El ministro de Gobierno, Carlos Romero, desmintió ayer la denuncia del viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, quien el pasado 21 de agosto denunció ante el Ministerio Público de Potosí que un efectivo policial habría sido secuestrado por cooperativistas mineros en el yacimiento minero de Mallku Khota.
“Se denunció que había sido secuestrado un policía, qué sé yo, de que había tensión y violencia potencial en la zona. Eso ha sido descartado. Esa información no correspondía a la verdad. No tenemos ningún policía secuestrado. Obviamente tenemos preocupación, nunca vamos hablar de distensionamiento total en la zona”, dijo ayer Romero.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Miguel Pérez, informó, por su parte, que en versión de los seis ayllus de Mallku Khota no se registraron esos hechos (agresión a los policías).
El fiscal de materia del municipio de Sacaca, Eulogio Martínez, informó e l miércoles pasado que, según la denuncia presentada, cooperativistas que se oponían a la reversión al Estado de los yacimientos de Mallku Khota atacaron a siete efectivos policiales que resguardaban antenas parabólicas cerca del lugar, uno de los cuales estaría en calidad de desaparecido, “probablemente en calidad de rehén”.
Ante el clima de incertidumbre, el ejecutivo de la Fstmb dijo que su ente sindical junto con la Coordinadora de los 6 Ayllus, demandaron al Gobierno y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) intervenir la zona con fuerzas policiales “o militares, si es posible” para desalojar a más de 1.500 desocupados foráneos interesados en explotar minerales por cuenta propia y comenzar las tareas de prospección y exploración, como manda el Decreto Supremo 1308 de reversión.
Sobre el punto, Romero anunció que una comisión de Gobierno, encabezada por el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, ya se encuentra rumbo al yacimiento minero pa ra fiscalizar el cumplimiento del decreto supremo de reversión de la mina de la empresa minera Mallku Khota, que en su momento fuera filial de la canadiense South American Silver, a manos del Estado boliviano.
“Lo que hay que hacer es simplemente cumplir los compromisos y el decreto supremo, si hay gente que está intentando intervenir”, dijo.
“Se denunció que había sido secuestrado un policía, qué sé yo, de que había tensión y violencia potencial en la zona. Eso ha sido descartado. Esa información no correspondía a la verdad. No tenemos ningún policía secuestrado. Obviamente tenemos preocupación, nunca vamos hablar de distensionamiento total en la zona”, dijo ayer Romero.
El secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb), Miguel Pérez, informó, por su parte, que en versión de los seis ayllus de Mallku Khota no se registraron esos hechos (agresión a los policías).
El fiscal de materia del municipio de Sacaca, Eulogio Martínez, informó e l miércoles pasado que, según la denuncia presentada, cooperativistas que se oponían a la reversión al Estado de los yacimientos de Mallku Khota atacaron a siete efectivos policiales que resguardaban antenas parabólicas cerca del lugar, uno de los cuales estaría en calidad de desaparecido, “probablemente en calidad de rehén”.
Ante el clima de incertidumbre, el ejecutivo de la Fstmb dijo que su ente sindical junto con la Coordinadora de los 6 Ayllus, demandaron al Gobierno y la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) intervenir la zona con fuerzas policiales “o militares, si es posible” para desalojar a más de 1.500 desocupados foráneos interesados en explotar minerales por cuenta propia y comenzar las tareas de prospección y exploración, como manda el Decreto Supremo 1308 de reversión.
Sobre el punto, Romero anunció que una comisión de Gobierno, encabezada por el ministro de Trabajo, Daniel Santalla, ya se encuentra rumbo al yacimiento minero pa ra fiscalizar el cumplimiento del decreto supremo de reversión de la mina de la empresa minera Mallku Khota, que en su momento fuera filial de la canadiense South American Silver, a manos del Estado boliviano.
“Lo que hay que hacer es simplemente cumplir los compromisos y el decreto supremo, si hay gente que está intentando intervenir”, dijo.
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