Santa Cruz |
El Ministerio Público, a través del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Carlos Candia, y una comisión de policías, allanaron ayer el edificio de la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA) y secuestró documentación por el supuesto caso de corrupción que involucra a altos ejecutivos de YPFB.
AESA ganó la licitación para construir la planta separadora de líquidos Río Grande en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
En un operativo que ayer comenzó a las 16:20 y concluyó a las 18:30, los representantes del Ministerio Público indicaron que se procedió a secuestrar los contratos del proceso de licitación de las plantas separadoras y otros documentos, con el objetivo de aclarar las denuncias efectuadas por el exdirector Agustín Ugarte Méndez, que en días anteriores manifestó que la empresa AESA había entregado determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el millonario proyecto de YPFB.
“Hemos secuestrado los contra tos y hemos entregado dos requerimientos fiscales para dos de sus ejecutivos. Ellos tienen que presentarse la próxima semana”, sintetizó Candia.
Por su parte, Raúl Paniagua, abogado de la empresa AESA, manifestó que la compañía está dispuesta a colaborar en las investigaciones y requerimientos fiscales que disponga el Ministerio Público.
“La posición de la empresa AESA respecto a la presente investigación se encuentra nítidamente expresada en la denuncia que ha formalizado en el Ministerio Público el vicepresidente Pablo Fernitz contra el señor Ugarte por la comisión de delito de acusación y denuncia falsa”, aseveró Paniagua.
La semana pasada, Ugarte mencionó que AESA entregó determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el contrato de construcción de la planta, hecho que fue desmentido por la firma argentina.
De igual manera, Fernitz pide mediante la denuncia que se amplíe la investigación contra quienes resultaren ser coa utores, cómplices e instigadores por la comisión del delito de acusac ión y denuncias falsas, previsto y sancionado por el artículo 166 del Código Penal.
Según el documento al que tuvo acceso El Deber, a la fecha, el referido contrato se encuentra en ejecución con un avance físico y económico aproximado del 70 por ciento.
Una comisión de calificación recomendó adjudicar el proceso a AESA por cumplir todos los requisitos.
El Ministerio Público, a través del fiscal de la Unidad Anticorrupción, Carlos Candia, y una comisión de policías, allanaron ayer el edificio de la empresa Astra Evangelista S.A. (AESA) y secuestró documentación por el supuesto caso de corrupción que involucra a altos ejecutivos de YPFB.
AESA ganó la licitación para construir la planta separadora de líquidos Río Grande en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.
En un operativo que ayer comenzó a las 16:20 y concluyó a las 18:30, los representantes del Ministerio Público indicaron que se procedió a secuestrar los contratos del proceso de licitación de las plantas separadoras y otros documentos, con el objetivo de aclarar las denuncias efectuadas por el exdirector Agustín Ugarte Méndez, que en días anteriores manifestó que la empresa AESA había entregado determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el millonario proyecto de YPFB.
“Hemos secuestrado los contra tos y hemos entregado dos requerimientos fiscales para dos de sus ejecutivos. Ellos tienen que presentarse la próxima semana”, sintetizó Candia.
Por su parte, Raúl Paniagua, abogado de la empresa AESA, manifestó que la compañía está dispuesta a colaborar en las investigaciones y requerimientos fiscales que disponga el Ministerio Público.
“La posición de la empresa AESA respecto a la presente investigación se encuentra nítidamente expresada en la denuncia que ha formalizado en el Ministerio Público el vicepresidente Pablo Fernitz contra el señor Ugarte por la comisión de delito de acusación y denuncia falsa”, aseveró Paniagua.
La semana pasada, Ugarte mencionó que AESA entregó determinadas sumas de dinero en calidad de soborno para adjudicarse el contrato de construcción de la planta, hecho que fue desmentido por la firma argentina.
De igual manera, Fernitz pide mediante la denuncia que se amplíe la investigación contra quienes resultaren ser coa utores, cómplices e instigadores por la comisión del delito de acusac ión y denuncias falsas, previsto y sancionado por el artículo 166 del Código Penal.
Según el documento al que tuvo acceso El Deber, a la fecha, el referido contrato se encuentra en ejecución con un avance físico y económico aproximado del 70 por ciento.
Una comisión de calificación recomendó adjudicar el proceso a AESA por cumplir todos los requisitos.
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