Los abogados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) fueron acusados ayer de presionar al exfuncionario de la estatal petrolera, Agustín Ugarte, para que declare, denunció su abogado José Miguel Aparicio. Sin embargo, la asesora legal de YPFB, Mónica Ramírez, negó las acusaciones en su contra.
Los exfuncionarios de YPFB, Ugarte y Gerson Rojas, están detenidos en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre la licitación y adjudicación de las plantas Río Grande y_Gran Chaco, ambos proyectos valuados en un total de 700 millones de dólares.
Por su parte, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, presentó ayer un informe oral ante la Comisión de Economía Plural del Senado, en una sesión que se desarrolló a puerta cerrada y en la que se conoce que respondió a 26 preguntas para aclarar el ingreso de Jorge Ortiz a la presidencia de YPFB Andina y de Rafael Martínez a YPFB Chaco, informó el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sos a, citado por ABI.
Respecto a la reserva de las declaraciones, el abogado constitucionalista Víctor Gutiérrez señaló ayer a este medio que esa determinación sólo corresponde cuando la sesión camaral va a abordar temas relacionados con la seguridad del Estado; por tanto, en este caso, no correspondía.
“Está claro que se determinó la reserva para proteger a Villegas y para que la gente no conozca a detalle sobre este caso de corrupción. No es correcto ni legal, pero se determinó así porque se trata de un correligionario importante”, dijo Gutiérrez.
Denuncia de abogado
Acerca de las denuncias contra YPFB, las declaraciones del abogado Aparicio, a las que tuvo acceso El Deber, señalan que su defendido (Ugarte) le manifestó que “en su declaración estaba el Dr. Marco_Antonio Rodríguez y la Dra. Mónica Ramírez, los cuales insistentemente le manifestaron que realizara la declaración y que lo iban a colaborar después de la misma”.
Al respecto, Ramírez sostuvo que tiene pruebas de que en el día y l a hora de la declaración de Ugarte estaba en La Paz, entonces no podía estar presente como afirmó Aparicio. “Si solicitan fotos a los policías de la Fiscalía en Santa Cruz, verán quiénes estaban presentes cuando declaró, porque yo estaba de viaje”, afirmó.
Ugarte se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro, en el altiplano paceño.
La asesora legal de YPFB indicó que todas las declaraciones del abogado de Ugarte son falsas y mencionó que en el documento al que tuvo acceso identificó hasta más de 40 contradicciones.
Por ejemplo, el lunes 5 de agosto Aparicio dijo que su defendido recibió presiones del Ministerio Público y la Policía, pero el jueves aseguró que fue intimidado por los abogados de YPFB.
Otra de las observaciones de Ramírez tiene que ver con el traslado de Ugarte a La Paz. “Él (Aparicio) dijo que se adhirieron al pedido de YPFB, pero no hay un solo documento”, explicó.
Asimismo, la asesora legal negó que tuvi era una amistad íntima con Aparicio. “No soy amiga de quien está al margen de la ley”, afirmó.
Mientras, Aparicio considera que él no es la parte principal del proceso y que no cometió delito.
El Deber intentó conversar con los fiscales asignados al caso, pero no estaban en sus oficinas ni contestaron a sus teléfonos.
En la Fiscalía indicaron a la periodista que sólo los acusados o las víctimas pueden acceder al cuadernillo de investigaciones.
Los exfuncionarios de YPFB, Ugarte y Gerson Rojas, están detenidos en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía sobre la licitación y adjudicación de las plantas Río Grande y_Gran Chaco, ambos proyectos valuados en un total de 700 millones de dólares.
Por su parte, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, presentó ayer un informe oral ante la Comisión de Economía Plural del Senado, en una sesión que se desarrolló a puerta cerrada y en la que se conoce que respondió a 26 preguntas para aclarar el ingreso de Jorge Ortiz a la presidencia de YPFB Andina y de Rafael Martínez a YPFB Chaco, informó el ministro de Hidrocarburos, Juan José Sos a, citado por ABI.
Respecto a la reserva de las declaraciones, el abogado constitucionalista Víctor Gutiérrez señaló ayer a este medio que esa determinación sólo corresponde cuando la sesión camaral va a abordar temas relacionados con la seguridad del Estado; por tanto, en este caso, no correspondía.
“Está claro que se determinó la reserva para proteger a Villegas y para que la gente no conozca a detalle sobre este caso de corrupción. No es correcto ni legal, pero se determinó así porque se trata de un correligionario importante”, dijo Gutiérrez.
Denuncia de abogado
Acerca de las denuncias contra YPFB, las declaraciones del abogado Aparicio, a las que tuvo acceso El Deber, señalan que su defendido (Ugarte) le manifestó que “en su declaración estaba el Dr. Marco_Antonio Rodríguez y la Dra. Mónica Ramírez, los cuales insistentemente le manifestaron que realizara la declaración y que lo iban a colaborar después de la misma”.
Al respecto, Ramírez sostuvo que tiene pruebas de que en el día y l a hora de la declaración de Ugarte estaba en La Paz, entonces no podía estar presente como afirmó Aparicio. “Si solicitan fotos a los policías de la Fiscalía en Santa Cruz, verán quiénes estaban presentes cuando declaró, porque yo estaba de viaje”, afirmó.
Ugarte se encuentra detenido en el penal de Chonchocoro, en el altiplano paceño.
La asesora legal de YPFB indicó que todas las declaraciones del abogado de Ugarte son falsas y mencionó que en el documento al que tuvo acceso identificó hasta más de 40 contradicciones.
Por ejemplo, el lunes 5 de agosto Aparicio dijo que su defendido recibió presiones del Ministerio Público y la Policía, pero el jueves aseguró que fue intimidado por los abogados de YPFB.
Otra de las observaciones de Ramírez tiene que ver con el traslado de Ugarte a La Paz. “Él (Aparicio) dijo que se adhirieron al pedido de YPFB, pero no hay un solo documento”, explicó.
Asimismo, la asesora legal negó que tuvi era una amistad íntima con Aparicio. “No soy amiga de quien está al margen de la ley”, afirmó.
Mientras, Aparicio considera que él no es la parte principal del proceso y que no cometió delito.
El Deber intentó conversar con los fiscales asignados al caso, pero no estaban en sus oficinas ni contestaron a sus teléfonos.
En la Fiscalía indicaron a la periodista que sólo los acusados o las víctimas pueden acceder al cuadernillo de investigaciones.
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