La multa de 72 millones de bolivianos, impuesta por la Autoridad de Empresas (AEM) para castigar la conformación de un presunto “cártel” del cemento para el control de precios, fue pagada la semana pasada por las cementeras Soboce de Viacha (La Paz), Fancesa de Sucre, Coboce de Cochabamba e Itacamba de Santa Cruz. El pago de la multa es una condición para iniciar un proceso donde se demuestre o desmienta que las cementeras buscaron manipular el mercado, informó ayer el gerente de Coboce Cemento, Iván Villca.
En diciembre del año pasado la AEMP impuso una multa de 40,46 millones de Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), equivalente a más de 72 millones de bolivianos, a las cuatro empresas de cemento más grandes del país, sindicadas de haber conformado un “cártel” encargado de fijas precios, establecer cupos de comercialización y controlar el mercado nacional del cemento.
Desde el miércoles pasado, las empresas sancionadas empezaron a pagar las m ultas, según su participación en el mercado nacional, así Soboce pagó 51,22 millones de bolivianos (tiene 70,56 por ciento del mercado), Fancesa pagó 12,82 millones (tiene 17,67 por ciento del mercado), Coboce pagó 8,39 millones (tiene 11,57 por ciento) e Itacamba pagó 130.000 bolivianos (tiene 0,19 por ciento del mercado).
Villca señaló que luego del pago se inició un procedimiento administrativo en el que las empresas cementeras esperan demostrar que la sanción impuesta es injusta y no corresponde.
“La condición para iniciar el proceso administrativo, era pagar las multas y todas las empresas afectadas, lo hicieron, hasta donde tengo conocimiento”, sostuvo, y agregó que en el caso de Coboce el proceso es llevado adelante por un equipo de abogados encabezado por el gerente general, Fernando Quiroga.
En criterio del analista económico Julio Alvarado, el pago de la multa como condición para iniciar el proceso administrativo, es una figura contemplada en l a Constitución Política del Estado, que además prohíbe y sanciona los monopolios, especialmente en el sector privado.
Sin embargo, señaló que detrás de las multas impuestas existe la intención gubernamental de debilitar a las empresas privadas del rubro para justificar la creación de una empresa estatal de cemento, a la brevedad posible.
“En vez de apoyar a las cementeras para que produzcan más, se les está poniendo trabas para que entren en quiebra y tengamos que importar más cemento”, sostuvo.
En diciembre del año pasado la AEMP impuso una multa de 40,46 millones de Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV), equivalente a más de 72 millones de bolivianos, a las cuatro empresas de cemento más grandes del país, sindicadas de haber conformado un “cártel” encargado de fijas precios, establecer cupos de comercialización y controlar el mercado nacional del cemento.
Desde el miércoles pasado, las empresas sancionadas empezaron a pagar las m ultas, según su participación en el mercado nacional, así Soboce pagó 51,22 millones de bolivianos (tiene 70,56 por ciento del mercado), Fancesa pagó 12,82 millones (tiene 17,67 por ciento del mercado), Coboce pagó 8,39 millones (tiene 11,57 por ciento) e Itacamba pagó 130.000 bolivianos (tiene 0,19 por ciento del mercado).
Villca señaló que luego del pago se inició un procedimiento administrativo en el que las empresas cementeras esperan demostrar que la sanción impuesta es injusta y no corresponde.
“La condición para iniciar el proceso administrativo, era pagar las multas y todas las empresas afectadas, lo hicieron, hasta donde tengo conocimiento”, sostuvo, y agregó que en el caso de Coboce el proceso es llevado adelante por un equipo de abogados encabezado por el gerente general, Fernando Quiroga.
En criterio del analista económico Julio Alvarado, el pago de la multa como condición para iniciar el proceso administrativo, es una figura contemplada en l a Constitución Política del Estado, que además prohíbe y sanciona los monopolios, especialmente en el sector privado.
Sin embargo, señaló que detrás de las multas impuestas existe la intención gubernamental de debilitar a las empresas privadas del rubro para justificar la creación de una empresa estatal de cemento, a la brevedad posible.
“En vez de apoyar a las cementeras para que produzcan más, se les está poniendo trabas para que entren en quiebra y tengamos que importar más cemento”, sostuvo.
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