Atenas |Mientras el Gobierno griego se hallaba ayer a puertas de lograr un acuerdo sobre los recortes exigidos para que el país reciba un nuevo préstamo internacional y evitar la quiebra económica, los dos grandes sindicatos laborales lograron paralizar el país con sus medidas contra la austeridad.
Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE), conocidos como “la troika”, llegaron ayer a “principios de acuerdo” con el Gobierno de Atenas, que dirige Lukás Papadimos, pero las decisiones finales fueron pospuestas para hoy.
También falta que los líderes de los partidos políticos que forman el gabinete de coalición (socialdemócratas, conservadores y ultraderecha) den su visto bueno a los acuerdos.
La primera huelga general del año se registró ayer contra la reducción de salarios, pensiones y gasto social que exige la troika a Atenas a cambio del nuevo préstamo.
El princi pal sindicato de trabajadores del sector privado, GSEE, ha denunciado las demandas de la troika como un "chantaje" que condena a Grecia a "la pobreza".
Las nuevas medidas de austeridad "privarán de recursos a los servicios públicos", especialmente la sanidad y la educación, criticó Adedy.
La presión tanto del extranjero como del país aumentaba para decidir si el Gobierno acepta las severas medidas de austeridad que le permitiría recibir un segundo plan de rescate de 130.000 millones de euros (170.000 millones de dólares) y evitar con ello la bancarrota.
Representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (CE), conocidos como “la troika”, llegaron ayer a “principios de acuerdo” con el Gobierno de Atenas, que dirige Lukás Papadimos, pero las decisiones finales fueron pospuestas para hoy.
También falta que los líderes de los partidos políticos que forman el gabinete de coalición (socialdemócratas, conservadores y ultraderecha) den su visto bueno a los acuerdos.
La primera huelga general del año se registró ayer contra la reducción de salarios, pensiones y gasto social que exige la troika a Atenas a cambio del nuevo préstamo.
El princi pal sindicato de trabajadores del sector privado, GSEE, ha denunciado las demandas de la troika como un "chantaje" que condena a Grecia a "la pobreza".
Las nuevas medidas de austeridad "privarán de recursos a los servicios públicos", especialmente la sanidad y la educación, criticó Adedy.
La presión tanto del extranjero como del país aumentaba para decidir si el Gobierno acepta las severas medidas de austeridad que le permitiría recibir un segundo plan de rescate de 130.000 millones de euros (170.000 millones de dólares) y evitar con ello la bancarrota.
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