La Confederación de Choferes de Bolivia confirmó el ampliado nacional del sector en La Paz, hoy desde las 9:00, y advirtió que si antes del encuentro el Gobierno no deroga el Decreto Supremo 890, que limita la antigüedad de los vehículos del transporte público, el paro indefinido desde el jueves es un hecho.
El principal dirigente de los choferes, Franklin Durán, dijo que no hubo diálogo con el Ejecutivo y que la demanda sigue.
El ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, explicó ayer en Cochabamba que los choferes no tienen razones para la huelga, porque la prohibición para carros del transporte público con una antigüedad mayor a 12 años regirá dentro de siete años.
“El día de mañana (hoy) tenemos un ampliado y estamos dando un plazo al Gobierno para que nos dé una respuesta y deje sin efecto este decreto, toda vez que tenemos la ley de transportes en puertas y tenemos que discutir. Nosotros iremos a pelear”, anunció Durán.
A la protesta por el m encionado decreto se suma la legalización de los remolques y semirremolques (chatas). Los choferes del sector pesado de Santa Cruz salieron con sus vehículos a protestar este martes para que la ley de amnistía no aplique la misma multa a sus herramientas de trabajo que a los motorizados que consumen combustible.
El Gobierno reiteró la invitación a los transportistas a participar de la reglamentación de la norma.Sin argumentos
Delgadillo dijo que el Decreto Supremo 890, aprobado el 1 de junio pasado, entrará en vigencia recién dentro de siete años, es decir que en 2018 los vehículos de transporte público de pasajeros no deberán tener una antigüedad mayor a 12 años.
“En los próximos siete años, el transporte público deberá hacer esfuerzos por renovar gradualmente, y según sus posibilidades, sus autos antiguos, a objeto de garantizar la seguridad de la población”, indicó el ministro de Obras Públicas, durante una conferencia de prensa en la Gobernac ión de Cochabamba.
Explicó que el decreto establece una antigüedad no mayor a 12 años, de acuerdo con estudios internacionales sobre transporte público.
Delgadillo reiteró públicamente el pedido al transporte confederado de discutir los alcances del Decreto Supremo 890 y evitar posibles medidas de protesta que afectarán a la población.
El principal dirigente de los choferes, Franklin Durán, dijo que no hubo diálogo con el Ejecutivo y que la demanda sigue.
El ministro de Obras Públicas, Walter Delgadillo, explicó ayer en Cochabamba que los choferes no tienen razones para la huelga, porque la prohibición para carros del transporte público con una antigüedad mayor a 12 años regirá dentro de siete años.
“El día de mañana (hoy) tenemos un ampliado y estamos dando un plazo al Gobierno para que nos dé una respuesta y deje sin efecto este decreto, toda vez que tenemos la ley de transportes en puertas y tenemos que discutir. Nosotros iremos a pelear”, anunció Durán.
A la protesta por el m encionado decreto se suma la legalización de los remolques y semirremolques (chatas). Los choferes del sector pesado de Santa Cruz salieron con sus vehículos a protestar este martes para que la ley de amnistía no aplique la misma multa a sus herramientas de trabajo que a los motorizados que consumen combustible.
El Gobierno reiteró la invitación a los transportistas a participar de la reglamentación de la norma.Sin argumentos
Delgadillo dijo que el Decreto Supremo 890, aprobado el 1 de junio pasado, entrará en vigencia recién dentro de siete años, es decir que en 2018 los vehículos de transporte público de pasajeros no deberán tener una antigüedad mayor a 12 años.
“En los próximos siete años, el transporte público deberá hacer esfuerzos por renovar gradualmente, y según sus posibilidades, sus autos antiguos, a objeto de garantizar la seguridad de la población”, indicó el ministro de Obras Públicas, durante una conferencia de prensa en la Gobernac ión de Cochabamba.
Explicó que el decreto establece una antigüedad no mayor a 12 años, de acuerdo con estudios internacionales sobre transporte público.
Delgadillo reiteró públicamente el pedido al transporte confederado de discutir los alcances del Decreto Supremo 890 y evitar posibles medidas de protesta que afectarán a la población.
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