Los Tiempos, Correo del Sur y agenciasLos indígenas presentaron ayer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 222 y una demanda formal al Tribunal Departamental Electoral (TDE) de Beni para frenar la consulta “previa” que el Gobierno efectuará en el Tipnis para construir el tramo II de la carretera a San Ignacio de Moxos.
El presidente de esa Subcentral, Fernando Vargas, indicó además que ante el inicio de la fase preparatoria para la consulta su organización y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) ejecutarán más mecanismos de defensa y denunciarán todas las acciones “ilegales” del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas.
“Si la advertencia presentada mediante un memorial al Ministerio de Obras Públicas, al de Medio Ambiente, al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Electoral Departamental, no escucha el Gobi erno, vamos a presentar un amparo constitucional, porque nuestros derechos colectivos e individuales están siendo avasallados y violados por el Gobierno”, advirtió Vargas.Recurso
Nuni explicó que los indígenas consideran que la Ley 222 de Consulta Previa en el Tipnis va en contra la Ley 026 del Régimen Electoral provocando un “conflicto de leyes” que debe ser solucionado por la vía constitucional.
“La Ley 222 de Consulta es contradictoria con la Ley 026 del Régimen Electoral en sus artículos 39, 40 y 41 y la cláusula novena de sus disposiciones transitorias”, dijo.
Agregó que la Ley de Régimen Electoral (Art. 39) establece la consulta previa como un mecanismo constitucional previsto con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras relacionadas con la explotación de recursos naturales, lo que no ocurrió en el caso de la construcción de la carretera a Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Además establece que la población involucrada participará de forma libre, p revia e informada, y la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.
“Este Gobierno de manera mañosa y tramposa acuña siempre al final la normativa para menoscabar nuestros derechos, no estamos de acuerdo y lo más apropiado es que el Tribunal Constitucional se pronuncie”, manifestó Nuni.
El diputado también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Financial 2012 por la disposición séptima que permite a las empresas estatales “ejecutar proyectos sin ningún reparo social o ambiental”.
El presidente de esa Subcentral, Fernando Vargas, indicó además que ante el inicio de la fase preparatoria para la consulta su organización y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) ejecutarán más mecanismos de defensa y denunciarán todas las acciones “ilegales” del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas.
“Si la advertencia presentada mediante un memorial al Ministerio de Obras Públicas, al de Medio Ambiente, al Tribunal Supremo Electoral y al Tribunal Electoral Departamental, no escucha el Gobi erno, vamos a presentar un amparo constitucional, porque nuestros derechos colectivos e individuales están siendo avasallados y violados por el Gobierno”, advirtió Vargas.Recurso
Nuni explicó que los indígenas consideran que la Ley 222 de Consulta Previa en el Tipnis va en contra la Ley 026 del Régimen Electoral provocando un “conflicto de leyes” que debe ser solucionado por la vía constitucional.
“La Ley 222 de Consulta es contradictoria con la Ley 026 del Régimen Electoral en sus artículos 39, 40 y 41 y la cláusula novena de sus disposiciones transitorias”, dijo.
Agregó que la Ley de Régimen Electoral (Art. 39) establece la consulta previa como un mecanismo constitucional previsto con anterioridad a la toma de decisiones respecto a la realización de proyectos, obras relacionadas con la explotación de recursos naturales, lo que no ocurrió en el caso de la construcción de la carretera a Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Además establece que la población involucrada participará de forma libre, p revia e informada, y la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.
“Este Gobierno de manera mañosa y tramposa acuña siempre al final la normativa para menoscabar nuestros derechos, no estamos de acuerdo y lo más apropiado es que el Tribunal Constitucional se pronuncie”, manifestó Nuni.
El diputado también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Financial 2012 por la disposición séptima que permite a las empresas estatales “ejecutar proyectos sin ningún reparo social o ambiental”.
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