiene una fractura en el cráneo, anoche (anteanoche) fue trasladado a la clínica Oruro donde tuvo una intervención quirúrgica”, dijo Estallani.
Cabrera fue aprehendido y remitido a la Fiscalía de Quime. Ayer se realizarán las medidas cautelares por el caso. Esta información fue transmitida por la dirigencia de los sindicalizados a los asesores del Ministerio de Gobierno.
“Si el Gobierno no pone coto, nosotros estamos obligados a defender la tranquilidad y estabilidad de los trabajadores de Colquiri, no vamos a permitir que exista este tipo acciones en Colquiri”, concluyó Estallani.
Las acusaciones fueron rechazadas por el sector cooperativo. “No es así, que digan los cooperativistas, no; son gente que ellos se han reclutado”, aseguró el dirigente del sector, Manuel Coñaja.
Indicó que él se encuentra en Colquiri y qu e no hay ninguna agresión o acción de parte de sus afiliados contra l os asalariados. “Quiero aclarar enfáticamente, han reclutado (a gente) a diestra y siniestra, han ofrecido trabajos a todo el mundo y ahora esos, que no han entrado a trabajar, ellos están causando cualquier acción”, sostuvo.

READ MORE - Violentos casos causan tensión en mina de Colquiri

Fideicomiso de $ 50 millones comprará concentrados para Karachipampa

LA PAZ |
La compra de concentrados de plomo y plata está asegurada con el fideicomiso de 348 millones de bolivianos, recursos que suministrará el Tesoro General, pues, así lo manda el Gobierno por Decreto Supremo Nº 1387, aprobado hoy.
"Estos recursos están destinados exclusivamente a la adquisición de concentrados para los primeros meses de funcionamiento de esta planta", afirmó el ministro de Minería, Mario Virreira, al anunciar la promulgación del Decreto Supremo en el gabinete de la mañana de hoy.
Con el fideicomiso, equivalente a 50 millones de dólares, "se garantiza el aprovisionamiento de estos concentrados que ha de permitir a corto plazo iniciar operaciones de esta fundición", remarcó la autoridad.
Los concentrados de plomo y plata, son la materia prima que se requiere para el funcionamiento del complejo polimetalúrgico de Karachipampa en Potosí.
Instalaciones que durmieron "el sueño de los justos" por más de cuarto siglo, pues, desde 1985 está sin est renar.
Los fondos serán reembolsados por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) al erario nacional en el plazo de cinco años, detalló Virreira en conferencia de prensa realizada en Palacio Quemado.
El complejo instalado en Potosí entre 1982 y 1985, que quedó sin estrenar, tiene capacidad para procesar 51 mil toneladas métricas anuales de concentrados, que están garantizados, puesto que el país está produciendo 150 mil toneladas, dejó en claro la autoridad.
Este volumen es extraído principalmente en San Cristóbal, pero también hay otras minas.
"A diferencia de los años 80, hoy, tenemos, con el incremento de la producción minera, concentrados por demás de lo que se requiere en Karachipampa", pues la capacidad de tratamiento en el complejo es un tercio de la producción nacional.
Para que Karachipampa deje de ser "elefante blanco" sólo faltaba asegurar los fondos para la compra de concentrados, pues, para esta primera etapa la Minera San Cristóbal suministrará la materia prima.
El complejo producirá plomo metálico y plata me tálica, es decir minerales con valor agregado, pues tendrán una pureza de 99,9 por ciento, de acuerdo con los informes de la corporación estatal.
Al respecto el Ministro de Minería afirmó: "Tenemos la esperanza de que con estas acciones ya a muy corto plazo esta planta entre en funcionamiento", puesto que ya se vencieron escollos como la provisión de agua, energía eléctrica, gas natural, entre otros.  Karachipampa iniciará operaciones en "muy corto plazo", aseguró el ministro.
Sin embargo, el primer lingote de plomo todavía se hará esperar y no saldrá para el 10 de noviembre, aniversario cívico de Potosí, así reconoció el presidente interino de Comibol, Edgar Pinto.
Aún hay tareas que realizar para que el complejo esté operando, reconoció el ministro Virreira al indicar que todavía tomará su tiempo el reajuste y calentamiento de la planta, pues, está instalada y sin operar por décadas.

READ MORE - Fideicomiso de $ 50 millones comprará concentrados para Karachipampa

Argentina no halla inversores para YPF

Madrid |
El pasado martes se cumplieron seis meses desde que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció la expropiación del 51 por ciento de las acciones que Repsol poseía en YPF. Desde entonces, los títulos de YPF en Wall Street han caído a casi la mitad de su valor, las importaciones de combustible entre mayo y agosto crecieron un 35 por ciento respecto al mismo periodo de 2011, y la nueva dirección de la empresa ha subido en dos ocasiones el precio de los combustibles. Y el Gobierno aún no ha conseguido que ninguna multinacional extranjera aporte capital a los yacimientos de Vaca Muerta que pretendía explotar Repsol, reseñó ayer el diario El País.
La semana pasada la procuradora, Angelina M. E. Abbona, envió una carta a Repsol donde anunciaba: “Argentina ha expresado a las autoridades de la OCDE su oposición absoluta al tratamiento de la cuestión en este foro. En estas circunstancias corresponde posponer el mantenimiento de consultas amistosas hast a que el reino de España y la Unión Europea desistan de realizar reclamaciones internacionales respecto a las diferencias invocadas con YPF”.
“Esa carta pone en evidencia la falta de ganas de hablar que tiene el Gobierno”, indica un abogado de la compañía.
“Hasta octubre no nos ofrecieron la posibilidad de un encuentro. Y qué casualidad que cuando ya se iba acercando la fecha, recibimos esta carta en la que se deniega incluso la reunión, esa formalidad mínima de cortesía elemental que no cuesta nada. Hemos afrontado procesos de expropiaciones o nacionalizaciones en Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Pero siempre hubo compensaciones por parte de los Estados. En el caso de Argentina, no hay el mínimo interés por alcanzar un acuerdo. Por eso creemos que más que de expropiación debería hablarse de confiscación”, dice el abogado. Tras la expiración del plazo para conseguir un acuerdo amistoso, que concluye el 10 de noviembre, la ley prevé ot ro periodo de 18 meses para solventar la cuestión ante los tribunales argentinos.

READ MORE - Argentina no halla inversores para YPF

Bolivia mantiene su defensa en el Ciadi

La Paz |
El Ministerio de Defensa Legal del Estado insiste en objeción a la jurisdicción del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en el arbitraje iniciado por la anglo-argentina Pan American Energy (PAE) por la nacionalización de sus acciones en la petrolera Chaco.
El Gobierno y el buró co-patrocinante Dechert, presentado el 15 de octubre ratifica las "excepciones de conformidad con la Regla de Arbitraje 41".
La información forma parte del reporte del Ciadi sobre el caso identificado con el número ARB/10/8. La compañía anglo-argentina introdujo el arbitraje en el Ciadi en abril del 2010, hubo un tiempo que quedó en suspenso por común acuerdo, pero fue reanudado el año pasado.
Hace más de un mes, el país presentó sus "objeciones preliminares", pues, en agosto el Ciadi constituyó el Tribunal Arbitral, presidido por el español Bernardo Cremades e integrado por el chileno Francisco Orrebo Vicuña, quien fue designado por el dem andante PAE, y el costarricense Rodrigo Oreamuno. La defensa de Bolivia está a cargo de la Procuraduría General del Estado y el buró de abogados francés, Dechert, que ya actuó como co-patrocinante en el arbitraje de la italiana ETI por la nacionalización de Entel.

READ MORE - Bolivia mantiene su defensa en el Ciadi