Tanto la Confederación como la Federación Departamental de Empresarios Privados (FEPC) rechazaron ayer la propuesta, incluida en el proyecto de nueva Ley de Pensiones, de iniciar juicios penales y civiles que podrían concluir incluso con el encarcelamiento de empresarios o empleadores que no transfieran los aportes laborales para jubilación. Dijeron que las sanciones son duras y desincentivarán la creación de empleo.
“Todos estamos obligados a transferir los aportes retenidos de los trabajadores de acuerdo a la ley y en el tiempo estipulado. Pero en todo caso somos buenos para amenazar a los empresarios con juicios cuando deberíamos utilizar la misma vara para sancionar a los infractores del sector público, que son grandes deudores a la seguridad social y a la jubilación”, sostuvo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez.
Por su parte, Carlos Flores, presidente de la FEPC, indicó que “toda acción que vaya a p enalizar cualquier actividad o emprendimiento privado no es buena para el empleo: mientras se ataque más al empresario con juicios penales o civiles e incluso encarcelamiento por retención de aportes, desincentiva la generación de empleo, consiguientemente las inversiones”.
La transcendencia de las medidas proyectadas en la nueva Ley de Pensiones, en criterio del empresario cochabambino, deben ser analizadas y discutidas con los sectores afectados porque los deudores a las AFP no sólo son empresas privadas, sino también públicas.
“Si bien estamos de acuerdo en que se sancione a los que retienen aportes laborales –por un principio empresarial–, creemos que estas medidas duras definitivamente van a afectar negativamente en un clima adecuado de inversiones que estamos buscando”, agregó.
Ambos líderes empresariales lamentaron que el sector privado haya sido marginado e ignorado sistemáticamente por el Gobierno para la elaboración de las nue vas leyes de Pensiones y del Código Laboral.
“Los empresario s debíamos estar en esa discusión y construcción de esas leyes, pero no fuimos convocados”, comentó el presidente de la FEPC, mientras que el máximo representante del empresariado agregó que “el proyecto de Ley de Pensiones es casi un misterio.
“Todos estamos obligados a transferir los aportes retenidos de los trabajadores de acuerdo a la ley y en el tiempo estipulado. Pero en todo caso somos buenos para amenazar a los empresarios con juicios cuando deberíamos utilizar la misma vara para sancionar a los infractores del sector público, que son grandes deudores a la seguridad social y a la jubilación”, sostuvo el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Daniel Sánchez.
Por su parte, Carlos Flores, presidente de la FEPC, indicó que “toda acción que vaya a p enalizar cualquier actividad o emprendimiento privado no es buena para el empleo: mientras se ataque más al empresario con juicios penales o civiles e incluso encarcelamiento por retención de aportes, desincentiva la generación de empleo, consiguientemente las inversiones”.
La transcendencia de las medidas proyectadas en la nueva Ley de Pensiones, en criterio del empresario cochabambino, deben ser analizadas y discutidas con los sectores afectados porque los deudores a las AFP no sólo son empresas privadas, sino también públicas.
“Si bien estamos de acuerdo en que se sancione a los que retienen aportes laborales –por un principio empresarial–, creemos que estas medidas duras definitivamente van a afectar negativamente en un clima adecuado de inversiones que estamos buscando”, agregó.
Ambos líderes empresariales lamentaron que el sector privado haya sido marginado e ignorado sistemáticamente por el Gobierno para la elaboración de las nue vas leyes de Pensiones y del Código Laboral.
“Los empresario s debíamos estar en esa discusión y construcción de esas leyes, pero no fuimos convocados”, comentó el presidente de la FEPC, mientras que el máximo representante del empresariado agregó que “el proyecto de Ley de Pensiones es casi un misterio.
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