Tres analistas del sector minero y económico coinciden en que la debilidad institucional y la permisividad, unidas a la falta de normas claras sobre las concesiones y la explotación minera, favorecen el avasallamiento de yacimientos mineros. También coinciden en advertir que, de no ponerse un freno, la situación actual derivará en un escenario caótico e incontrolable.
A fines de agosto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Óscar Calle, denunció que unas 100 propiedades y concesiones mineras privadas en el país fueron avasalladas en los últimos meses, con la consiguiente pérdida de inversiones. Los recientes conflictos en Mallku Khota (con un muerto, heridos y rehenes), San Vicente o Colquiri son una evidencia.
Pero, ¿qué detonó los avasallamientos? La primera respuesta, es sin duda el alto precio de minerales en el exterior, como señalan los economistas José Luis Evia y Rolando Morales, al igual que el gerente general del Instituto Boliviano de Co mercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.
Hacen notar también que la subida de precios coincidió con la llegada de Evo Morales a la presidencia.
Evia añade un segundo motivo y es el debilitamiento institucional en el país. “No se ha actuado de manera decidida para hacer respetar el derecho de propiedad, no se ha desalojado (a los avasalladores) y eso va alentando otras tomas. Nadie respeta el derecho y no hay quien lo haga respetar”, observa.
Para el economista Rolando Morales esa debilidad institucional tiene su razón en el cálculo político, pues los mineros cooperativistas son uno de los cinco pilares que sustentan al actual Gobierno junto a los cocaleros y las Fuerzas Armadas, a los que ve como “muy activos” y el sector bancario y los miembros de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco), a quienes define como “más pasivos”. Más allá de la afinidad política, serían los intereses sectoriales los que definen este apoyo, añade.
En esa perspectiva, su gran número hace que “los cooperativista s generen mucho miedo y, si se disponen a ocupar una mina, lo hacen y el Gobierno es permisivo, no sólo por el apoyo político, también porque les teme, como temería cualquier Gobierno que venga después”.
Morales ve que el Gobierno se halla en una disyuntiva porque está encargado de “ponerles freno”, pero no puede perder de vista que de trasfondo está el apoyo político que tiene de parte de los cooperativistas.
Leyes sin cumplir
En el 52 aniversario de la cooperativa El Progreso Kami, celebrado hace una semana en esta ciudad, el vicepresidente Álvaro García Linera comprometía la creación de una ley minera que, junto a la actual Constitución Política del Estado (CPE) que reconoce al sector cooperativista, ayudaría a garantizar seguridad jurídica al sector.
Los empresarios víctimas de avasallamientos también urgieron la ley minera y además solicitaron que se penalice el avasallamiento como delito; sin embargo, para Evia la solución a las tomas no es tá en generar más leyes, sino en hacer cumplir las que ya existen. “No se dan las tomas por falta de normas, sino por falta de voluntad para hacer cumplir las que hay”, afirma.
Urgen freno
Tanto Morales como Evia coinciden en que si no se restablece la autoridad, a largo plazo los conflictos pueden degenerar en un escenario más y más caótico, difícil de controlar.
“Algún Gobierno tiene que ponerle freno, no creo que sea éste”, dice Morales y hace notar que no es el único sector que se levanta en contra de la ley y que opta por la presión para conseguir su objetivo.
Evia señala que el Gobierno no puede permitir que la presión esté sobre el derecho y la legalidad. “El Gobierno tiene que dar seguridad jurídica, de lo contrario, el escenario será caótico. Ahora hay conflicto entre cooperativistas y asalariados, después puede haber conflicto entre propios cooperativistas”, advierte.
Rodríguez dice que, además de que “se est á institucionalizando la presión”, el hecho de que en las negoc iaciones se termine cediendo a favor de quienes avasallan no es la mejor señal, porque “no se puede consumar un derecho sobre otro ya existente legalmente” y que, además, se ahuyenta la inversión privada.
Rodríguez también cuestiona que no se está previendo el panorama cuando caigan los precios de los minerales, pues los ciclos económicos tienen una época de auge, seguida por otra de declinación para caer luego en crisis y volver de nuevo al auge.
“No se sabe cuánto durará la actual bonanza, pero ya se avizoran signos de agotamiento. Se tiene que ahorrar en época de bonanza, porque cuando llegue el momento de crisis no va a haber cómo solventar al sector que no tendrá precios competitivos”, advierte.
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