Con la nueva Ley Minera las concesiones ociosas se volverán productivas, pues para acceder a un área de explotación, las empresas deberán garantizar una operación continua, de lo contrario no podrán firmar contratos con el Estado, informó el Ministerio de Minería.
También se modificará el régimen tributario, aunque aún no están definidos los porcentajes, los recursos mineralógicos volverán a soberanía del Estado, es decir serán de propiedad estatal, y todas las empresas estarán obligadas a migrar sus actuales concesiones a contratos de trabajo (las empresas operan en áreas estatales, pero no detentan la propiedad).
En un comunicado público, la minera San Cristóbal, la más grande del país, de capitales japoneses, anunció que está dispuesta a migrar los contratos conforme establece la nueva Constitución y espera que sea invitada a discutir los alcances de la Nueva Ley Minera.
En criterio del diputado Pascual Guarachi, miembro del Comité de Minería de la Cámara Baja, el espíritu de la nueva Ley Minera es trasformar el sector con base en la Constitución tomando en cuenta conceptos como: tierra y territorio y consulta a los pueblos indígenas.
De acuerdo con el Ministerio de Minería, en la actualidad, las empresas que tienen una concesión al amparo de la Ley del Código Minero 1777, no tienen la obligación de cumplir una labor productiva y mantienen la concesión con sólo pagar anualmente una patente.
Según esta norma, los titulares de las concesiones tienen una especie de “derecho de propiedad” sobre ellas, que incluso les permitiría heredarlas o transferirlas.
Muchas empresas le dan otras utilidades a la concesión, por ejemplo para acceder a préstamos dejando la concesión como prenda, alquilar o subalquilar.
Según el Ministerio de Minería, del total de las 7.595 concesiones mineras otorgadas en todo el país, sólo un 20 por ciento está en operaciones. “Las restantes son ociosas, están subalquiladas o como garantía s”, aunque el Servicio Geológico Técnico de Minas (Sergeotecmin ) considera que son más; sin embargo, a la fecha no se hizo una inspección a cada concesión porque esta labor demandaría recursos humanos y económicos, además de disposición de tiempo, pues habría que visitar cuadrilla por cuadrilla.
Habrá carga económica
De acuerdo con dos expertos mineros, la migración de concesiones a contratos mineros ahuyentará las inversiones en el sector, representará una mayor carga económica para las empresas y afectará su flujo de caja.
Uno de ellos, quien prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró que la migración de hecho establecerá un pago a la Coorporación Minera de Bolivia (Comibol) adicional a los ya existentes, lo que en época de precios bajos ocasionará pérdidas.
El experto recordó que hace un tiempo cuando en Comibol elaboraban borradores de la nueva Ley Minera se hablaba de un aporte del 51 por ciento al margen de todos los pagos, lo que resultó “insensato”, luego se modificó ese aporte a un 2 ó 3 por ciento sobre el valor bruto de la producción, lo que llega a tener más sentido y por ello se puede afirmar que de por medio está la aplicación de nuevos tributos o pagos. En su criterio dado que las empresas que operan en el país bajo este régimen ya cuentan con inversiones determinadas, la migración no resulta ser “necesaria”. La migración ahuyentará inversiones, porque en el fondo es una carga, más aún cuando la Constitución dice que los municipios son autónomos y éstos pueden establecer tributos.
Según el analista minero, Ramiro Paredes, la desventaja está en que la empresa hará un análisis de conveniencias antes de invertir y firmar los nuevos contratos bajo esta nueva figura legal.
También se modificará el régimen tributario, aunque aún no están definidos los porcentajes, los recursos mineralógicos volverán a soberanía del Estado, es decir serán de propiedad estatal, y todas las empresas estarán obligadas a migrar sus actuales concesiones a contratos de trabajo (las empresas operan en áreas estatales, pero no detentan la propiedad).
En un comunicado público, la minera San Cristóbal, la más grande del país, de capitales japoneses, anunció que está dispuesta a migrar los contratos conforme establece la nueva Constitución y espera que sea invitada a discutir los alcances de la Nueva Ley Minera.
En criterio del diputado Pascual Guarachi, miembro del Comité de Minería de la Cámara Baja, el espíritu de la nueva Ley Minera es trasformar el sector con base en la Constitución tomando en cuenta conceptos como: tierra y territorio y consulta a los pueblos indígenas.
De acuerdo con el Ministerio de Minería, en la actualidad, las empresas que tienen una concesión al amparo de la Ley del Código Minero 1777, no tienen la obligación de cumplir una labor productiva y mantienen la concesión con sólo pagar anualmente una patente.
Según esta norma, los titulares de las concesiones tienen una especie de “derecho de propiedad” sobre ellas, que incluso les permitiría heredarlas o transferirlas.
Muchas empresas le dan otras utilidades a la concesión, por ejemplo para acceder a préstamos dejando la concesión como prenda, alquilar o subalquilar.
Según el Ministerio de Minería, del total de las 7.595 concesiones mineras otorgadas en todo el país, sólo un 20 por ciento está en operaciones. “Las restantes son ociosas, están subalquiladas o como garantía s”, aunque el Servicio Geológico Técnico de Minas (Sergeotecmin ) considera que son más; sin embargo, a la fecha no se hizo una inspección a cada concesión porque esta labor demandaría recursos humanos y económicos, además de disposición de tiempo, pues habría que visitar cuadrilla por cuadrilla.
Habrá carga económica
De acuerdo con dos expertos mineros, la migración de concesiones a contratos mineros ahuyentará las inversiones en el sector, representará una mayor carga económica para las empresas y afectará su flujo de caja.
Uno de ellos, quien prefirió mantener su nombre en reserva, aseguró que la migración de hecho establecerá un pago a la Coorporación Minera de Bolivia (Comibol) adicional a los ya existentes, lo que en época de precios bajos ocasionará pérdidas.
El experto recordó que hace un tiempo cuando en Comibol elaboraban borradores de la nueva Ley Minera se hablaba de un aporte del 51 por ciento al margen de todos los pagos, lo que resultó “insensato”, luego se modificó ese aporte a un 2 ó 3 por ciento sobre el valor bruto de la producción, lo que llega a tener más sentido y por ello se puede afirmar que de por medio está la aplicación de nuevos tributos o pagos. En su criterio dado que las empresas que operan en el país bajo este régimen ya cuentan con inversiones determinadas, la migración no resulta ser “necesaria”. La migración ahuyentará inversiones, porque en el fondo es una carga, más aún cuando la Constitución dice que los municipios son autónomos y éstos pueden establecer tributos.
Según el analista minero, Ramiro Paredes, la desventaja está en que la empresa hará un análisis de conveniencias antes de invertir y firmar los nuevos contratos bajo esta nueva figura legal.
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