La Paz | Los dueños de vehículos indocumentados que están en vigilia en la plaza Murillo y que exigen concluir los trámites de nacionalización no tendrán respuesta favorable de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), porque sus funcionarios no pueden "mover las normas", según su presidenta Marlene Ardaya.
"La Ley es clara y nosotros básicamente somos operadores de normas. Al respecto, los señores conocían que los vehículos que están con sentencia ejecutoriada están prohibidos por ley. Por tanto, la Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia no puede en este momento mover de alguna manera estas normas", dijo Ardaya.
La Presidenta de la ANB señaló que los propietarios hablan de 3.000 personas que se habían quedado fuera del trámite, lo cual "no es así. Los datos son concretos: son 565 que se quedaron (al margen) cuando se cerró el proceso de nacionalización, y que fue porque no habían previsto los tiempos".
Algunos propietarios consultados por ANF atribuyen la de mora en el trámite a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), aunque también admiten que sus autos están observados, porque tienen remarcado el chasis, lo que no está permitido por la ley.
El artículo 7 de la Ley 133 establecía que, vencido el plazo de saneamiento legal de vehículos, se confiscarán todos los indocumentados y serán entregados al Estado.
"La Ley es clara y nosotros básicamente somos operadores de normas. Al respecto, los señores conocían que los vehículos que están con sentencia ejecutoriada están prohibidos por ley. Por tanto, la Presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia no puede en este momento mover de alguna manera estas normas", dijo Ardaya.
La Presidenta de la ANB señaló que los propietarios hablan de 3.000 personas que se habían quedado fuera del trámite, lo cual "no es así. Los datos son concretos: son 565 que se quedaron (al margen) cuando se cerró el proceso de nacionalización, y que fue porque no habían previsto los tiempos".
Algunos propietarios consultados por ANF atribuyen la de mora en el trámite a la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), aunque también admiten que sus autos están observados, porque tienen remarcado el chasis, lo que no está permitido por la ley.
El artículo 7 de la Ley 133 establecía que, vencido el plazo de saneamiento legal de vehículos, se confiscarán todos los indocumentados y serán entregados al Estado.
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