La Paz | El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Oscar Calle, planteó ayer al Gobierno reducir a cero el arancel para todos aquellos productos que no son producidos en el país, disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ampliar su base impositiva con la finalidad de desincentivar el contrabando.
Calle considera que el Ejecutivo debería determinar el pago del IVA al momento de comercializar el producto y no así a la hora de la nacionalización de la mercadería.
El titular de la CNC expresó además su respaldo a la modificación de la Ley de Aduanas para hacer más duras las sanciones con la confiscación de bienes de los contrabandistas y la privación de libertad para los que infrinjan la norma aduanera.
El contrabando de mercadería mueve cada año unos 9.000 millones de dólares, que no generan recursos para el Estado en tributos, indicó.
El representante de los empresarios del rubro de comercio señaló que con la implementación de una nueva Le y de Aduanas y la aplicación de las medidas sugeridas por la CNC se podría registrar, a corto plazo, resultados que beneficiarán al Estado.
“Me parece acertada la disposición del Estado para aprobar una ley similar a la 1008, ya que el delito del contrabando no sólo que es un castigo a la formalidad de las empresas, sino que se ha convertido en una verdadera mafia que ha abarcado grandes extensiones del país y que pone en riesgo a la vida de las autoridades que la combaten”, apuntó.
El empresario mencionó que la institución que regenta apoyará todas las acciones que tengan como fin contribuir al desarrollo económico y social, así como la lucha contra el contrabando.
La pasada semana, la Comisión de Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Lucha Contra el Contrabando que tiene dos elementos importantes: la confiscación de bienes y el endurecimiento de las condenas penales.
El proyecto de ley fue introducido e n la Asamblea en medio de críticas transportistas, empresarios, expo rtadores y otros sectores contra la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y su brazo operativo, el Control Operativo Aduanero (COA) por no frenar la actividad ilícita del contrabando en el país.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Juan Enrique García, pidió al Gobierno militarizar las fronteras porque hay “mafias del contrabando” organizadas.
Calle considera que el Ejecutivo debería determinar el pago del IVA al momento de comercializar el producto y no así a la hora de la nacionalización de la mercadería.
El titular de la CNC expresó además su respaldo a la modificación de la Ley de Aduanas para hacer más duras las sanciones con la confiscación de bienes de los contrabandistas y la privación de libertad para los que infrinjan la norma aduanera.
El contrabando de mercadería mueve cada año unos 9.000 millones de dólares, que no generan recursos para el Estado en tributos, indicó.
El representante de los empresarios del rubro de comercio señaló que con la implementación de una nueva Le y de Aduanas y la aplicación de las medidas sugeridas por la CNC se podría registrar, a corto plazo, resultados que beneficiarán al Estado.
“Me parece acertada la disposición del Estado para aprobar una ley similar a la 1008, ya que el delito del contrabando no sólo que es un castigo a la formalidad de las empresas, sino que se ha convertido en una verdadera mafia que ha abarcado grandes extensiones del país y que pone en riesgo a la vida de las autoridades que la combaten”, apuntó.
El empresario mencionó que la institución que regenta apoyará todas las acciones que tengan como fin contribuir al desarrollo económico y social, así como la lucha contra el contrabando.
La pasada semana, la Comisión de Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Lucha Contra el Contrabando que tiene dos elementos importantes: la confiscación de bienes y el endurecimiento de las condenas penales.
El proyecto de ley fue introducido e n la Asamblea en medio de críticas transportistas, empresarios, expo rtadores y otros sectores contra la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y su brazo operativo, el Control Operativo Aduanero (COA) por no frenar la actividad ilícita del contrabando en el país.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz, Juan Enrique García, pidió al Gobierno militarizar las fronteras porque hay “mafias del contrabando” organizadas.
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