La investigación de presuntos casos de corrupción en las plantas separadoras de líquidos de Río Grande, en Santa Cruz, y Gran Chaco, en Yacuiba, crece.
A las detenciones de Gerson Rojas, ex gerente nacional de la planta de separación de YPFB, en la cárcel de Palmasola, y de Agustín Ugarte, exdirector de proyectos Gran Chaco, trasladado a La Paz, se suma la de una empleada de la empresa argentina Astra Evangelista S.A (AESA).
Según la comisión de fiscales anticorrupción, integrada por Carlos Candia, Anuncio Piérola y Cándido Blanco, realizaron tres allanamientos, dos en propiedades que serían de Rojas y otra de una mujer no identificada.
Por otro lado, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una conferencia de prensa, comunicó que el presidente Evo Morales pidió que en los nuevos contratos con empresas se incluya una boleta de garantía anticorrupción. “Empresa que sea detectada en actos de soborno a cualquier funcionario público, inmediatamente te ndrá sanciones económicas y penales”, dijo.
Candia señaló que estos allanamientos en el barrio Equipetrol forman parte de la investigación y que hoy seguirán investigando, a tiempo de indicar que se están preparando nuevas órdenes de aprehensión y se está citando a más funcionarios de Yacimientos.
Inicialmente, se informó que se trataba de la exsecretaria de Gerson Rojas, exgerente nacional de la Planta de Separación de Líquidos de la estatal petrolera, detenido e investigado de presuntos actos de corrupción, junto con su subalterno Agustín Javier Ugarte Méndez.
Ambos guardan reclusión desde junio pasado y son investigados por uso indebido de bienes públicos, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, tras la adjudicación de las obras de construcción de plantas separadoras de líquidos en Tarija y Santa Cruz.
Candia agregó que los operativos buscan establecer la responsabilidad de los acusados en los hechos irregulares que fuero n descubiertos fortuitamente luego de un accidente de tránsito provo cado por Rojas.
"Ella (la funcionaria de AESA) está arrestada y va a prestar declaración informativa. Hemos secuestrado alguna documentación con relación al hecho que se investiga y vamos a tomarle su declaración", dijo.
Cuando salía de su vivienda, la mujer evitó el contacto con los medios de prensa y fue conducida hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
En cuanto a la situación legal de Rojas, al finalizar la jornada se manejó la hipótesis de que sería trasladado a La Paz. Sergio Romero, su abogado, desmintió aquella posibilidad y explicó que luego de hablar con la jueza Romy Peredo, a cargo de este proceso, esta le indicó que Rojas será investigado en Santa Cruz.
“La denuncia fue radicada en Santa Cruz, los hechos sucedieron aquí, por lo que no existe ningún motivo para que mi defendido sea trasladado a La Paz”, subrayó Romero.
Mientras que la situación de Ugarte, considerado por la Fiscalía como el principal testi go, es diferente, ya que en horas de la tarde fue trasladado a la sede de Gobierno.
Miguel Aparicio, abogado de Ugarte, sostuvo que esa medida fue solicitada para preservar la seguridad de su defendido y que en ningún caso considera que esta medida sea ilegal.
El defensor legal señaló que la causa se seguirá desarrollando en Santa Cruz y que la ausencia física de su cliente es una muestra de que no se busca obstaculizar la investigación.
A las detenciones de Gerson Rojas, ex gerente nacional de la planta de separación de YPFB, en la cárcel de Palmasola, y de Agustín Ugarte, exdirector de proyectos Gran Chaco, trasladado a La Paz, se suma la de una empleada de la empresa argentina Astra Evangelista S.A (AESA).
Según la comisión de fiscales anticorrupción, integrada por Carlos Candia, Anuncio Piérola y Cándido Blanco, realizaron tres allanamientos, dos en propiedades que serían de Rojas y otra de una mujer no identificada.
Por otro lado, el vicepresidente Álvaro García Linera, en una conferencia de prensa, comunicó que el presidente Evo Morales pidió que en los nuevos contratos con empresas se incluya una boleta de garantía anticorrupción. “Empresa que sea detectada en actos de soborno a cualquier funcionario público, inmediatamente te ndrá sanciones económicas y penales”, dijo.
Candia señaló que estos allanamientos en el barrio Equipetrol forman parte de la investigación y que hoy seguirán investigando, a tiempo de indicar que se están preparando nuevas órdenes de aprehensión y se está citando a más funcionarios de Yacimientos.
Inicialmente, se informó que se trataba de la exsecretaria de Gerson Rojas, exgerente nacional de la Planta de Separación de Líquidos de la estatal petrolera, detenido e investigado de presuntos actos de corrupción, junto con su subalterno Agustín Javier Ugarte Méndez.
Ambos guardan reclusión desde junio pasado y son investigados por uso indebido de bienes públicos, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, tras la adjudicación de las obras de construcción de plantas separadoras de líquidos en Tarija y Santa Cruz.
Candia agregó que los operativos buscan establecer la responsabilidad de los acusados en los hechos irregulares que fuero n descubiertos fortuitamente luego de un accidente de tránsito provo cado por Rojas.
"Ella (la funcionaria de AESA) está arrestada y va a prestar declaración informativa. Hemos secuestrado alguna documentación con relación al hecho que se investiga y vamos a tomarle su declaración", dijo.
Cuando salía de su vivienda, la mujer evitó el contacto con los medios de prensa y fue conducida hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
En cuanto a la situación legal de Rojas, al finalizar la jornada se manejó la hipótesis de que sería trasladado a La Paz. Sergio Romero, su abogado, desmintió aquella posibilidad y explicó que luego de hablar con la jueza Romy Peredo, a cargo de este proceso, esta le indicó que Rojas será investigado en Santa Cruz.
“La denuncia fue radicada en Santa Cruz, los hechos sucedieron aquí, por lo que no existe ningún motivo para que mi defendido sea trasladado a La Paz”, subrayó Romero.
Mientras que la situación de Ugarte, considerado por la Fiscalía como el principal testi go, es diferente, ya que en horas de la tarde fue trasladado a la sede de Gobierno.
Miguel Aparicio, abogado de Ugarte, sostuvo que esa medida fue solicitada para preservar la seguridad de su defendido y que en ningún caso considera que esta medida sea ilegal.
El defensor legal señaló que la causa se seguirá desarrollando en Santa Cruz y que la ausencia física de su cliente es una muestra de que no se busca obstaculizar la investigación.
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