Criterios encontrados mereció ayer el proyecto de ley impulsado por el Órgano Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el contrabando mediante la creación de un consejo para el desarrollo fronterizo y seguridad, que tendrá como coordinador al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
Para el analista económico Napoleón Pacheco, el proyecto de ley contra el contrabando “es un nuevo saludo a la bandera destinado al fracaso”, mientras que para el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, se trata de una “medida necesaria destinada a controlar esa ilegal actividad”.
Según Pacheco, mientras no se eleven los precios de carburantes a nivel internacional y en la medida en que continúen los precios subvencionados, prohibición para exportaciones, e incrementos en precios de alimentos, “el incentivo para el contrabando continuará”.
Respecto al “incentivo” para las personas y comu nidades que denuncien la actividad ilícita, señaló que tendrá relativo éxito en el interior del país pero fracasará en comunidades en las que el 90 por ciento de sus miembros está involucrado y vive del contrabando.
En cambio, para el gerente general del IBCE, toda iniciativa destinada a combatir el contrabando tanto en su vertiente de salida ilegal de productos como de ingreso de mercaderías que desplazan a la producción nacional será siempre bienvenida con el beneficio de la duda.
Refirió que “es de esperar que ese consejo efectivamente cumpla sus funciones y que su accionar se traduzca en una disminución de los productos que ingresan y salen ilegalmente del país por cientos de millones de dólares al año”.
Gary Rodríguez dijo que el IBCE se siente interpretado por el proyecto de ley, que toma en cuenta dos de cuatro medias sugeridas hace dos meses al Ejecutivo: la retribución económica a personas y a comunarios denunciantes de contrabando.
Abogó por que el Gobierno considere las otras dos sugerencias relacionadas con el mejoramiento de sueldos y salarios de funcionarios de los COA y de cargos jerárquicos de la Aduana Nacional por encima del que percibe el presidente Morales, y el incremento del presupuesto de la Aduana y de los COA con 20 por ciento de toda la mercaría incautada destinada a mejorar tecnología, adquirir pertrechos adecuados y otros.
Para el analista económico Napoleón Pacheco, el proyecto de ley contra el contrabando “es un nuevo saludo a la bandera destinado al fracaso”, mientras que para el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, se trata de una “medida necesaria destinada a controlar esa ilegal actividad”.
Según Pacheco, mientras no se eleven los precios de carburantes a nivel internacional y en la medida en que continúen los precios subvencionados, prohibición para exportaciones, e incrementos en precios de alimentos, “el incentivo para el contrabando continuará”.
Respecto al “incentivo” para las personas y comu nidades que denuncien la actividad ilícita, señaló que tendrá relativo éxito en el interior del país pero fracasará en comunidades en las que el 90 por ciento de sus miembros está involucrado y vive del contrabando.
En cambio, para el gerente general del IBCE, toda iniciativa destinada a combatir el contrabando tanto en su vertiente de salida ilegal de productos como de ingreso de mercaderías que desplazan a la producción nacional será siempre bienvenida con el beneficio de la duda.
Refirió que “es de esperar que ese consejo efectivamente cumpla sus funciones y que su accionar se traduzca en una disminución de los productos que ingresan y salen ilegalmente del país por cientos de millones de dólares al año”.
Gary Rodríguez dijo que el IBCE se siente interpretado por el proyecto de ley, que toma en cuenta dos de cuatro medias sugeridas hace dos meses al Ejecutivo: la retribución económica a personas y a comunarios denunciantes de contrabando.
Abogó por que el Gobierno considere las otras dos sugerencias relacionadas con el mejoramiento de sueldos y salarios de funcionarios de los COA y de cargos jerárquicos de la Aduana Nacional por encima del que percibe el presidente Morales, y el incremento del presupuesto de la Aduana y de los COA con 20 por ciento de toda la mercaría incautada destinada a mejorar tecnología, adquirir pertrechos adecuados y otros.
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