Amnistía: diputados se abren a modificar proyecto

El Deber, Erbol y Anf

Tras la amenaza de bloquear carreteras por parte del transporte público y las críticas de sectores sociales, la Cámara de Diputados adelantó ayer que se puede modificar el proyecto de ley de nacionalización y saneamiento legal de motorizados indocumentados una vez que sea puesto en consideración del pleno camaral en próximas horas.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, y su colega  Marcelo William Elio señalaron que se puede ajustar la reducción de multas, las alícuotas, que los vehículos que están en zonas francas y fueron incautados sean liberados y que los que fueron rematados por la Aduana y que permanecen en recintos aduaneros puedan ser sujetos de una revisión.
El presidente de la Cámara Departamental de Transporte de La Paz, Álvaro Ayllón, informó que su sector declaró emergencia y paro de 24 horas mañana, en rechazo a la ley de amnistía.
Por otra parte, en proximidades de Vichuloma (Oruro), el Control Operativo Adu anero halló una vagoneta ilegal marca Toyota-Provox que estaba camuflada en abono al interior de un camión.

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Anuncian inicio de obras de ruta a Beni

El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, confirmó ayer el inicio de obras de la carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos, en un acto previsto para mañana en el trópico de Cochabamba.
Indicó que el presidente Evo Morales, ministros, autoridades de Brasil, departamentales, y municipales participarán del evento.
El proyecto es financiado por el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil con más de 330 millones de dólares.
Novillo dijo que se trata de una obra de magnitud que forma parte de la vía interoceánica y que generará desarrollo y progreso para la zona.
El alcalde de Villa Tunari, Feliciano Mamani, informó que el acto será efectuado en el estadio de Eterazama.
La obra es rechazada por los indígenas del Tipnis y por cívicos y autoridades de Beni.
Representantes de organizaciones benianas dijeron hace algunas semanas que el proyecto no puede arrancar hasta que se resuelva el conflicto de límites entre Cochabamba y Beni.

Indígenas
El preside nte de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), Adolfo Moye, denunció ante la misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Bolivia que el proyecto caminero Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no sólo representa mayor deforestación y destrucción de la riqueza medioambiental, sino que además significará para los pueblos indígenas su desaparición, informó ayer la red Erbol.
“Será el exterminio de las comunidades”, dijo el dirigente.
El Servicio de Noticias Ambientales (SENA) del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) informó que Moye señaló que a raíz del avasallamiento de colonos cocaleros y la construcción de la carretera están en riesgo de desaparecer indígenas moxeños, trinatarios, yuracarés y chimanes, y posiblemente pueblos indígenas aislados como los yuracarés y los yuquis.

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Empresarios prevén reducir producción por electricidad

El sector privado deberá reducir su capacidad productiva en este invierno debido a la escasa oferta de energía eléctrica en el país, confirmaron ayer gremios empresariales.
Aunque el Gobierno garantizó que no habría racionamientos este año, pidió a los consumidores comunes y empresarios ahorrar electricidad.
El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez, informó que el martes pasado se reunió con funcionarios de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) para discutir sobre cómo el Ejecutivo afronta el estrecho margen entre la oferta y demanda de energía. Indicó que “para evitar que haya racionamientos en la provisión de energía, lo que se trata de hacer es racionalizar un poco”.
Dijo que ENDE confirmó que ya fue lanzada la licitación para la compra de equipos para la instalación de las termoeléctricas previstas en el plan de emergencia, pero que operarán recién desde fines de este año o el próximo.
“ En este invierno esperamos que existan restricciones mínimas o cortes mínimos que van a ser evidentes, pero que ya el próximo año, la temporada nos agarre un poco más preparados”, señaló.
El presidente de la Cámara de Industria de Cochabamba (CDI), Luis Laredo, indicó que aún no hay restricciones para el sector, pero que es un hecho que las industrias tendrán que reducir su consumo.
“Estamos alertados. Nos han confirmado que se irá reduciendo la entrega de energía eléctrica por que el SIN (Sistema Interconectado Nacional) está saturado. No hay más energía en Bolivia, e incrementar la oferta de energía va a tardar uno o dos años”, señaló.
El Gobierno informó recientemente que en horas de mayor consumo la oferta de energía eléctrica bordea los 1.100 megavatios (MW) y la demanda está en 1.030 MW, por lo que existiría una reserva de sólo 70 MW.
Informes del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC) indican que la generación máxima en mayo, hasta e l día 30, fue de 1.080.7 MW y la demanda máxima en el mismo período d e 1.029,7 MW, es decir una diferencia de 51 MW.

Perjuicio
El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), Carlos Flores, dijo que el Gobierno no garantiza la provisión de electricidad e indicó que esto generará perjuicio a las empresas que no pueden proyectarse hacia un futuro y generar inversión”.
Agregó que el Estado ha nacionalizado las plantas de generación y no ha podido cumplir con el abastecimiento sin riesgos.
Flores señaló que uno de los efectos de que las empresas tengan que reducir su consumo de energía es que habrá menos productos en el mercado y, por lo tanto, los precios podrían subir.
“La situación es preocupante para las empresas. Nos piden que aumentemos producción; e invertimos, pero cómo si no hay energía”, apuntó Laredo.

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Legalizarán 25 mil “chutos” sólo en Cochabamba

Importadores que comercian en la feria de vehículos de la avenida Beijing de la ciudad calcularon ayer que unos 25 mil “chutos” se acogerán a la amnistía en Cochabamba y dijeron que el parque automotor en la ciudad umentará hasta las 120 mil unidades.
El sector se sumó a las críticas contra la medida, mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) apura la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados.
Se prevé que la norma, luego de salir de la comisión, sea tratada desde hoy en el pleno.
En tanto, la Confederación de Choferes de Bolivia anunció ayer bloqueos contra la legalización de “chutos” y dijo que cada federación decidirá cuándo empezará la medida. Los transportistas del sector público de Oruro cumpieron ayer un paro de 24 horas.
El comerciante cochabambino Juan Carlos Mejía indicó que la legalización de 25 mil vehículos provocará grandes desajustes en la autoventa regional que ya sufre las consecuencias de la medida.
En e stas dos últimas ferias, la mayoría de los afiliados al Sindicato de Autoventa no pudo concretar ventas porque los potenciales compradores han desaparecido, explicó. Están esperando que se promulgue la ley de nacionalización de autos ‘chutos’ para obtener mejores precios, señaló.
Carlos Salinas, otro importador, advirtió que el parque automotor crecerá desmedidamente y tornará incontrolables los niveles de contaminación ambiental y congestionamiento vehicular. ”Si en este momento con 95 mil vehículos ya estamos sufriendo, qué será con 120 mil”, agregó.

Choferes
El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Franklin Durán, dijo ayer que su sector bloqueará carreteras en rechazo a la legalización de vehículos indocumentados y anunció que las medidas de presión serán ejecutadas antes de que la Asamblea Legislativa apruebe la norma.
“Ratificamos el rechazo y el bloqueo se realizará de acuerdo a la organización d e cada federación departamental y se analizará también en directiva s i entramos en huelga de hambre como medida de rechazo”, indicó.
Durán explicó que las federaciones de transportistas de Pando y Beni solicitaron un proyecto de ley alternativo para poder regularizar sus motorizados que ya circulan con “placas verdes” que son otorgadas por municipios.
La oposición también se sumó a la protesta. El jefe nacional de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo ayer que la amnistía abrirá las puertas a la legalización del contrabando.

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Levantan bloqueos en Desaguadero

Los campesinos peruanos huelguistas, que desde hace 23 días mantenían un paro en la región de Puno, al sur de Perú, determinaron ayer suspender temporalmente sus medidas de protesta.
Asimismo, confirmaron que levantarán el bloqueo en Desaguadero, que dejó parados a unos 600 camiones con carga boliviana y pérdidas para los exportadores de unos 20 millones de dólares.
La Cámara Boliviana de Transporte Internacional confirmó que los choferes bolivianos tenían previsto reanudar viajes desde la madrugada de hoy. Walter Aduviri, del Frente de Defensa de Recursos Naturales en la región sur de Puno, señaló que su organización suspendió temporalmente el paro, lo que fue confirmado por la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami).
Para Aduviri, se trata de un “cuarto intermedio” a la espera de que el Gobierno de Alan García –que el próximo 28 de julio acaba su gestión– acceda a promulgar un decreto para el cese y cancelación de todas las concesiones mineras y petroleras en el sur de Puno, una de sus principales reivindicaciones.
“En esto no hay marcha atrás”, aseguró, para luego avisar que si el Gobierno rechaza aceptar las condiciones, las protestas se reanudarán el miércoles de la próxima semana. Aduviri indicó que se abrirán todos los accesos de rutas, entre ellos el de Desaguadero, principal paso fronterizo entre Perú y Bolivia.

Retorno
El presidente de la Cámara Boliviana de Transporte Internacional, Fidel Baptista Aguilar, dijo anoche que desde la madruga de hoy el tráfico de carga internacional entre Desaguadero y Puno se normalizará. Indicó que en la zona están parados unos 650 vehículos de alto tonelaje, y que los choferes reaccionaron ayer con alegría al conocer sobre el cuarto intermedio en la protesta.
“No sabemos si los camiones que iban de ida continuarán viaje al puerto de Matarani o retornarán al país porque la situación es incierta, debido a que el bloqueo otra vez cerrará la frontera el miércoles pr óximo o tal vez antes, una vez que concluyan las elecciones en ese país”, agregó el dirigente de los transportistas.

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Filas y caos por convenios salariales

El último día para la entrega de convenios de incremento salarial y planillas fue de largas filas y caos en la Jefatura Departamental del Trabajo.
Los representantes de las empresas amanecieron en la puerta de la entidad y aún en la tarde no habían sido atendidos por lo que exigieron que el Gobierno amplíe el plazo.
Hasta las 22:00 de ayer, un 80 por ciento de las empresas legalmente establecidas en Cochabamba había cumplido con la instrucción, informó el jefe regional del Trabajo, Grover Morochi. 
Agregó que no recibió ninguna notificación desde el ministerio del ramo para prorrogar el plazo de entrega y estaba previsto que la atención concluya a la medianoche.
En la tarde, los empleadores protestaron porque se les había negado la solicitud de más tiempo para entregar los documentos.
Indicaron que hicieron fila desde las 5:00, pero hasta las 18:00 no llegaron a las ventanillas de atención.
La Jefatura del Trabajo de Cochabamba señaló que las empresas conocí an desde hace más de un mes que el plazo terminaba ayer y que esperaron hasta a última hora.
Sanciones
Guarachi indicó que las empresas e instituciones que no cumplan con la obligación de presentar los convenios salariales y las planillas de pago retroactivo del incremento del 10 por ciento serán sometidas a procesos judiciales y pasibles a sanciones económicas que oscilan entre mil y 10 mil bolivianos, dependiendo del número de trabajadores, por infracciones a leyes sociales.
La cantidad diaria de empleadores atendidos en la Jefatura del Trabajo, entre el miércoles de la anterior semana y el lunes pasado, se incrementó de 150 hasta 230 personas que se vieron obligadas a realizar largas filas por más de ocho horas.
La entidad aumentó desde el lunes tres horas de trabajo a sus funcionarios para la recepción de documentos de aumento salarial para cubrir a la mayor cantidad de empleadores.
Sin embargo, la gente se quejó de que la reacción de la jefatura fue tardí a y que en pasados días había apenas  un funcionario procesando y hom ologando los convenios en el sistema.
Varios representantes de las empresas comentaron que tardaron en suscribir convenios salariales por problemas internos.

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Novillo: La amnistía es necesaria

Las críticas no cesan, y el gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, se sumó a la defensa de la medida: “la amnistía es necesaria”.
Los propietarios de esos vehículos que quieran acogerse a la amnistía tendrán un plazo de 15 días hábiles para registrarlos ante la Aduana Nacional. Caso contrario, los motorizados serán confiscados y revertidos al Estado.
El artículo 2 del proyecto de ley de amnistía establece que sólo los motorizados que fueran registrados dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación de la norma tendrán acceso al trámite de nacionalización en un plazo de 90 días, sin necesidad de la intervención de los despachantes de Aduana.
De acuerdo con el artículo 7 de la referida norma, vencido el plazo excepcional, la Aduana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía boliviana, procederá al decomiso de los vehículos indocumentados.
El proyecto de ley de amnistía fue aprobado en la Cámara de Senadores la semana pasada y se rá debatido a partir de hoy en la Cámara de Diputados.
La norma contiene ocho artículos y ocho disposiciones adicionales y, según aseguró ayer el senador proyectista Isaac Ávalos (MAS), será aprobada por la Cámara Baja y promulgada por el presidente del Estado, Evo Morales, en el transcurso de esta semana.
El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, advirtió ayer que, tras aprobar la ley de amnistía, los infractores que sean sorprendidos en posesión de autos “chutos” no podrán recuperar el valor de su vehículo ni acceder al pago de aranceles y multas.
“Si se descubren vehículos ingresados después de la aprobación de la ley, esos autos serán confiscados a favor del Estado y lo que se haya pagado como aranceles o multa también se consolidará a favor del Estado. La ley tiene sus salvaguardas, pero obviamente el operativo en lo técnico es de responsabilidad de la Aduana Nacional”, explicó Arce.
Según el presidente de la Comisión de P lanificación y Política Económica de la Cámara Baja, Marcelo Elio (MA S), están dadas todas las condiciones para aprobar la norma en pocas horas.

Defensa
El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, siguió la línea de su partido y dijo ayer que la amnistía es una medida necesaria y que no se puede retroceder en la decisión porque los vehículos ilegales ya están en el país y sobre todo en las áreas rurales y provincias.
En tanto, el diputado del MAS Nelson Virreira señaló que esta semana “con seguridad” la plenaria de la Cámara Baja aprobará el proyecto y calculó que en Bolivia hay unos 100 mil “chutos”, cifra alejada a las que manejan en el Senado y en el Ministerio de Economía y Finanzas de entre 5 mil y 10 mil unidades.
Novillo y Virreira coincidieron en que en las áreas rurales del país es donde existen más autos indocumentados y dijeron que en los departamentos de Beni y Pando el 80 por ciento de su parque automotor es  ilegal.
“(La ley) tiene un contenido social bastante grande. Es darle la posibilidad a todos los que tiene estos vehículos, que son gente de escasos recursos. No son la gente que tiene dinero porque las personas que tienen dinero se han comprado de manera legal y es darle la posibilidad a esta gente para que pueda tener un vehículo propio”, dijo el asambleísta por Cochabamba.

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