La Empresa Minera Himalaya Ltda (EMH) informó ayer que remitió una nota oficial a las autoridades de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y del Ministerio de Minería impugnando la validez legal de la recientemente firmada “Acta de Reunión” por la que el Gobierno avala la toma del yacimiento de wólfram que la compañía exploraba desde hace más de 20 años y transfiere derechos sobre la mina a avasalladores.
En un comunicado, EMH indicó que —en su criterio— el acta debería ser anulada en cumplimiento de la Constitución, las leyes del sector y el Contrato de Arrendamiento, y agregó que se presentaron “descargos documentados a las apreciaciones incorrectas establecidas en la auditoría externa al contrato, realizada por la Empresa Consultora Wilde y Asociados en noviembre del año 2010”.
“Se cuenta con todo el respaldo jurídico y técnico para desvirtuar falsas declaraciones y apreciaciones incorrectas de los interesados en la res olución del contrato. La empresa ha tenido una conducta contractual correcta durante todo el tiempo del contrato de arrendamiento con Comibol, cumpliendo todas y cada una de sus obligaciones”, explicó el asesor jurídico de la empresa, Raúl Azurduy.Restitución
Luego de una reunión de Directorio, la minera privada también hizo conocer su “confianza plena” en que el Estado boliviano le restablecerá sus derechos constitucionales que pretenden ser violados.
El asesor jurídico aseguró que existen las resoluciones multiministeriales a favor de la solución al problema mediante la migración a un contrato de riesgo compartido. Es por esto que la empresa espera que el Gobierno concrete la devolución de la mina a sus legítimos poseedores —en calidad de arrendamiento— dando así cumplimiento de las obligaciones de garantía que tiene el Estado.
Azurduy dijo que se están violando los derechos “al trabajo de las familias afectadas, a la in dustria, a la propiedad privada, a la seguridad jurídica, a la libert ad de empresa, a la inversión privada”.
En un comunicado, EMH indicó que —en su criterio— el acta debería ser anulada en cumplimiento de la Constitución, las leyes del sector y el Contrato de Arrendamiento, y agregó que se presentaron “descargos documentados a las apreciaciones incorrectas establecidas en la auditoría externa al contrato, realizada por la Empresa Consultora Wilde y Asociados en noviembre del año 2010”.
“Se cuenta con todo el respaldo jurídico y técnico para desvirtuar falsas declaraciones y apreciaciones incorrectas de los interesados en la res olución del contrato. La empresa ha tenido una conducta contractual correcta durante todo el tiempo del contrato de arrendamiento con Comibol, cumpliendo todas y cada una de sus obligaciones”, explicó el asesor jurídico de la empresa, Raúl Azurduy.Restitución
Luego de una reunión de Directorio, la minera privada también hizo conocer su “confianza plena” en que el Estado boliviano le restablecerá sus derechos constitucionales que pretenden ser violados.
El asesor jurídico aseguró que existen las resoluciones multiministeriales a favor de la solución al problema mediante la migración a un contrato de riesgo compartido. Es por esto que la empresa espera que el Gobierno concrete la devolución de la mina a sus legítimos poseedores —en calidad de arrendamiento— dando así cumplimiento de las obligaciones de garantía que tiene el Estado.
Azurduy dijo que se están violando los derechos “al trabajo de las familias afectadas, a la in dustria, a la propiedad privada, a la seguridad jurídica, a la libert ad de empresa, a la inversión privada”.
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