La Paz | El Gobierno propone una Ley 1008 para el contrabando. El presidente Evo Morales remitió el jueves a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley que establece la confiscación de bienes usados en esa actividad ilícita e incrementa los años de cárcel para los funcionarios públicos y policías que resultaran involucrados.
La información fue confirmada por el vicepresidente Álvaro García, quien aseguró que esta norma representa un “golpe contundente y demoledor contra todo tipo de contrabando que desangra la economía del país”.
Se prevé que el proyecto sea tratado en el pleno de la Cámara de Diputados el lunes o martes de la próxima semana, toda vez que la comisión correspondiente ya elaboró su informe.
García explicó que a partir de su vigencia, todo vehículo que transporte mercadería de contrabando será confiscado y luego de un proceso judicial expedito, el cual se espera que no exceda 30 minutos, pasará a propiedad del Estado, igual que cualquier herramienta, bien mueble o inmueble utilizados para ese efecto, que sufrirán la misma suerte.
Además, establece una pena privativa de libertad de 15 años para los funcionarios públicos, civiles o uniformados.
El Vicepresidente aseguró que mediante esta normativa se aplicará la misma rigurosidad que en el narcotráfico, en el contrabando, “una especie de 1008”.
La Ley 1008, de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, fue aprobada en 1988 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, del MNR.
La información fue confirmada por el vicepresidente Álvaro García, quien aseguró que esta norma representa un “golpe contundente y demoledor contra todo tipo de contrabando que desangra la economía del país”.
Se prevé que el proyecto sea tratado en el pleno de la Cámara de Diputados el lunes o martes de la próxima semana, toda vez que la comisión correspondiente ya elaboró su informe.
García explicó que a partir de su vigencia, todo vehículo que transporte mercadería de contrabando será confiscado y luego de un proceso judicial expedito, el cual se espera que no exceda 30 minutos, pasará a propiedad del Estado, igual que cualquier herramienta, bien mueble o inmueble utilizados para ese efecto, que sufrirán la misma suerte.
Además, establece una pena privativa de libertad de 15 años para los funcionarios públicos, civiles o uniformados.
El Vicepresidente aseguró que mediante esta normativa se aplicará la misma rigurosidad que en el narcotráfico, en el contrabando, “una especie de 1008”.
La Ley 1008, de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, fue aprobada en 1988 en el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, del MNR.
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