El Gobierno de Bolivia tiene derecho a ejercer su política de Estado, pero el uso de la fuerza militar y la campaña contra la solvencia de las empresas nacionalizadas resulta “ofensivo” y “belicoso”, declaró ayer a radio Fides el embajador de España en Bolivia, Ángel Vázquez Díaz de Tuesta.
Varias horas antes y después de conocer la noticia de la nacionalización de la empresa de capital español Servicios Aeroportuarios de Bolivia S.A. (Sabsa), el Gobierno español la calificó como un “acto inamistoso” y anunció que se replanteará todas sus relaciones con Bolivia.
Desde Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, dijo que tratará de movilizar a sus socios de la Unión Europea (UE) para dar una respuesta a la decisión del Ejecutivo boliviano.
En La Paz, el embajador de la UE, Tim Torlot, señaló al Gobierno la necesidad de una Ley de Inversiones para garantizar la estabilidad de las empresas extranjeras que buscan invertir en Bolivia.
“Queremos un sistema claro, transparente, de hacer negocios y un marco también transparente para resolver problemas, disputas si hay después”, dijo citado por ANF.
Según el periódico español El País, el Gobierno español afirma que “España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justo precio según una valoración justa e independiente del bien expropiado”.
Entrevistada por EFE, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo ayer que la toma de instalaciones con efectivos militares “no es un tema de fuerza, sino simbólico”.
La Ministra insistió en que “tienen que entender esta acción como una acción simbólica, como las Fuerzas Armadas tomando el control, cuidando, protegiendo”, porque “hay un papel activo del Ejército en el desarrollo” de Bolivia.
Varias horas antes y después de conocer la noticia de la nacionalización de la empresa de capital español Servicios Aeroportuarios de Bolivia S.A. (Sabsa), el Gobierno español la calificó como un “acto inamistoso” y anunció que se replanteará todas sus relaciones con Bolivia.
Desde Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo, dijo que tratará de movilizar a sus socios de la Unión Europea (UE) para dar una respuesta a la decisión del Ejecutivo boliviano.
En La Paz, el embajador de la UE, Tim Torlot, señaló al Gobierno la necesidad de una Ley de Inversiones para garantizar la estabilidad de las empresas extranjeras que buscan invertir en Bolivia.
“Queremos un sistema claro, transparente, de hacer negocios y un marco también transparente para resolver problemas, disputas si hay después”, dijo citado por ANF.
Según el periódico español El País, el Gobierno español afirma que “España no cuestiona el derecho soberano de un Estado sobre sus recursos y servicios públicos, pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justo precio según una valoración justa e independiente del bien expropiado”.
Entrevistada por EFE, la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, dijo ayer que la toma de instalaciones con efectivos militares “no es un tema de fuerza, sino simbólico”.
La Ministra insistió en que “tienen que entender esta acción como una acción simbólica, como las Fuerzas Armadas tomando el control, cuidando, protegiendo”, porque “hay un papel activo del Ejército en el desarrollo” de Bolivia.
1 comentarios:
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Liliana
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