Ante las acusaciones de baja inversión y tras el allanamiento de oficinas por parte de un fiscal, el gerente general de Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa), Anthony Alicastro, dijo que la empresa está abierta a dar información y que presentó un plan para invertir 36 millones de dólares en los próximos nueve años. Sólo pide actualizar las tarifas, congeladas desde 2001.
Indicó que los pedidos de los trabajadores están “fuera de la ley” y sobre una nacionalización opinó que el Gobierno está en su derecho, pero sería un error.
Este jueves pasado, el fiscal Aldo Ortiz allanó las oficinas de Sabsa en El Alto y, según informó después, secuestró información que Sabsa le habría negado para investigar la denuncia de bajas inversiones. Ese mismo día, el presidente Evo Morales declaró a la cadena internacional CNN que nacionalizaría las empresas que no cumplan con las inversiones comprometidas, y un día antes (miércoles), el viceministro de Transportes, Edwin M arañón, dijo que se trabajaba junto con Sabsa una adenda para especificar los montos de inversiones.
Consultado sobre toda esta situación, Alicastro dijo que en primer lugar hay que desmentir que Sabsa hubiera negado información.
“Estamos dispuestos a proveer toda la información que se requiera, incluyendo nuestras declaraciones”, dijo, aunque aún no fue citado a declarar.
Sobre las versiones de nacionalización de Sabsa, Alicastro dijo que el Gobierno estaba en todo su derecho, aunque advirtió que sería una mala idea para los aeropuertos del país, además de que esos rumores crean un clima de incertidumbre negativa para entablar negociaciones.
Sobre las bajas inversiones, el Gerente dijo que se trata de una verdad a medias. Relató que en 1998 Sabsa presentó un plan maestro, que no fue ni aprobado ni rechazado por el Viceministerio de Transportes de esa época.
En 2005, se presentó un nuevo plan que sí fue aprobado, pero ese mismo año, la Superintende ncia de Transportes rebajó las tarifas de uso de las terminales aérea s a montos que han permanecido vigentes hasta la fecha.
Por eso, en la adenda que se negocia con el actual Viceministerio de Transportes, Sabsa oferta una inversión de 36 millones de dólares en los próximos nueve años, en los tres aeropuertos principales de Bolivia (El Alto de La Paz, Jorge Wilstermann de Cochabamba y Viru Viru de Santa Cruz) aunque para eso deberá pensarse en elevar las tarifas, que están vigentes desde 2001.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, según versiones de prensa ya habría respondido (aunque no a Sabsa), que la cifra comprometida era insuficiente.
Alicastro dijo que, a pesar de los atropellos, Sabsa invirtió más de 200 millones de bolivianos (33 millones de dólares, según información de su página digital) desde 1997 hasta 2012.
TrabajadoresEn tanto, el sindicato de trabajadores de Sabsa se declaró ayer en emergencia, reclamó los 10 millones de dólares presuntamente adeudados por la empresa por beneficios sociales y con vocó a un ampliado de emergencia para el 4 de febrero.
Ante el clima de bajas inversiones, “queremos que el Gobierno nacionalice Sabsa, pero sin poner en riesgo nuestras fuentes de trabajo”, dijo ayer el dirigente Alfredo Chávez.
Sobre el punto, Alicastro respondió que se trataban de demandas fuera de la Ley. “En realidad son dos demandas con las que llegan a sumar 10 millones de dólares. Sobre la primera demanda, ya el Ministerio de Trabajo nos dio la razón. La segunda demanda tiene que ver con pedidos fuera de ley. Por ejemplo, quieren que un trabajador nuevo gane lo mismo que un antiguo sólo porque ocupa el mismo cargo”, dijo el Gerente de Sabsa.
Indicó que los pedidos de los trabajadores están “fuera de la ley” y sobre una nacionalización opinó que el Gobierno está en su derecho, pero sería un error.
Este jueves pasado, el fiscal Aldo Ortiz allanó las oficinas de Sabsa en El Alto y, según informó después, secuestró información que Sabsa le habría negado para investigar la denuncia de bajas inversiones. Ese mismo día, el presidente Evo Morales declaró a la cadena internacional CNN que nacionalizaría las empresas que no cumplan con las inversiones comprometidas, y un día antes (miércoles), el viceministro de Transportes, Edwin M arañón, dijo que se trabajaba junto con Sabsa una adenda para especificar los montos de inversiones.
Consultado sobre toda esta situación, Alicastro dijo que en primer lugar hay que desmentir que Sabsa hubiera negado información.
“Estamos dispuestos a proveer toda la información que se requiera, incluyendo nuestras declaraciones”, dijo, aunque aún no fue citado a declarar.
Sobre las versiones de nacionalización de Sabsa, Alicastro dijo que el Gobierno estaba en todo su derecho, aunque advirtió que sería una mala idea para los aeropuertos del país, además de que esos rumores crean un clima de incertidumbre negativa para entablar negociaciones.
Sobre las bajas inversiones, el Gerente dijo que se trata de una verdad a medias. Relató que en 1998 Sabsa presentó un plan maestro, que no fue ni aprobado ni rechazado por el Viceministerio de Transportes de esa época.
En 2005, se presentó un nuevo plan que sí fue aprobado, pero ese mismo año, la Superintende ncia de Transportes rebajó las tarifas de uso de las terminales aérea s a montos que han permanecido vigentes hasta la fecha.
Por eso, en la adenda que se negocia con el actual Viceministerio de Transportes, Sabsa oferta una inversión de 36 millones de dólares en los próximos nueve años, en los tres aeropuertos principales de Bolivia (El Alto de La Paz, Jorge Wilstermann de Cochabamba y Viru Viru de Santa Cruz) aunque para eso deberá pensarse en elevar las tarifas, que están vigentes desde 2001.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, según versiones de prensa ya habría respondido (aunque no a Sabsa), que la cifra comprometida era insuficiente.
Alicastro dijo que, a pesar de los atropellos, Sabsa invirtió más de 200 millones de bolivianos (33 millones de dólares, según información de su página digital) desde 1997 hasta 2012.
TrabajadoresEn tanto, el sindicato de trabajadores de Sabsa se declaró ayer en emergencia, reclamó los 10 millones de dólares presuntamente adeudados por la empresa por beneficios sociales y con vocó a un ampliado de emergencia para el 4 de febrero.
Ante el clima de bajas inversiones, “queremos que el Gobierno nacionalice Sabsa, pero sin poner en riesgo nuestras fuentes de trabajo”, dijo ayer el dirigente Alfredo Chávez.
Sobre el punto, Alicastro respondió que se trataban de demandas fuera de la Ley. “En realidad son dos demandas con las que llegan a sumar 10 millones de dólares. Sobre la primera demanda, ya el Ministerio de Trabajo nos dio la razón. La segunda demanda tiene que ver con pedidos fuera de ley. Por ejemplo, quieren que un trabajador nuevo gane lo mismo que un antiguo sólo porque ocupa el mismo cargo”, dijo el Gerente de Sabsa.
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