El Gobierno admitió ayer que la expropiación de los surtidores de combustibles líquidos ubicados cerca de las fronteras tardará debido a los trámites presupuestarios que deben hacer los gobiernos municipales responsables del proceso.
“Todos los cambios necesitan un tiempo. En la administración pública saben que no se puede mover la parte económica si no existe un presupuesto certificado”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, y agregó que las modificaciones presupuestarias tomarán su tiempo.
Agregó que el Ejecutivo continúa trabajando con los propietarios de las estaciones de servicios fronterizas para que la transferencia sea voluntaria y en la reglamentación de la nueva Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.
El Artículo 9 de esta norma indica que “las estaciones de servicio, que se encuentren dentro del radio de 50 kilómetros de la frontera, se declaran de necesidad pública, estando sujetas al régimen de expropiación municipal, previo pago de justa indemnización”. La norma indica que el Municipio debe hacerse cargo del proceso de expropiación para luego transferir el surtidor a YPFB.Dificultades
La expropiación de los surtidores que están en zonas fronterizas afectará el Presupuesto Operativo Anual (POA) de los municipios porque serán las alcaldías las que deberán indemnizar a los propietarios, de acuerdo con la nueva Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, dijo a El Deber Roberto Vaca, alcalde de Puerto Suárez.
Señaló que el pago a los propietarios de surtidores expropiados no está contemplado en su POA reformulado, por lo que actualmente se encargan del tema las áreas jurídicas y administrativas. “No estaba contemplado porque se trata de una nueva ley, pero estamos analizando con las áreas mencionadas”, explicó el Alcalde.
“Todos los cambios necesitan un tiempo. En la administración pública saben que no se puede mover la parte económica si no existe un presupuesto certificado”, dijo el ministro de Hidrocarburos y Energía, José Luis Gutiérrez, y agregó que las modificaciones presupuestarias tomarán su tiempo.
Agregó que el Ejecutivo continúa trabajando con los propietarios de las estaciones de servicios fronterizas para que la transferencia sea voluntaria y en la reglamentación de la nueva Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza.
El Artículo 9 de esta norma indica que “las estaciones de servicio, que se encuentren dentro del radio de 50 kilómetros de la frontera, se declaran de necesidad pública, estando sujetas al régimen de expropiación municipal, previo pago de justa indemnización”. La norma indica que el Municipio debe hacerse cargo del proceso de expropiación para luego transferir el surtidor a YPFB.Dificultades
La expropiación de los surtidores que están en zonas fronterizas afectará el Presupuesto Operativo Anual (POA) de los municipios porque serán las alcaldías las que deberán indemnizar a los propietarios, de acuerdo con la nueva Ley de Desarrollo y Seguridad Fronteriza, dijo a El Deber Roberto Vaca, alcalde de Puerto Suárez.
Señaló que el pago a los propietarios de surtidores expropiados no está contemplado en su POA reformulado, por lo que actualmente se encargan del tema las áreas jurídicas y administrativas. “No estaba contemplado porque se trata de una nueva ley, pero estamos analizando con las áreas mencionadas”, explicó el Alcalde.
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