La capitanía guaraní Takovo Mora habría exigido una compensación de 37 millones de dólares para dar su visto bueno a la construcción de la planta separadora de líquidos de Río Grande en Santa Cruz, monto que inviabiliza el proyecto, dijo ayer el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas.
“La APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) exige 1 millón de bolivianos para suscribir el convenio de validación, luego pide una compensación de 3 millones de dólares; un pago de servidumbre por 540 mil dólares durante el ciclo del proyecto de 20 años aproximadamente; una inversión social anual de 1 millón de dólares durante cada año en los 20 años, además de un pago único de 1.900.000 por monitoreo socio ambiental. Todo esto en forma agregada asciende a 37 millones que prácticamente inviabilizan el desarrollo de este proyecto de interés nacional”, indicó, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la petrolera estatal.
La Confed eración de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), en una resolución emitida ayer, indicó que el problema está relacionado con la supuesta apropiación por YPFB de territorios ancestrales del pueblo guaraní.
Los representantes de los pueblos de tierras bajas exigieron al Estado “la devolución del territorio ancestral del pueblo guaraní Takovo Mora por parte del INRA así como la implementación de la consulta libre, previa e informada para la construcción de la separadora de líquidos”.Consulta
Para Villegas, en este caso no corresponde un mecanismo de consulta y participación pues el fallo del Tribunal Agrario Nacional ratificó la Resolución Suprema del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en sentido de que los predios dispuestos para la construcción del complejo no se encontrarían dentro de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
“Por la resolución del Tribunal Agrario Nacional de carácter inapelable no necesitamos realizar la consulta y participación porque el Tribunal ha definido tierra fiscal no disp onible a favor de YPFB, en consecuencia esas tierras son de Yacimientos y se actúa en marco de la normativa legal vigente”, agregó Villegas.
La Resolución Suprema de Saneamiento 5788 de fecha 10 de agosto de 2011 fue firmada por el presidente interino Álvaro García Linera
“La APG (Asamblea del Pueblo Guaraní) exige 1 millón de bolivianos para suscribir el convenio de validación, luego pide una compensación de 3 millones de dólares; un pago de servidumbre por 540 mil dólares durante el ciclo del proyecto de 20 años aproximadamente; una inversión social anual de 1 millón de dólares durante cada año en los 20 años, además de un pago único de 1.900.000 por monitoreo socio ambiental. Todo esto en forma agregada asciende a 37 millones que prácticamente inviabilizan el desarrollo de este proyecto de interés nacional”, indicó, de acuerdo con un comunicado de prensa difundido por la petrolera estatal.
La Confed eración de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), en una resolución emitida ayer, indicó que el problema está relacionado con la supuesta apropiación por YPFB de territorios ancestrales del pueblo guaraní.
Los representantes de los pueblos de tierras bajas exigieron al Estado “la devolución del territorio ancestral del pueblo guaraní Takovo Mora por parte del INRA así como la implementación de la consulta libre, previa e informada para la construcción de la separadora de líquidos”.Consulta
Para Villegas, en este caso no corresponde un mecanismo de consulta y participación pues el fallo del Tribunal Agrario Nacional ratificó la Resolución Suprema del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en sentido de que los predios dispuestos para la construcción del complejo no se encontrarían dentro de una Tierra Comunitaria de Origen (TCO).
“Por la resolución del Tribunal Agrario Nacional de carácter inapelable no necesitamos realizar la consulta y participación porque el Tribunal ha definido tierra fiscal no disp onible a favor de YPFB, en consecuencia esas tierras son de Yacimientos y se actúa en marco de la normativa legal vigente”, agregó Villegas.
La Resolución Suprema de Saneamiento 5788 de fecha 10 de agosto de 2011 fue firmada por el presidente interino Álvaro García Linera
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