Sucre |Un ambiente de presiones sociales se impuso ayer en Sucre, en vísperas al fallo que emitirá hoy a las 9:00, la jueza de Instrucción Tercero en lo Penal, por el pedido de detención preventiva de cuatro acusados por la firma del contrato Universidad-Soboce.
Según anunciaron, la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca amanecerá hoy, como el sábado pasado, cercada por simpatizantes de Unidad Nacional (UN), el partido del principal imputado, Samuel Doria Medina, quien también es propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Además, estarán en el lugar otros manifestantes, sobre todo, de la Federación Universitaria Local (FUL), que defiende a los otros tres imputados por el delito de supuesto daño económico a la Universidad San Francisco Xavier y a la Alcaldía de Sucre: los exrectores, Jaime Robles y Jaime Barrón y, al actual rector, Walter Arízaga.
El sábado pasado, la jueza de Instrucción Tercera en lo Penal, Ximena Mendizábal, dictó un cuarto intermedio en la audiencia cautelar, que fue cuestionado por algunos abogados del foro que consideran que debió emitirse la decisión.
Ayer, Correo del Sur intentó comunicarse con la Jueza, se conoció que ella no atendería a abogados ni a periodistas hasta después de la lectura de su resolución sobre este caso.
En criterio de algunos abogados, en casos de audiencias cautelares, el procedimiento penal en el sistema oral no establece suspensiones ni cuartos intermedios largos, como el dispuesto por la Jueza, quien, una vez escuchada la posición de las partes en audiencia, debía emitir su resolución.
Aunque en opinión de la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, la jueza Mendizábal tomó una decisión acertada, porque si dictaba en ese momento su determinación corría el riesgo de no hacer una verdadera interpretación de la prueba adjuntada.
El diputado oficialista, Juan Carlos Apaza, el denunciante en el proceso, advirtió ayer de posibles mov ilizaciones de militantes del MAS si es que “no se cumplen las normas legales” en el proceso que se les sigue a los cuatro imputados por el convenio “U-Soboce”.
Según anunciaron, la Corte Superior de Distrito de Chuquisaca amanecerá hoy, como el sábado pasado, cercada por simpatizantes de Unidad Nacional (UN), el partido del principal imputado, Samuel Doria Medina, quien también es propietario de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce).
Además, estarán en el lugar otros manifestantes, sobre todo, de la Federación Universitaria Local (FUL), que defiende a los otros tres imputados por el delito de supuesto daño económico a la Universidad San Francisco Xavier y a la Alcaldía de Sucre: los exrectores, Jaime Robles y Jaime Barrón y, al actual rector, Walter Arízaga.
El sábado pasado, la jueza de Instrucción Tercera en lo Penal, Ximena Mendizábal, dictó un cuarto intermedio en la audiencia cautelar, que fue cuestionado por algunos abogados del foro que consideran que debió emitirse la decisión.
Ayer, Correo del Sur intentó comunicarse con la Jueza, se conoció que ella no atendería a abogados ni a periodistas hasta después de la lectura de su resolución sobre este caso.
En criterio de algunos abogados, en casos de audiencias cautelares, el procedimiento penal en el sistema oral no establece suspensiones ni cuartos intermedios largos, como el dispuesto por la Jueza, quien, una vez escuchada la posición de las partes en audiencia, debía emitir su resolución.
Aunque en opinión de la presidenta del Colegio de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, la jueza Mendizábal tomó una decisión acertada, porque si dictaba en ese momento su determinación corría el riesgo de no hacer una verdadera interpretación de la prueba adjuntada.
El diputado oficialista, Juan Carlos Apaza, el denunciante en el proceso, advirtió ayer de posibles mov ilizaciones de militantes del MAS si es que “no se cumplen las normas legales” en el proceso que se les sigue a los cuatro imputados por el convenio “U-Soboce”.
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