Mientras el Gobierno aplica medidas para controlar la inflación ejecuta otras que son contradictorias y generan presiones sobre los precios, indica un análisis de la Fundación Milenio.
La organización señala que el Ejecutivo puso en marcha varias medidas de política económica contra el aumento del costo de productos de la canasta familiar como la apreciación del boliviano para abaratar la importación.
También está la reducción de liquidez en la economía por el Banco Central de Bolivia (BCB), además de acercamientos y negociaciones para lograr incrementar internamente la oferta de bienes, sobre todo agrícolas.
“Mientras esto tiene la finalidad de controlar precios reduciendo el gasto, hay otras medidas aparentemente contradictorias”, apunta la Fundación Milenio. La primera es la entrega de cheques a municipios con recursos de donación o préstamo de países amigos, medida que causa “aumento de liquidez y refleja poca consonancia con todo lo anterior&rd quo;, explica.
La segunda contradicción es el incremento de crédito a sectores públicos, específicamente a empresas estratégicas del Estado, lo que provoca “mayor liquidez y presiones sobre precios”.Reservas
La organización privada resalta que el BCB se ha convertido en una entidad crediticia para todo el sector público, comprometiendo recursos propios y vinculados a las Reservas Internacionales Netas, pese a que la normativa se lo prohíbe.
Cita la ley orgánica del BCB que define en su Artículo 22 que: “El BCB no podrá otorgar crédito al sector público o contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Excepcionalmente podrá hacerlo a favor del TGN con voto favorable de dos tercios de todos los miembros de su Directorio”.
También está la Ley 2042: “Se prohíbe la concesión de préstamos de recursos financieros entre entidades públicas, exceptuando las efectuadas por instituciones financieras creadas expresamente para esa finali dad”.
La Fundación Milenio cuestiona que la aprobación del u so de las reservas internacionales haya sido hecha a través de la Ley Financial. “En suma, se utiliza la propia norma de aprobación presupuestaria para cambiar otras leyes de modo que lo hecho sea aparentemente posible desde la perspectiva legal. El argumento central es que una ley puede cambiar otra ley. ¿Será eso estrictamente correcto cuando se habla de la Ley de Presupuesto?”, destaca el análisis.
El BCB firmó un primer contrato de crédito con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por mil millones de dólares; parte de ese momento será para la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos. ENDE se benefició también con un crédito y se prevé que el sector minero estatal también acceda a las reservas.
La organización señala que el Ejecutivo puso en marcha varias medidas de política económica contra el aumento del costo de productos de la canasta familiar como la apreciación del boliviano para abaratar la importación.
También está la reducción de liquidez en la economía por el Banco Central de Bolivia (BCB), además de acercamientos y negociaciones para lograr incrementar internamente la oferta de bienes, sobre todo agrícolas.
“Mientras esto tiene la finalidad de controlar precios reduciendo el gasto, hay otras medidas aparentemente contradictorias”, apunta la Fundación Milenio. La primera es la entrega de cheques a municipios con recursos de donación o préstamo de países amigos, medida que causa “aumento de liquidez y refleja poca consonancia con todo lo anterior&rd quo;, explica.
La segunda contradicción es el incremento de crédito a sectores públicos, específicamente a empresas estratégicas del Estado, lo que provoca “mayor liquidez y presiones sobre precios”.Reservas
La organización privada resalta que el BCB se ha convertido en una entidad crediticia para todo el sector público, comprometiendo recursos propios y vinculados a las Reservas Internacionales Netas, pese a que la normativa se lo prohíbe.
Cita la ley orgánica del BCB que define en su Artículo 22 que: “El BCB no podrá otorgar crédito al sector público o contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Excepcionalmente podrá hacerlo a favor del TGN con voto favorable de dos tercios de todos los miembros de su Directorio”.
También está la Ley 2042: “Se prohíbe la concesión de préstamos de recursos financieros entre entidades públicas, exceptuando las efectuadas por instituciones financieras creadas expresamente para esa finali dad”.
La Fundación Milenio cuestiona que la aprobación del u so de las reservas internacionales haya sido hecha a través de la Ley Financial. “En suma, se utiliza la propia norma de aprobación presupuestaria para cambiar otras leyes de modo que lo hecho sea aparentemente posible desde la perspectiva legal. El argumento central es que una ley puede cambiar otra ley. ¿Será eso estrictamente correcto cuando se habla de la Ley de Presupuesto?”, destaca el análisis.
El BCB firmó un primer contrato de crédito con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por mil millones de dólares; parte de ese momento será para la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos. ENDE se benefició también con un crédito y se prevé que el sector minero estatal también acceda a las reservas.
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