El diputado y jefe de bancada de Unidad Nacional (UN), Jaime Navarro, rechazó la amenaza de una querella por las denuncias que efectuó sobre irregularidades en el Programa de Vivienda Social (PVS) en Cochabamba y dijo que las acusaciones fueron realizadas en el marco de sus atribuciones de control y fiscalización.
El martes, el coordinador general del PVS, Alfonso Parrado, anunció que hoy presentará la demanda penal contra Navarro, a quien acusa de haber “difamado” sólo para desprestigiar el proyecto gubernamental.
El legislador de UN ratificó sus denuncias y dijo que no cree que la comisión formada por cuatro asambleístas oficialistas y uno de oposición haya verificado que existen más de 1.000 viviendas terminadas y entregadas a los beneficiaros en Cochabamba.
En tanto, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera indicó que el funcionario del PVS no puede iniciar una querella a Navarro porque estaría infringiendo la Constitución Política del Estad o (CPE).
“El Artículo 151 de la CPE establece fuero constitucional de la inviolabilidad. Es una garantía que otorga la CPE a la independencia del Órgano Legislativo para el desempeño de funciones con relación a los otros órganos sobre cuyas labores ejerce fiscalización”, explicó.
Rivera agregó que ningún diputado ni senador puede ser objeto de persecución por las opiniones, comentarios, interpelaciones, fiscalización y peticiones de informe que realice en el desempeño de su labor específica del control y fiscalización.Inspección
Una comisión de asambleístas y de la oficina regional del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) tenía previsto concluir ayer una inspección a varios municipios cochabambinos para verificar la situación de las viviendas.
El responsable regional del VMVU, Sergio Villca, dijo el martes que sólo en el trópico de Cochabamba lograron identificar la existencia de más de 700 casas construidas y entregadas.
Villca, s in embargo, admitió que hay proyectos interrumpidos por problemas leg ales con las empresas constructoras, como las casas que iban a ser construidas en Arani y Punata y que, según comprobó Los Tiempos, fueron abandonadas desde hace unos cuatro años, algunas con sólo cimientos.
De acuerdo con Villca, luego de terminadas las inspecciones se presentará probablemente hoy un informe final que serviría de prueba para iniciar la querella a Navarro.
El martes, el coordinador general del PVS, Alfonso Parrado, anunció que hoy presentará la demanda penal contra Navarro, a quien acusa de haber “difamado” sólo para desprestigiar el proyecto gubernamental.
El legislador de UN ratificó sus denuncias y dijo que no cree que la comisión formada por cuatro asambleístas oficialistas y uno de oposición haya verificado que existen más de 1.000 viviendas terminadas y entregadas a los beneficiaros en Cochabamba.
En tanto, el abogado constitucionalista José Antonio Rivera indicó que el funcionario del PVS no puede iniciar una querella a Navarro porque estaría infringiendo la Constitución Política del Estad o (CPE).
“El Artículo 151 de la CPE establece fuero constitucional de la inviolabilidad. Es una garantía que otorga la CPE a la independencia del Órgano Legislativo para el desempeño de funciones con relación a los otros órganos sobre cuyas labores ejerce fiscalización”, explicó.
Rivera agregó que ningún diputado ni senador puede ser objeto de persecución por las opiniones, comentarios, interpelaciones, fiscalización y peticiones de informe que realice en el desempeño de su labor específica del control y fiscalización.Inspección
Una comisión de asambleístas y de la oficina regional del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo (VMVU) tenía previsto concluir ayer una inspección a varios municipios cochabambinos para verificar la situación de las viviendas.
El responsable regional del VMVU, Sergio Villca, dijo el martes que sólo en el trópico de Cochabamba lograron identificar la existencia de más de 700 casas construidas y entregadas.
Villca, s in embargo, admitió que hay proyectos interrumpidos por problemas leg ales con las empresas constructoras, como las casas que iban a ser construidas en Arani y Punata y que, según comprobó Los Tiempos, fueron abandonadas desde hace unos cuatro años, algunas con sólo cimientos.
De acuerdo con Villca, luego de terminadas las inspecciones se presentará probablemente hoy un informe final que serviría de prueba para iniciar la querella a Navarro.
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