La Ley 222 de Consulta Previa en el Tipnis infringe la Constitución Política del Estado (CPE), no respeta los convenios internacionales, ni otras normas que protegen los derechos de los pueblos indígenas sobre su territorio, dijo ayer el exmagistrado relator del Tribunal Constitucional (TC) Marco Antonio Baldivieso Jinés.
Durante un taller organizado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ceadesc) en la Casa Campestre, el analista indicó que todo lo obrado hasta el momento por el Gobierno en el proyecto de la carretera a Beni, como la suscripción de los contratos y la construcción de dos tramos que dependen del tramo II (a través del Tipnis), entre otros aspectos, le quitan la característica de “previa” a la consulta, vulnerando la CPE, el Convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.
“Se ha equivocado el Gobierno, me pe rece que está actuando fuera de la Constitución Política del Estado”, señaló.
Dijo que el sistema jurídico boliviano tiene leyes muy favorables a los derechos de los pueblos originarios, pero hacen falta normas que desarrollen estas garantías y derechos como una ley Marco de Consulta Previa que debió haber sido aprobada mucho antes de que el Gobierno suscribiera contratos de financiamiento e iniciara construcciones en territorios indígenas.
Baldivieso Jinés emitió la sentencia, el 25 de octubre de 2010, que exhortó a efectivizar el derecho a la consulta de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de un conflicto de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasú.Solución
En criterio del exmagistrado del TC, existen todavía posibilidades de que el Gobierno enmiende errores, reconociendo primero que se ha equivocado; segundo, concertando modificaciones y reformas a la Ley 222 de Consulta Previa del Territorio Indígena y Parque Naciona l Isiboro Sécure (Tipnis), y, tercero, haciendo el esfuerzo de sentar se junto a representantes de la Cidob, Conamaq y las comunidades afectadas para concertar una ley legítima y consensuada.
Durante un taller organizado por el Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Ceadesc) en la Casa Campestre, el analista indicó que todo lo obrado hasta el momento por el Gobierno en el proyecto de la carretera a Beni, como la suscripción de los contratos y la construcción de dos tramos que dependen del tramo II (a través del Tipnis), entre otros aspectos, le quitan la característica de “previa” a la consulta, vulnerando la CPE, el Convenio 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas.
“Se ha equivocado el Gobierno, me pe rece que está actuando fuera de la Constitución Política del Estado”, señaló.
Dijo que el sistema jurídico boliviano tiene leyes muy favorables a los derechos de los pueblos originarios, pero hacen falta normas que desarrollen estas garantías y derechos como una ley Marco de Consulta Previa que debió haber sido aprobada mucho antes de que el Gobierno suscribiera contratos de financiamiento e iniciara construcciones en territorios indígenas.
Baldivieso Jinés emitió la sentencia, el 25 de octubre de 2010, que exhortó a efectivizar el derecho a la consulta de las naciones y pueblos indígena originario campesinos en el marco de un conflicto de la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasú.Solución
En criterio del exmagistrado del TC, existen todavía posibilidades de que el Gobierno enmiende errores, reconociendo primero que se ha equivocado; segundo, concertando modificaciones y reformas a la Ley 222 de Consulta Previa del Territorio Indígena y Parque Naciona l Isiboro Sécure (Tipnis), y, tercero, haciendo el esfuerzo de sentar se junto a representantes de la Cidob, Conamaq y las comunidades afectadas para concertar una ley legítima y consensuada.
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