Durante la gestión 2011, el departamento de Cochabamba llegó a perder alrededor de 33 millones de dólares debido al cierre definitivo de la zona franca comercial e industrial de Cochabamba.
La concentración de todas las actividades de comercio exterior en la Aduana regional, ubicada en el kilómetro siete de la avenida Capitán Víctor Ustariz, provocó falta de espacio para las mercaderías, la retardación de trámites y, como consecuencia, la migración de empresas importadoras a aduanas regionales del interior.
Si bien el costo adicional que representa nacionalizar mercaderías en aduanas de otros departamentos es enorme para cualquier importador de Cochabamba, el gran perdedor es el departamento de Cochabamba debido a que en la gestión pasada se cerraron miles de fuentes de trabajo vinculadas directamente a actividades de comercio exterior, dice Fernando Flores, expresidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y gerente general de la A gencia Aduanera Global.
Explica que, por ejemplo, cientos de transportistas optaron por prestar servicios en las aduanas de Oruro y Santa Cruz, porque hacerlo en Cochabamba, significa perder una, hasta dos semanas, sólo en ingresar al recinto aduanero y otro tanto en liberar mercadería. “Por cada día de inactividad y espera se llega a perder entre 150 y 200 dólares”, agrega Flores.
Por los problemas en la Aduana regional, varios sectores redujeron sus actividades como el transporte urbano e internacional, estibadores, tramitadores de aduana e incluso vendedoras de comida y otros servicios como bancarios y telecomunicaciones.
Con el objetivo de no perder clientes, ni mercado, Flores apunta que los importadores prefieren incurrir en gastos adicionales de transporte, distancia y trámites, para disponer de su mercadería en los plazos previstos de entrega.50% más
La gerente de Recinto de la Almacenera Boliviana (ALBO), Claudia Barrios, admite que d esde el cierre de la zona franca, las actividades de comercio exterio r en la Aduana regional se incrementaron en más de 50 por ciento haciendo dificultoso el despacho de mercadería en los volúmenes y tiempos establecidos por ley.
Señala que la falta de espacio se agudizó al extremo porque el 50 por ciento de la capacidad total de almacenamiento de ALBO está ya ocupado, y desde hace tiempo con un 30 por ciento de mercadería incautada al contrabando en proceso de remate y un 20 por ciento por mercadería abandonada desde hace varios años.
Barrios indica que en procura de aliviar esta situación vienen implementando varias iniciativas destinadas a reducir tiempos y optimizar recursos en el ingreso de mercadería.Acciones
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, reconoció los perjuicios ocasionados por el cierre de la zona franca.
La ejecutiva anunció que se implementará una nueva balanza y un circuito alternativo dentro del mismo recinto en Cochabamba que permitirá agilizar, por una parte, los despach os sobre camión y anticipados, y, por otro, acelerar los despachos normales.
La opción es construir otra zona franca y aduana local
La única posibilidad de recuperar el flujo de comercio exterior perdido hace dos años, ampliar la capacidad de almacenamiento y recuperar el movimiento económico de 33 millones de dólares año, es construir una nueva Aduana regional y habilitar otra zona franca industrial.
Dónde y cómo hacerlo son preguntas que aún no son respondidas.
El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, dice que existen dos alternativas para construir ambos proyectos, que necesariamente deben contar con todos los servicios básicos: una es edificar en el Parque Industrial de Santiváñez y otra es alquilar la infraestructura existente en Albarrancho.
Para la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, el ofrecimiento de la FEPC de construir ambas infraestructuras en el Parque Industrial de Santiváñez “es un buen comienzo”, pero requiere de una serie de estudios de topografía que determinen c on precisión el mejor lugar que tengan todos los servicios y sobre todo el monto de inversión.
Agrega que, además, se debe encontrar una fuente de financiamiento considerando que todas estas actividades deben adecuarse a las exigencias de procesos de licitación, muy exigentes, que podrían durar hasta dos años.
En su criterio, “no es tan fácil” construir infraestructura aduanera.
“Son compromisos de parte del Gobierno que vienen del año pasado y que no se han traducido en hechos”, dice el expresidente de la FEPC Carlos Flores.
La concentración de todas las actividades de comercio exterior en la Aduana regional, ubicada en el kilómetro siete de la avenida Capitán Víctor Ustariz, provocó falta de espacio para las mercaderías, la retardación de trámites y, como consecuencia, la migración de empresas importadoras a aduanas regionales del interior.
Si bien el costo adicional que representa nacionalizar mercaderías en aduanas de otros departamentos es enorme para cualquier importador de Cochabamba, el gran perdedor es el departamento de Cochabamba debido a que en la gestión pasada se cerraron miles de fuentes de trabajo vinculadas directamente a actividades de comercio exterior, dice Fernando Flores, expresidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y gerente general de la A gencia Aduanera Global.
Explica que, por ejemplo, cientos de transportistas optaron por prestar servicios en las aduanas de Oruro y Santa Cruz, porque hacerlo en Cochabamba, significa perder una, hasta dos semanas, sólo en ingresar al recinto aduanero y otro tanto en liberar mercadería. “Por cada día de inactividad y espera se llega a perder entre 150 y 200 dólares”, agrega Flores.
Por los problemas en la Aduana regional, varios sectores redujeron sus actividades como el transporte urbano e internacional, estibadores, tramitadores de aduana e incluso vendedoras de comida y otros servicios como bancarios y telecomunicaciones.
Con el objetivo de no perder clientes, ni mercado, Flores apunta que los importadores prefieren incurrir en gastos adicionales de transporte, distancia y trámites, para disponer de su mercadería en los plazos previstos de entrega.50% más
La gerente de Recinto de la Almacenera Boliviana (ALBO), Claudia Barrios, admite que d esde el cierre de la zona franca, las actividades de comercio exterio r en la Aduana regional se incrementaron en más de 50 por ciento haciendo dificultoso el despacho de mercadería en los volúmenes y tiempos establecidos por ley.
Señala que la falta de espacio se agudizó al extremo porque el 50 por ciento de la capacidad total de almacenamiento de ALBO está ya ocupado, y desde hace tiempo con un 30 por ciento de mercadería incautada al contrabando en proceso de remate y un 20 por ciento por mercadería abandonada desde hace varios años.
Barrios indica que en procura de aliviar esta situación vienen implementando varias iniciativas destinadas a reducir tiempos y optimizar recursos en el ingreso de mercadería.Acciones
La presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, reconoció los perjuicios ocasionados por el cierre de la zona franca.
La ejecutiva anunció que se implementará una nueva balanza y un circuito alternativo dentro del mismo recinto en Cochabamba que permitirá agilizar, por una parte, los despach os sobre camión y anticipados, y, por otro, acelerar los despachos normales.
La opción es construir otra zona franca y aduana local
La única posibilidad de recuperar el flujo de comercio exterior perdido hace dos años, ampliar la capacidad de almacenamiento y recuperar el movimiento económico de 33 millones de dólares año, es construir una nueva Aduana regional y habilitar otra zona franca industrial.
Dónde y cómo hacerlo son preguntas que aún no son respondidas.
El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, dice que existen dos alternativas para construir ambos proyectos, que necesariamente deben contar con todos los servicios básicos: una es edificar en el Parque Industrial de Santiváñez y otra es alquilar la infraestructura existente en Albarrancho.
Para la presidenta de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), Marlene Ardaya, el ofrecimiento de la FEPC de construir ambas infraestructuras en el Parque Industrial de Santiváñez “es un buen comienzo”, pero requiere de una serie de estudios de topografía que determinen c on precisión el mejor lugar que tengan todos los servicios y sobre todo el monto de inversión.
Agrega que, además, se debe encontrar una fuente de financiamiento considerando que todas estas actividades deben adecuarse a las exigencias de procesos de licitación, muy exigentes, que podrían durar hasta dos años.
En su criterio, “no es tan fácil” construir infraestructura aduanera.
“Son compromisos de parte del Gobierno que vienen del año pasado y que no se han traducido en hechos”, dice el expresidente de la FEPC Carlos Flores.
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