Un grupo de docentes universitarios y trabajadores que asistieron a un foro para analizar y proponer enmiendas sobre el proyecto de Ley General de Pensiones criticaron la propuesta, ayer por la tarde en instalaciones de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
En el foro participaron representantes del Viceministerio de Pensiones, de la Federación Departamental de Educación Urbana de Cochabamba, de la Central Obrera Departamental, de los Jubilados de la Asociación de la Banca Privada y de la AFP Previsión.
Algunos de los asistentes discutieron con el técnico de la Ley de Pensiones, Romy López, debido a que éste no respondió satisfactoriamente muchas dudas planteadas por los participantes.
El presidente de la Asociación de Jubilados, Carlos Quiroga Blanco, dijo que la nueva propuesta de Ley de Pensiones clasifica en tres categorías sociales a los aportes. “La primera son los contribuyentes, la segunda los no contribuyentes y con esta Ley se crea una nueva que s on los “semicontribuyentes” que se beneficiarían con la pensión solidaria”, precisó.
Quiroga dijo que el problema es que van a ingresar al sistema de pensiones cerca de 3 millones de “semicontribuyentes”, razón por la cual la propuesta condena a la gran mayoría a tener jubilaciones miserables.
El dirigente del Magisterio Urbano, Vladimir Mendoza, explicó que su sector plantea que la jubilación no debe ser descargada del aporte individual del trabajador y que debe ser financiada por el empleador, pero principalmente por el Estado, debido a que contribuyeron a la nación y a su desarrollo. El dirigente también criticó el hecho de que la “pensión solidaria” se pretenda financiar con el 3 por ciento de aportación que cada empleado debe realizar.
El técnico de la Ley de Pensiones, Romy López, indicó que con esta propuesta se beneficiaría el 82 por ciento de los trabajadores bolivianos que cuenta con salarios mínimos y explicó que en el proyecto se fijan límites inferiores, dependiendo los años trab ajados y entregados al sistema de reparto. “Por ejemplo, con 20 años un trabajador percibiría un sueldo de 1.340 bolivianos, pero con esta ley percibirán 1.540 bolivianos”.
En el foro participaron representantes del Viceministerio de Pensiones, de la Federación Departamental de Educación Urbana de Cochabamba, de la Central Obrera Departamental, de los Jubilados de la Asociación de la Banca Privada y de la AFP Previsión.
Algunos de los asistentes discutieron con el técnico de la Ley de Pensiones, Romy López, debido a que éste no respondió satisfactoriamente muchas dudas planteadas por los participantes.
El presidente de la Asociación de Jubilados, Carlos Quiroga Blanco, dijo que la nueva propuesta de Ley de Pensiones clasifica en tres categorías sociales a los aportes. “La primera son los contribuyentes, la segunda los no contribuyentes y con esta Ley se crea una nueva que s on los “semicontribuyentes” que se beneficiarían con la pensión solidaria”, precisó.
Quiroga dijo que el problema es que van a ingresar al sistema de pensiones cerca de 3 millones de “semicontribuyentes”, razón por la cual la propuesta condena a la gran mayoría a tener jubilaciones miserables.
El dirigente del Magisterio Urbano, Vladimir Mendoza, explicó que su sector plantea que la jubilación no debe ser descargada del aporte individual del trabajador y que debe ser financiada por el empleador, pero principalmente por el Estado, debido a que contribuyeron a la nación y a su desarrollo. El dirigente también criticó el hecho de que la “pensión solidaria” se pretenda financiar con el 3 por ciento de aportación que cada empleado debe realizar.
El técnico de la Ley de Pensiones, Romy López, indicó que con esta propuesta se beneficiaría el 82 por ciento de los trabajadores bolivianos que cuenta con salarios mínimos y explicó que en el proyecto se fijan límites inferiores, dependiendo los años trab ajados y entregados al sistema de reparto. “Por ejemplo, con 20 años un trabajador percibiría un sueldo de 1.340 bolivianos, pero con esta ley percibirán 1.540 bolivianos”.
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