El saneamiento que lleva adelante el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en tierras altas está frenado y con riesgo de estancamiento debido a una indefinición sobre las formas de propiedad más adecuadas para la zona, revela el informe “Reconfigurando territorios: reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia”, presentado en Cochabamba recientemente por la Fundación Tierra.
El director de la organización, Gonzalo Colque, explica que ni la propiedad comunitaria ni la propia Tierra Comunitaria de Origen (TCO) constituyen formas de propiedad de la tierra adecuadas para los pueblos y comunidades indígenas de tierras altas y zonas de colonización debido a que al interior de las comunidades existe propiedad individual y familiar.
“Una conclusión, para superar este obstáculo, de este informe es que es necesario que el Estado pueda salvaguardar los derechos individuales, pero en el marco del reconocimiento y preeminencia de los derechos comunitarios. Esto no vulnera la Constitución Política del Estado”, agrega.
Otras dos razones han provocado el estancamiento. Una de ellas es que la región, especialmente el altiplano, no ha sido considerada como zona prioritaria para el saneamiento de tierras en ninguno de los gobiernos de turno, a pesar de que es allá donde vive la mayor parte de los habitantes rurales.
La segunda, apunta Colque, es la propia organización campesina (Csutcb), que se opuso a la Ley INRA, calificada como “ley maldita” y su aplicación por razones políticas y porque se automarginaron de la discusión de la norma en 1996.Datos
Las cifras del INRA, difundidas recientemente, muestran que aunque hubo avance en el saneamiento en tierras altas durante la actual gestión gubernamental, hay gran diferencia con lo logrado en tierras bajas.
Por ejemplo, mientras en Santa Cruz, Beni y Pando fueron saneadas y tituladas, durante el período 2006-2009, 22.551.6 85 hectáreas, en La Paz, Oruro y Potosí la cifra llegó a 6.163.567 he ctáreas.
El informe de la Fundación Tierra señala que “este avance en el oriente obedece al hecho de que la forma de propiedad TCO no entró en conflicto con el sistema de tenencia y uso de la tierra de la mayoría de los pueblos indígenas de tierras bajas beneficiarias de este proceso”.
Colque aclara que si bien la mayoría de los pobladores de tierras altas viven en comunidades, si el INRA otorga título colectivo esto obliga a las familias campesinas e indígenas a renunciar a su título familiar, a los papeles que respaldan la tenencia de sus parcelas.
“Uno obliga a sacrificar el otro. En este momento la ley obliga a las familias campesinas e indígenas a optar por la titulación individual o la titulación colectiva de manera excluyente, cuando en la realidad ambos tipos de propiedad coexisten”, añade.
El director de la Fundación Tierra explica que la ley de Reconducción Comunitaria no resuelve este dilema. “Afortunadamente, la nueva Cons titución Política sí reconoce esta complementariedad, lo que es un avance que otorgaría a la comunidad poder político, protección y cohesión social y, al mismo tiempo, resolver conflictos entre familias reconociendo el derecho de propiedad individual, familiar o en copropiedad”, concluye.
El director de la organización, Gonzalo Colque, explica que ni la propiedad comunitaria ni la propia Tierra Comunitaria de Origen (TCO) constituyen formas de propiedad de la tierra adecuadas para los pueblos y comunidades indígenas de tierras altas y zonas de colonización debido a que al interior de las comunidades existe propiedad individual y familiar.
“Una conclusión, para superar este obstáculo, de este informe es que es necesario que el Estado pueda salvaguardar los derechos individuales, pero en el marco del reconocimiento y preeminencia de los derechos comunitarios. Esto no vulnera la Constitución Política del Estado”, agrega.
Otras dos razones han provocado el estancamiento. Una de ellas es que la región, especialmente el altiplano, no ha sido considerada como zona prioritaria para el saneamiento de tierras en ninguno de los gobiernos de turno, a pesar de que es allá donde vive la mayor parte de los habitantes rurales.
La segunda, apunta Colque, es la propia organización campesina (Csutcb), que se opuso a la Ley INRA, calificada como “ley maldita” y su aplicación por razones políticas y porque se automarginaron de la discusión de la norma en 1996.Datos
Las cifras del INRA, difundidas recientemente, muestran que aunque hubo avance en el saneamiento en tierras altas durante la actual gestión gubernamental, hay gran diferencia con lo logrado en tierras bajas.
Por ejemplo, mientras en Santa Cruz, Beni y Pando fueron saneadas y tituladas, durante el período 2006-2009, 22.551.6 85 hectáreas, en La Paz, Oruro y Potosí la cifra llegó a 6.163.567 he ctáreas.
El informe de la Fundación Tierra señala que “este avance en el oriente obedece al hecho de que la forma de propiedad TCO no entró en conflicto con el sistema de tenencia y uso de la tierra de la mayoría de los pueblos indígenas de tierras bajas beneficiarias de este proceso”.
Colque aclara que si bien la mayoría de los pobladores de tierras altas viven en comunidades, si el INRA otorga título colectivo esto obliga a las familias campesinas e indígenas a renunciar a su título familiar, a los papeles que respaldan la tenencia de sus parcelas.
“Uno obliga a sacrificar el otro. En este momento la ley obliga a las familias campesinas e indígenas a optar por la titulación individual o la titulación colectiva de manera excluyente, cuando en la realidad ambos tipos de propiedad coexisten”, añade.
El director de la Fundación Tierra explica que la ley de Reconducción Comunitaria no resuelve este dilema. “Afortunadamente, la nueva Cons titución Política sí reconoce esta complementariedad, lo que es un avance que otorgaría a la comunidad poder político, protección y cohesión social y, al mismo tiempo, resolver conflictos entre familias reconociendo el derecho de propiedad individual, familiar o en copropiedad”, concluye.
0 comentarios:
Publicar un comentario