La Paz | El Gobierno investiga a comerciantes mayoristas supuestamente involucrados en acciones de especulación de productos de la canasta familiar para procesarlos por el delito de agio, informó ayer el viceministro de Defensa del Consumidor, Fernando Fuentes.
“Estamos detrás de los comerciantes mayoristas. Esperemos en el curso de los próximos días tener datos más concretos y nosotros como viceministerio de Defensa del Consumidor vamos a presentar denuncia ante el Ministerio Público para que se tomen las acciones más concordantes”, indicó.
Los comerciantes que sean identificados serán procesados por el delito de agio que está estipulado en el artículo 226 del Código Penal y determina una pena entre seis meses y tres años.
“Cada vez aparecen varios nombres (de mayoristas). Por supuesto que nosotros tenemos que ser serios y tenemos que hacer un análisis”, explicó la autoridad.
El Gobierno culpa a los intermediarios por subir los pre cios de productos como el azúcar que salen de los ingenios a un costo mucho menor.Control
Fuentes anunció además que su viceministerio intensificará los controles en los mercados internos por las celebraciones de Todos Santos y el Día de los Difuntos porque la demanda se incrementa y “aparecen personas inescrupulosas que quieren amasar fortunas a costa de afectar a la economía de todos los bolivianos”.
Indicó que en las inspecciones efectuadas en los mercados del país entregaron citaciones a los vendedores, a través de las intendencias municipales, por precios muy altos o problemas con la calidad del producto.
“El gran problema es que el mercado minoristas es amplio y las inspecciones están dirigidas a persuadir y también en casos extremos a tomar acciones. Son las intendencias municipales las llamadas a tomar acciones”, agregó Fuentes.
Señaló que, según datos de los ministerios de Economía y de Planificación del Desarrollo, existe una inflación importada de los precios internos por el alto valor de las materias primas en los mercados internacionales.
El Viceministro informó también que el proyecto de Ley de Defensa del Consumidor estará listo hasta marzo de 2011 y hasta esa fecha continuará el debate sobre la nueva norma con sectores sociales e instituciones.
“Estamos detrás de los comerciantes mayoristas. Esperemos en el curso de los próximos días tener datos más concretos y nosotros como viceministerio de Defensa del Consumidor vamos a presentar denuncia ante el Ministerio Público para que se tomen las acciones más concordantes”, indicó.
Los comerciantes que sean identificados serán procesados por el delito de agio que está estipulado en el artículo 226 del Código Penal y determina una pena entre seis meses y tres años.
“Cada vez aparecen varios nombres (de mayoristas). Por supuesto que nosotros tenemos que ser serios y tenemos que hacer un análisis”, explicó la autoridad.
El Gobierno culpa a los intermediarios por subir los pre cios de productos como el azúcar que salen de los ingenios a un costo mucho menor.Control
Fuentes anunció además que su viceministerio intensificará los controles en los mercados internos por las celebraciones de Todos Santos y el Día de los Difuntos porque la demanda se incrementa y “aparecen personas inescrupulosas que quieren amasar fortunas a costa de afectar a la economía de todos los bolivianos”.
Indicó que en las inspecciones efectuadas en los mercados del país entregaron citaciones a los vendedores, a través de las intendencias municipales, por precios muy altos o problemas con la calidad del producto.
“El gran problema es que el mercado minoristas es amplio y las inspecciones están dirigidas a persuadir y también en casos extremos a tomar acciones. Son las intendencias municipales las llamadas a tomar acciones”, agregó Fuentes.
Señaló que, según datos de los ministerios de Economía y de Planificación del Desarrollo, existe una inflación importada de los precios internos por el alto valor de las materias primas en los mercados internacionales.
El Viceministro informó también que el proyecto de Ley de Defensa del Consumidor estará listo hasta marzo de 2011 y hasta esa fecha continuará el debate sobre la nueva norma con sectores sociales e instituciones.
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