El rescate para Portugal abre complejo proceso

Lisboa |

La petición de ayuda financiera hecha por Portugal a Bruselas abrió un complejo proceso, que puede durar varias semanas y debe negociar el dimisionario Gobierno socialista luso, en funciones hasta las elecciones del próximo 5 de junio.
El primer ministro portugués, José Sócrates, se rindió anteayer a la presión financiera que sufre su país y anunció que solicitó apoyo financiero a la Comisión Europea (CE).
El rescate, que sigue a los de Grecia e Irlanda, abre un proceso administrativo que puede involucrar 75.000 millones de euros, cifra considerada "adecuada" por el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.

Ventaja y desventaja
Los fondos de estabilización europeos deben permitir a Portugal enfrentar sus compromisos financieros sin la presión de los altísimos intereses que le exigían ya en el mercado.
En contrapartida, el país perderá autonomía económica y deberá seguir fielmente las líneas que marquen la Comisión Europea e incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Los analistas lusos apuntan a que de los fondos de estabilización europeos pueden proceder dos tercios de la asistencia a Lisboa y el resto será aportado por el FMI.
Como sucedió con Grecia e Irlanda, la procedencia de ayuda comunitaria será de socios de la UE. En los 50.000 millones de euros de fondos europeos previstos para Portugal, Alemania volvería a ser el mayor contribuyente, con 14.500 millones, seguida de Francia (11.000 millones), Italia (9.600 millones) y España (6.400 millones).

Reglas estrictas
Un portavoz de la CE había recordado previamente que la activación del fondo de rescate de la zona euro requiere de la negociación de un programa de ajuste bajo estrictas condiciones, como fue el caso de Grecia e Irlanda.
Los políticos y los empresarios lusos ya han reconocido que la ayuda exterior exigirá cumplir con las condiciones que se acuerden con la UE y el FMI y que probablemente supongan reformas estructural es de calado durante los próximos años, entre ellas del mercado labor al.

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El gas natural de Perú llega a ocho mercados

Perú no sólo desplazó a Bolivia del segundo lugar en reservas de gas natural de Latinoamérica, sino que también se convirtió en uno de los principales proveedores del hidrocarburo en la región llegando a ocho mercados.
En menos de un año desde que inauguró su planta de licuefacción de Pampa Melchorita, Perú exporta Gas Natural Licuado (GNL) a México, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Bélgica, Corea del Sur y China. No sólo tiene hoy más mercados, sino que incluso llega a Brasil, cliente tradicional de Bolivia junto con Argentina.
Un informe de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE), publicado en su revista Petróleo & Gas, indica que las políticas petroleras adoptadas por Perú desde 2005, para acompañar el desarrollo de los ricos campos gasíferos de Camisea y las positivas perspectivas de mercado que abre el proyecto Perú LNG (gas natural licuado), lograron que este país se sitúe como protagonista en el mapa energético de la región y en la mira de lo s inversionistas internacionales.
La CBHE señala que una de las razones del éxito es la apertura a inversión privada extranjera que se resume en 86 contratos suscritos desde 2005.
Perú firmó además 67 contratos de exploración “que representan el verdadero barómetro del interés que el potencial petrolero peruano suscita en inversionistas”, agrega la revista.
La actividad exploratoria impulsó a Perú al segundo lugar en reservas probadas de gas natural en Latinoamérica, con 16 TCF (Trillion Cubic Feet o billones de pies cúbicos), después de Venezuela, que tiene 200. Bolivia, si se confirma el dato, está en sexto lugar con 10,5 TCF.
La Cámara de Hidrocarburos destaca también el número de empresas petroleras que trabajan en suelo peruano (55) con valores de inversión en exploración y explotación de 989,9 millones de dólares en 2010.
“En los últimos cinco años, el monto acumulado de inversiones en el ‘upstream’ petrolero peruano alcanzó los 5.415 millones de los cuales 1.732 millones de dólares correspon den a actividades exploratorias”, apunta.
El documento añade que hasta diciembre del año pasado, Perú tenía 203 pozos perforados y una producción de crudo y condensados de 157.000 barriles diarios (Bbld).

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Fondo Solidario: no hay norma de cobro a quien tenga varios ingresos

Ni la Ley 065 de Pensiones ni el primer decreto reglamentario de la norma establecen mecanismos para que los denominados Aportantes Nacionales Solidarios o aquellos que tienen ingresos por más de 13 mil bolivianos además de sus salarios como dependientes, deban entregar al Fondo Solidario un porcentaje de su ingreso total o del “Total Solidario”.
El tema entró en debate después de que el ministro de Economía, Luis Arce, anunciara la posibilidad de creación de un “impuesto a los ingresos” y el jefe de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, dijera que la Ley de Pensiones ya aplica este tributo, pero con otro nombre: Aporte Nacional Solidario.
A fines del año pasado, la dirección ejecutiva de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) advirtió que la nueva Ley de Pensiones creó una obligación similar a un “impuesto” sobre la renta de las personas bajo la figura del Aporte Nacional Solidario y el Total Solidario , es decir el total de ingresos de las personas que perciben más de 13 mil bolivianos.
Los ingresos que la Ley considera para el cálculo del Total Solidario y los porcentajes de aporte final al Fondo Solidario son, entre otros: los honorarios y dietas de directores y síndicos de sociedades anónimas y en comandita por acciones; los provenientes de alquiler u otra forma de explotación de inmuebles urbanos o rurales, de cosas muebles, derechos y concesiones; los provenientes de la colocación de capitales en el país y en el exterior; los dividendos y la distribución de utilidades de sociedades de personas y empresas unipersonales.

Control
Analistas explicaron que será muy difícil para el Gobierno aplicar el cobro a quienes recaudan más de 13 mil bolivianos no sólo con salarios de dependientes porque no existe una base de datos unificada de registros para todos los tipos de ingresos.
Indicaron que el éxito del cobro al Aportante Nacional Solidario estará relaciona do con la aplicación de mecanismos de control.
La Ley 065 establec e que para controlar que los Aportantes Nacionales Solidarios entreguen el porcentaje que les corresponde al Fondo Solidario de pensiones, éstos deben obligatoriamente hacer una “Declaración Jurada Previsional”.
La norma indica que estas personas están obligadas a efectuar la Declaración Jurada Previsional de forma periódica.

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Salarios: sindicatos piden entre 20 y 35%

Una mayoría de las 56 organizaciones sindicales agremiadas a la Federación de Fabriles de Cochabamba presentó a sus empresas pliegos petitorios de demanda salarial que incluyen incrementos entre 20 y 35 por ciento, informó ayer Mario Céspedes, secretario ejecutivo de la organización.
Indicó que las negociaciones con los empleadores para establecer un porcentaje de aumento salarial también tomarán en cuenta los resultados de las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) para tener un referente sobre el porcentaje mínimo de negociación.
“En caso que algunos sindicatos logren estos días concertar un porcentaje de incremento, el mismo será reajustado al porcentaje base que logre la COB”, dijo y agregó que las conversaciones entre empresas y trabajadores pueden esperar considerando que el plazo de entrega de planillas con el aumento retroactivo a enero vence recién el 31 de mayo.

Modalidad
La aplicación del incremento salarial de manera invers amente proporcional para el sector privado es una opción y no una obligación que debe ser previamente acordada o descartada entre los empleadores y empleados durante las negociaciones, explicó ayer Carlos Flores, presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC).
En su criterio, la modalidad inversamente proporcional, aplicada al incremento salarial es una novedad que por primera vez se aplicará en el sector privado.
Agregó que si los empresarios y los trabajadores acuerdan implementar la opción, se llegaría a establecer cero por ciento de incremento para los salarios altos y 10 o más por ciento de aumento para los trabajadores que perciben ingresos mínimos.
El presidente de la FEPC advirtió que bajo esta modalidad, y dependiendo de las posibilidades económico y financieras, algunas empresas estarían en condiciones de concertar con los representantes sindicales incrementos por encima del 10 por ciento para sus dependientes que perc iben ingresos menores.

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Promulgan ley que endurece la lucha anticontrabando

La Paz |

El Gobierno promulgó el lunes la Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza que endurece sanciones contra el contrabando de combustibles y alimentos subvencionados por el Estado.
Las sanciones van desde dos a 12 años de prisión para las personas que incurran en delitos de contrabando de diésel, gasolina, Gas Licuado de Petróleo (GLP), azúcar, maíz y otros.
La Ley establece que se entregue 20 por ciento de la mercadería de contrabando decomisada  al denunciante individual y 40 por ciento a la comunidad.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, informó ayer que la nueva norma tiene como fin proteger el territorio y sentar presencia del Estado en las zonas de frontera de todo el país.
“La ley sancionará la comercialización (venta) y compra ilegal de diésel, gasolina y GLP con pena carcelaria de tres a seis años y la confiscación de los bienes. A quien adquiera (compra) esos bienes (carburantes) de dos a cuatro años de reclu sión. Las penas se agravan si la persona cumple las dos cualidades”, dijo Chávez.
La ley prevé la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo Fronterizo y Seguridad y añade funciones a la Agencia para el Desarrollo de Macrorregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf). Además, debe haber articulación interinstitucional entre el consejo, Ademaf, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) e Impuestos Internos (SIN).

Surtidores
En el caso de los surtidores, la ley establece un régimen de expropiación declarando de “necesidad y utilidad pública” las estaciones de servicio que estén en un radio de 50 kilómetros alrededor a las fronteras.
“Para ello se seguirá el régimen de expropiación municipal para luego transferir los activos a YPFB que pagará el importe determinado como un justo precio”, explicó Chávez.
La norma establece también la obligación de facturación y sanciones duras, has ta la clausura definitiva del establecimiento, para las estaciones de servicio que no cumplan.
La Ley también indica que se suspenderán los trámites de licencia de surtidores en frontera en zonas determinadas por el consejo.

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BoA dice que sus aviones no necesitan revisión y AeroSur garantiza seguridad

La aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) dijo ayer que ninguno de sus cuatro aviones 737 necesita revisión y la empresa aérea AeroSur garantizó la seguridad de sus aeronaves luego de que Boeing alertó el lunes sobre posibles fallas en esa línea y aconsejó inspeccionar los aparatos.
El fabricante aeronáutico estadounidense y la agencia que regula la aviación comercial en Estados Unidos, la Federal Aviation Administration (FAA), recomendaron a las aerolíneas del mundo que disponen de aviones 737 en sus flotas que realicen una investigación en ellos para detectar posibles casos de fatiga en el fuselaje, tras el suceso ocurrido con una nave de la empresa área estadounidense Southwest en Arizona.
La FAA aconsejó específicamente en un comunicado que son unos 175 aviones B737 los que deben ser revisados.
El gerente general de BoA, Ronald Casso, indicó que la directiva emitida por Boeing especifica que la inspección debe ser efectuada en un rango de series de fabrica ción en el que no están incluidos sus aviones Boeing 737-300, pero dijo que por seguridad las naves serán sometidas a chequeos.
El jefe de Control de Calidad de AeroSur, Jorge Echazo, informó que los tres B737-300 y un B737-400 que forman parte de la flota de esa empresa no registraron ningún evento a nivel del fuselaje y se encuentran en óptimas condiciones.
Sobre el incidente que sufrió el avión de Southwest Airlines, explicó que Boeing está utilizando un procedimiento normal para advertir a todos los operadores del mundo que se ha presentado una falla técnica en el fuselaje para que tomen previsiones.
“Este tipo de advertencias recibimos con mucha frecuencia, no precisamente de ese tipo de daños, pero sí novedades para mantener a todos los operadores en sintonía”, agregó Echazo

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Gobierno descarta impuesto a ingresos

La Paz |

Varias autoridades de Gobierno salieron a desmentir ayer al ministro de Economía, Luis Arce, quien en una entrevista con el periódico Página Siete dijo que está en análisis crear un impuesto a los ingresos para profundizar la redistribución de la riqueza en el país. El vicepresidente Álvaro García Linera, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos, y el ministro de Comunicación, Iván Canelas, negaron que exista la propuesta.
García Linera indicó que ni el Ejecutivo, a través de un Decreto, ni la Asamblea Legislativa, a través de una ley, pretenden un impuesto al salario de los trabajadores. “Eso queda descartado de manera definitiva. Tal vez se pueda pensar en un impuesto a la extrema riqueza”, dijo el Vicepresidente.
Sin embargo, Arce dijo que en el Ejecutivo “no desechamos nada. Estamos analizando posibilidades, ya hemos empezado con dos impuestos y estamos viendo qué más podemos hacer”.
Redistribución
La vicemin istra Susana Ríos negó que el Ministerio de Economía esté trabajando en una norma de estas características, pero agregó que sí continuará con el proceso de redistribución de la riqueza.
“No se habló de un impuesto al ingreso, se habló de un proceso de redistribución (…) El proceso de redistribución de ingresos tiene muchos compuestos, dentro de ellos nos hemos avocado a realizar diferentes proyectos que nos han permitido contar con mayores ingresos, los cuales se han traducido por ejemplo en lo que es la Renta Dignidad, Bono Juancito Pinto, Bono Juana Azurduy de Padilla”, añadió.
Sobre la sospecha de que el Gobierno afronta un grave déficit fiscal o atraviesa problemas económicos, Ríos explicó que el Gobierno recaudó un 40 por ciento más de impuesto en relación al mismo periodo del año pasado, cifra que representa 1.600 millones de bolivianos adicionales.

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