A pesar de los esfuerzos del actual Gobierno por transparentar la institucionalidad del Estado y, en esa búsqueda, también la administración pública, no ha tenido éxito en tres aspectos básicos que son la corrupción, la baja ejecución presupuestaria y el irrespeto a la ley por parte de las empresas públicas, es el criterio coincidente de los economistas Osvaldo Gutiérrez, Waldo López y Pablo Cuba.
Cuba hace notar que a pesar de que hay más de 17 empresas a cargo del Estado, hay experiencias negativas como la de la Papeles Bolivia (Papelbol) donde se invirtieron 15 millones de dólares provenientes del Presupuesto General del Estado (PGE) que hasta el momento no reportan beneficios y hay una investigación por corrupción en torno a su adjudicación que involucra a exautoridades. Algo similar ocurre con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), donde existe una investigación por presunta corrupción contra dos de sus exgerentes y otros funcionarios.
Gutiérrez señala que la corrupción es un fenómeno característico de la vida política de las sociedades contemporáneas e implica siempre la violación del interés público para favorecer el interés de uno o de pocos. En Bolivia, dice, tiene mucha fuerza en el sector público y entorpece la administración del Estado.
La baja ejecución presupuestaria es otra de las falencias pues si bien el Estado elevó la inversión pública y favoreció a alcaldías y gobernaciones con el incremento de los recursos por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la capacidad de gestión y ejecución de proyectos en estas instancias es insuficiente.
La baja ejecución de presupuesto ha sido evidente sobre todo en los municipios, aunque ha afectado incluso a algunos ministerios pues, según datos del Ministerio de Economía, en 2011 cinco ministerios tuvieron sólo entre 32 y 66 por ciento de ejecución.
En muchos casos, los funcionarios admitieron desconocimiento de las leyes que norman estos procedimient os y además temor a las sanciones por corrupción o malversación.
E sta incapacidad de gestión está estrechamente relacionada con una excesiva rotación de personal debido a la necesidad que tiene el Gobierno de cumplir “casi obligatoriamente” con los favores políticos a las organizaciones sociales que lo apalancan, dice Gutiérrez. Al ser de favor, los cargos se entregan a personas que no cuentan con la calificación y la experiencia necesarias.
Cuba concuerda al señalar que, en casos como el europeo, para mejorar la eficiencia se desarrolló el e-goverment, es decir la transparentación de las actividades del Estado a través del acceso a internet por parte de los ciudadanos y esa acción requirió capacitar a sus recursos humanos, de lo contrario la gestión podría paralizarse.
Gutiérrez señala que ocurre lo contrario en el país pues hay instancias como las gobernaciones donde hay cambio de personal casi cada tres meses, “lo que significa sacar a los que no lograron aprender durante este corto tiempo su labor e introducir a nuevos servidores que deberán intentar aprender sus labores en tiempo récord. ¿El resultado? El círculo vicioso de la ineficiencia. Como es de imaginar, esto perjudica a la gestión y al cumplimiento de los objetivos previstos”, afirma.
Ligado a esa improvisada política de contrataciones, está la baja calidad de los salarios. Mientras el personal no calificado puede ser contratado sin respetar una escala salarial; los profesionales suficientemente calificados no pueden ser contratados porque su demanda salarial supera de lejos a la oferta de la administración pública boliviana.
Así, la supervisión y desarrollo de obras públicas está en manos de egresados, recién titulados o de profesionales con escasa experiencia que “aprenderán echando a perder”, dice Gutiérrez.
Empresas públicas violan ley
En las nuevas empresas públicas creadas por el Gobierno, la contratación de los obreros en calidad de funcionarios públicos en el marco del Estatuto del Funcionario Público y no en el de la Ley General del Trabajo, consti tuye una clara violación de sus derechos laborales ya que desconoce la existencia de la relación laboral establecida entre los trabajadores y el Estado, que es objeto de protección de la legislación laboral vigente, señala el economista Osvaldo Gutiérrez.
Esta figura es parte de un cuadro laboral con derechos del trabajo limitados y conculcados por ese Estatuto que resta derechos que los funcionarios tendrían de ser considerados como trabajadores asalariados, acota.
Así, Bolivia continúa con porcentajes muy altos en la “Tasa de designaciones políticas” en el ámbito público, conjuntamente con Brasil y Guatemala, que reflejan altos niveles de politización. Otro indicador que refleja el grado de politización de los servicios civiles se percibe en la estructura organizativa del gobierno nacional, donde es posible designar a funcionarios políticos. En este caso, Bolivia estaría en una situación intermedia conjuntamente Colombia, Costa Rica y El Salvador.
CORR UPCIÓN
Papelbol y
YPFB en la mira
La empresa Papeles Bolivia (Papelbol) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) son actualmente las empresas cuya gestión pone en duda la eficiencia del Gobierno para administrar empresas estatales.
Existe una investigación en torno a Papelbol y a exautoridades de Gobierno que supuestamente habrían beneficiado a la empresa brasileña D'Andrea Agrimport Importacao para que resultara contratada para la provisión de maquinaria por un valor de más de 13,5 millones de dólares. Según fuentes judiciales, un estudio de PWC reveló que los equipos entregados por D'Andrea tienen un valor de sólo 6,12 millones de dólares.
Los imputados por este caso son el ex gerente de Papelbol, Antonio Camberos y el exviceministro de Mediana y Gran Empresa e Industria, Eduardo Peinado.
En el caso de YPFB, una empresa estatal que aunque ha generado los más altos índices de venta de gas en los últimos años, atravies a una mala racha por las denuncias de corrupción en contra de algunos de sus ejecutivos que ocupaban cargos clave para la implementación de las Plantas Separadoras de Líquidos de Gran Chaco, en Yacuiba, y Río Grande, en Santa Cruz.
Recientemente, su presidente, Carlos Villegas, también fue citado a declarar.
Además, otro expresidente de YPFB, Santos Ramírez, está en prisión acusado por corrupción por el contrato con la empresa Catler Uniservice por la construcción de la planta de Río Grande.
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