Considerando el carácter temporal y de duración limitada que tiene la ley financial, que da vigencia legal al Presupuesto General del Estado (PGE), juristas ven que el PGE 2013 introduce modificaciones a 12 leyes, entre ellas la de Pensiones, Aduanas y el Código Tributario, y extiende la vigencia de otras ocho que tenían plazos determinados.
Esta reforma a leyes de rango superior es cuestionada pues supone una infracción a la Constitución Política del Estado (CPE) según los especialistas José Antonio Rivera y Víctor Gutiérrez.
El PGE es elaborado por el Ministerio de Economía en base a lo propuesto por organismos públicos, después aprobado en gabinete y analizado por la Asamblea Legislativa para su aprobación antes de ser promulgado. El PGE 2013 ya fue aprobado en Diputados y Senadores.
En los últimos años, la ley financial incluyó modificaciones a otras leyes, incluso a normas de rango superior. Es el caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Banco Central de Bolivi a (BCB), que fue modificada en anteriores gestiones para que el BCB otorgue créditos a empresas públicas, algo expresamente prohibido. El PGE 2013 nuevamente autoriza al BCB a dar crédito a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
Entre los ejemplos, también se puede citar la modificación a la Ley de Pensiones pues el PGE 2013 establece en una disposición adicional que los jubilados que recibían cifras más altas deben sufrir una transferencia de hecho a los que reciben menos.
En el caso de la Ley de aduanas y del Código Tributario, una disposición transitoria permite la entrega gratuita de bienes decomisados en hechos ilícitos a los Ministerios de la Presidencia y de Salud, eliminando un artículo del Código Tributario sobre la subasta. La disposición es transitoria, pero el artículo sobre la subasta sería eliminado de forma permanente en el Código Tributario.
Al respecto, Rivera señala que las modificaciones son un desconocimiento de la jerarquía y estructura n ormativa del ordenamiento jurídico boliviano.
Explica que la modif icación a la Ley de Pensiones es una acción “confiscatoria” pues se debe recibir la jubilación en función a lo ahorrado y el Estado no puede hacer transferencias del dinero de los aportantes; respecto al crédito autorizado al BCB para ENDE, afirma que sólo puede efectuarse modificando la Ley de Bancos y modificar el Código Tributario para eliminar la subasta de bienes decomisados en ilícitos necesita otra ley específica. Además, para subastar bienes decomisados se precisa una resolución judicial ejecutoriada que disponga una pena para sus propietarios, confirmando la ilicitud de lo decomisado.
Por otra parte, el débito de las cuentas municipales de recursos no ejecutados en tareas de seguridad ciudadana es visto por Rivera como una violación a la autonomía municipal
Todas estas disposiciones, dice, son “infracciones” a la CPE.
Gutiérrez las califica como “violaciones” a la CPE y añade que quienes se sientan afectados por una norma contraria a la Constitución pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad del PGE ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El PGE 2013 también autoriza, entre otras disposiciones, una nueva emisión internacional de bonos, la construcción del nuevo edificio de la
Asamblea Legislativa y el impulso a la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo con la construcción de la vía férrea a Montero.
Si bien hay otras disposiciones que modifican otras leyes, los ejemplos citados muestran que la ley del PGE es una de las más importantes, pero genera poca atención y escaso debate, a pesar de que determina el uso de los recursos fiscales.
Esta reforma a leyes de rango superior es cuestionada pues supone una infracción a la Constitución Política del Estado (CPE) según los especialistas José Antonio Rivera y Víctor Gutiérrez.
El PGE es elaborado por el Ministerio de Economía en base a lo propuesto por organismos públicos, después aprobado en gabinete y analizado por la Asamblea Legislativa para su aprobación antes de ser promulgado. El PGE 2013 ya fue aprobado en Diputados y Senadores.
En los últimos años, la ley financial incluyó modificaciones a otras leyes, incluso a normas de rango superior. Es el caso, por ejemplo, de la Ley Orgánica del Banco Central de Bolivi a (BCB), que fue modificada en anteriores gestiones para que el BCB otorgue créditos a empresas públicas, algo expresamente prohibido. El PGE 2013 nuevamente autoriza al BCB a dar crédito a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
Entre los ejemplos, también se puede citar la modificación a la Ley de Pensiones pues el PGE 2013 establece en una disposición adicional que los jubilados que recibían cifras más altas deben sufrir una transferencia de hecho a los que reciben menos.
En el caso de la Ley de aduanas y del Código Tributario, una disposición transitoria permite la entrega gratuita de bienes decomisados en hechos ilícitos a los Ministerios de la Presidencia y de Salud, eliminando un artículo del Código Tributario sobre la subasta. La disposición es transitoria, pero el artículo sobre la subasta sería eliminado de forma permanente en el Código Tributario.
Al respecto, Rivera señala que las modificaciones son un desconocimiento de la jerarquía y estructura n ormativa del ordenamiento jurídico boliviano.
Explica que la modif icación a la Ley de Pensiones es una acción “confiscatoria” pues se debe recibir la jubilación en función a lo ahorrado y el Estado no puede hacer transferencias del dinero de los aportantes; respecto al crédito autorizado al BCB para ENDE, afirma que sólo puede efectuarse modificando la Ley de Bancos y modificar el Código Tributario para eliminar la subasta de bienes decomisados en ilícitos necesita otra ley específica. Además, para subastar bienes decomisados se precisa una resolución judicial ejecutoriada que disponga una pena para sus propietarios, confirmando la ilicitud de lo decomisado.
Por otra parte, el débito de las cuentas municipales de recursos no ejecutados en tareas de seguridad ciudadana es visto por Rivera como una violación a la autonomía municipal
Todas estas disposiciones, dice, son “infracciones” a la CPE.
Gutiérrez las califica como “violaciones” a la CPE y añade que quienes se sientan afectados por una norma contraria a la Constitución pueden interponer un recurso de inconstitucionalidad del PGE ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
El PGE 2013 también autoriza, entre otras disposiciones, una nueva emisión internacional de bonos, la construcción del nuevo edificio de la
Asamblea Legislativa y el impulso a la planta de urea y amoniaco de Bulo Bulo con la construcción de la vía férrea a Montero.
Si bien hay otras disposiciones que modifican otras leyes, los ejemplos citados muestran que la ley del PGE es una de las más importantes, pero genera poca atención y escaso debate, a pesar de que determina el uso de los recursos fiscales.
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