Después de un año sin medidas relacionadas, la Fundación Milenio advirtió que al parecer en 2012 se inició una segunda etapa de estatizaciones en el país después de que el Gobierno decretó la expropiación de acciones de la petrolera Pan American Energy (PAE) y anunció que hará lo mismo con la mina Himalaya de propiedad de la Empresa Minera Barrosquira.
En su Informe Nacional de Coyuntura 131, la entidad explicó que 2011 transcurrió sin decretos de estatización y el 1 de mayo sólo fue aprobada la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo 21060.
Sin embargo, agregó, este año el Gobierno retomó el curso y comenzó el año expropiando las acciones de PAE a favor de YPFB Chaco. El argumento del Gobierno es que la empresa no cumplió con la inversión acordada por lo que se procedió con la cesión obligatoria el pasado 24 de enero.
La Fundación Milenio recordó que recientemente el Ejecutivo anunció que en los próximos días se procedería con la expropiación de la mina Himalaya.Perjuicio
En el informe, la organización destacó que si bien en el corto plazo una nacionalización puede presentar beneficios para el Tesoro General de la Nación (TGN) por un incremento en los ingresos, en el largo plazo las consecuencias pueden ser bastante perjudiciales.
“Para que una economía se desarrolle en cualquier parte del mundo se requiere de inversión privada nacional y extranjera, por lo cual se necesita de un marco institucional coherente, estable y de seguridad jurídica. Lamentablemente con las constantes estatizaciones Bolivia está dando señales contrarias a la inversión en general”, explicó la fundación.
El documento recuerda que ya serían 15 las empresas estatizadas entre 2006 y 2012 y que es posible que más compañías se sumen a la lista.
“El Gobierno del presidente Evo Morales tiene la idea de que debe ‘recuperar’ las empresas que fueron vendidas a las t ransnacionales en detrimento del pueblo boliviano, por lo que no serí a de extrañar que en los próximos meses se estaticen nuevas empresas”, agrega.
La Fundación Milenio informó que no se tiene un monto claro de cuánto se debe a todas estas empresas aunque en algunos casos ya se llegó a un acuerdo. Existe una larga lista de empresas en proceso de conciliación y otras que ya presentaron su demanda ante tribunales internacionales.
En su Informe Nacional de Coyuntura 131, la entidad explicó que 2011 transcurrió sin decretos de estatización y el 1 de mayo sólo fue aprobada la eliminación completa de toda disposición o consideración legal fundamentada en el Decreto Supremo 21060.
Sin embargo, agregó, este año el Gobierno retomó el curso y comenzó el año expropiando las acciones de PAE a favor de YPFB Chaco. El argumento del Gobierno es que la empresa no cumplió con la inversión acordada por lo que se procedió con la cesión obligatoria el pasado 24 de enero.
La Fundación Milenio recordó que recientemente el Ejecutivo anunció que en los próximos días se procedería con la expropiación de la mina Himalaya.Perjuicio
En el informe, la organización destacó que si bien en el corto plazo una nacionalización puede presentar beneficios para el Tesoro General de la Nación (TGN) por un incremento en los ingresos, en el largo plazo las consecuencias pueden ser bastante perjudiciales.
“Para que una economía se desarrolle en cualquier parte del mundo se requiere de inversión privada nacional y extranjera, por lo cual se necesita de un marco institucional coherente, estable y de seguridad jurídica. Lamentablemente con las constantes estatizaciones Bolivia está dando señales contrarias a la inversión en general”, explicó la fundación.
El documento recuerda que ya serían 15 las empresas estatizadas entre 2006 y 2012 y que es posible que más compañías se sumen a la lista.
“El Gobierno del presidente Evo Morales tiene la idea de que debe ‘recuperar’ las empresas que fueron vendidas a las t ransnacionales en detrimento del pueblo boliviano, por lo que no serí a de extrañar que en los próximos meses se estaticen nuevas empresas”, agrega.
La Fundación Milenio informó que no se tiene un monto claro de cuánto se debe a todas estas empresas aunque en algunos casos ya se llegó a un acuerdo. Existe una larga lista de empresas en proceso de conciliación y otras que ya presentaron su demanda ante tribunales internacionales.
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