Madrid |
El pasado martes se cumplieron seis meses desde que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció la expropiación del 51 por ciento de las acciones que Repsol poseía en YPF. Desde entonces, los títulos de YPF en Wall Street han caído a casi la mitad de su valor, las importaciones de combustible entre mayo y agosto crecieron un 35 por ciento respecto al mismo periodo de 2011, y la nueva dirección de la empresa ha subido en dos ocasiones el precio de los combustibles. Y el Gobierno aún no ha conseguido que ninguna multinacional extranjera aporte capital a los yacimientos de Vaca Muerta que pretendía explotar Repsol, reseñó ayer el diario El País.
La semana pasada la procuradora, Angelina M. E. Abbona, envió una carta a Repsol donde anunciaba: “Argentina ha expresado a las autoridades de la OCDE su oposición absoluta al tratamiento de la cuestión en este foro. En estas circunstancias corresponde posponer el mantenimiento de consultas amistosas hast a que el reino de España y la Unión Europea desistan de realizar reclamaciones internacionales respecto a las diferencias invocadas con YPF”.
“Esa carta pone en evidencia la falta de ganas de hablar que tiene el Gobierno”, indica un abogado de la compañía.
“Hasta octubre no nos ofrecieron la posibilidad de un encuentro. Y qué casualidad que cuando ya se iba acercando la fecha, recibimos esta carta en la que se deniega incluso la reunión, esa formalidad mínima de cortesía elemental que no cuesta nada. Hemos afrontado procesos de expropiaciones o nacionalizaciones en Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Pero siempre hubo compensaciones por parte de los Estados. En el caso de Argentina, no hay el mínimo interés por alcanzar un acuerdo. Por eso creemos que más que de expropiación debería hablarse de confiscación”, dice el abogado. Tras la expiración del plazo para conseguir un acuerdo amistoso, que concluye el 10 de noviembre, la ley prevé ot ro periodo de 18 meses para solventar la cuestión ante los tribunales argentinos.
El pasado martes se cumplieron seis meses desde que la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, anunció la expropiación del 51 por ciento de las acciones que Repsol poseía en YPF. Desde entonces, los títulos de YPF en Wall Street han caído a casi la mitad de su valor, las importaciones de combustible entre mayo y agosto crecieron un 35 por ciento respecto al mismo periodo de 2011, y la nueva dirección de la empresa ha subido en dos ocasiones el precio de los combustibles. Y el Gobierno aún no ha conseguido que ninguna multinacional extranjera aporte capital a los yacimientos de Vaca Muerta que pretendía explotar Repsol, reseñó ayer el diario El País.
La semana pasada la procuradora, Angelina M. E. Abbona, envió una carta a Repsol donde anunciaba: “Argentina ha expresado a las autoridades de la OCDE su oposición absoluta al tratamiento de la cuestión en este foro. En estas circunstancias corresponde posponer el mantenimiento de consultas amistosas hast a que el reino de España y la Unión Europea desistan de realizar reclamaciones internacionales respecto a las diferencias invocadas con YPF”.
“Esa carta pone en evidencia la falta de ganas de hablar que tiene el Gobierno”, indica un abogado de la compañía.
“Hasta octubre no nos ofrecieron la posibilidad de un encuentro. Y qué casualidad que cuando ya se iba acercando la fecha, recibimos esta carta en la que se deniega incluso la reunión, esa formalidad mínima de cortesía elemental que no cuesta nada. Hemos afrontado procesos de expropiaciones o nacionalizaciones en Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Pero siempre hubo compensaciones por parte de los Estados. En el caso de Argentina, no hay el mínimo interés por alcanzar un acuerdo. Por eso creemos que más que de expropiación debería hablarse de confiscación”, dice el abogado. Tras la expiración del plazo para conseguir un acuerdo amistoso, que concluye el 10 de noviembre, la ley prevé ot ro periodo de 18 meses para solventar la cuestión ante los tribunales argentinos.
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