Inesco asume gastos de afectados con mercurio

Hilton Heredia García
Santa Cruz |

La petrolera Petrobras y la compañía de servicios Inesco afirmaron ayer que asumen responsabilidades por una veintena de funcionarios en el bloque San Alberto (Tarija), que en diciembre del año pasado fueron infectados con mercurio.
Por un lado, el administrador de Contrato y Proyectos de Inesco, Gary Nogales, aclaró que en ningún momento culpó a Petrobras y que, por el contrario, se han limitado a velar por la recuperación de los trabajadores. Asimismo, enfatizó que han sido ellos quienes hicieron conocer el caso sucedido en diciembre de 2009 ante las Administradoras de Fondos de Pensiones y el Ministerio de Trabajo.
Aseguró que se hicieron “malabares” para conseguir los medicamentos necesarios para curar a los 20 operarios que sufrieron intoxicación con mercurio.
“Los médicos nos han informado de que ellos están fuera de peligro. Los exámenes sobre mercurio se han realizado en Bélgica. Nosotros hemos e stado coadyuvando en todo. De los 20 funcionarios, son cuatro o cinco los que tienen dolencias de piernas, de cabeza; los demás continuaron su trabajo. Pero ahora, tras este tema, aparecen otros problemas”, aseveró Nogales.
Al respecto, Petrobras Bolivia indicó que, en cumplimiento de las normas de seguridad, medio ambiente y salud, aplica procedimientos operativos de referencia para garantizar la ejecución de las operaciones con seguridad, conforme a su desempeño a niveles internacionales, exigencias que se extienden a sus empresas contratistas.
Pacientes
La empresa agregó que hace seguimiento a las medidas adoptadas por la contratista Inesco con referencia a los tratamientos médicos para cada uno de sus empleados.
En medio de esta situación, en el tercer piso de la Caja Petrolera un operario afectado, identificado como Exman Ochoa, sigue delicado de salud y es atendido por especialistas.
Los galenos han manifestado que estas personas no se recuperarán de la noche a la mañana y que todo pasa por un proceso.

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Saniz: No tenemos motivos para rescindir el contrato

“Que vuelvan (los ejecutivos de la empresa contratista). A mí me interesa que vuelvan. Si ellos se van, tienen que hacerlo por motivos justificados”
Ramiro Saniz | Misicuni

Pese a que los contratistas están fuera del país, las obras están paralizadas y los ejecutivos del consorcio se encuentran en conflicto con el sindicato de trabajadores, el proyecto múltiple Misicuni seguirá adelante y su ejecución continuará a cargo del Consorcio Hidroeléctrico, dice el presidente de la Empresa Misicuni, Ramiro Saniz.
Indica que las obras estarán paralizadas hasta el 31 de julio. Hasta esa fecha, los contratistas (el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni) deberán presentar una reprogramación del tiempo de ejecución de las obras y arreglar los problemas internos con los empleados.
Saniz revela que algunos de los ejecutivos del consorcio (compuesto por una empresa de Italia, dos de Venezuela, dos de Colombia y una de Bolivia) —que se fueron intempestivament e del país hace más de dos meses— le enviaron una carta por correo electrónico en la que señalan que no volverán “mientras el Estado boliviano y la empresa Misicuni no garanticen seguridad en todos esos aspectos (jurídico, laboral y personal)”.
El presidente de Misicuni señala que “no es admisible” que los contratistas pretendan transferir un problema obrero-patronal a la empresa y al Estado.

- ¿Por qué están paralizadas las obras? ¿Están haciendo una reprogramación de los trabajos?
- Primero, la paralización y la consecuente reprogramación nace del incumplimiento del contratista.
- ¿Qué quiere decir con incumplimiento?
- El contrato que tenemos firmado con el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni —que, lamentablemente, tiene el mismo nombre que nosotros y nos confunden— ha instruido a su personal hace más de un mes, en los primeros días de junio, dejar las obras y retirarse. Todos los funcionarios se han marchado a su s países. Han dejado equipo, maquinaria y todo su patrimonio a buen r ecaudo en la misma obra, con los guardias que necesitan. Pero eso es problema de ellos. Pero el alejamiento de los profesionales, del personal técnico y ejecutivo, los que dirigen la obra, imposibilita que el trabajo siga adelante. Yo no puedo hacer un trabajo de esa magnitud, más allá del contrato, porque no hay quién dirija la obra.
- Está hablando del gerente de proyecto…
- Sí, del gerente de proyecto, superintendente de proyecto y jefe de obras, todas las cabezas; no había nadie. Hasta el día de hoy siguen faltando personas. El único que está en Bolivia que conocemos nosotros, porque no tenemos información oficial, es el superintendente de obras.
Esta gente se va e informan vía mail (correo electrónico), documento de información no válido en la relación contractual.
- Entonces, ¿no hay una comunicación oficial?
- Nos envían desde el exterior una nota en la que dicen que se retiran todos los técnicos porque tenemos inseguridad jurídica, laboral y pers onal. Por lo tanto, no estamos en condiciones de trabajar.
- Exactamente, ¿quién manda el mail?
- Bueno (…), ejecutivos del consorcio, desde Colombia. Con una noticia de este tipo —que no es oficial para nuestros registros— lo único que podemos decirles, de manera amigable, es que deberían estar acá, y las comunicaciones deben ser oficiales, porque tenemos que tomar acciones. Y en el proceso en el que van y vienen —y tienen sus propios problemas— no nos informan en un plazo perentorio, como tiene que ser. El contrato establece, más allá de nuestra preocupación técnica y específica de quien dirige la obra, que la falta o ausencia de profesionales y del requerimiento de supervisión de hacer las cosas se denomina negligencia, y eso está previsto en el contrato. Y el mecanismo es que se puede paralizar la obra requiriendo que esos problemas se solucionen lo antes posible.

- Es decir, ¿la inseguridad laboral, personal y jurídica de la q ue hablan?
- No. Que vuelvan. A mí me interesa que vuelvan. Si ell os se van, tienen que hacerlo por motivos justificados, y si no, tenemos que paralizar la obra y decirles: “Señores, ustedes no están en la obra, y se paraliza hasta que me pongan las cosas en orden. Cuando ustedes me digan que están listos, inmediatamente la iniciamos de nuevo”. Y tiene que ser lo antes posible porque en determinado momento tengo que poner fecha; no puede ser indefinido’.
Vienen acá y nosotros les decimos: “Muy bien, cuáles son sus motivos”. (Y me dicen) “tenemos problemas con el sindicato. El sindicato nos ha amenazado, el sindicato desde hace tiempo ya viene ejerciendo presiones contra nuestro consorcio. En diciembre nos han causado problemas con el gerente anterior; en marzo han botado a otro directivo de la empresa y han recontratado a un ingeniero, y comienzan a darse atribuciones en el sindicato que no les compete”.
- ¿El sindicato tiene esas atribuciones?
- No, por supuesto que no. Pero lo hacen. Y el sindicato los bota además por voto resolutivo escrito. Son documentos que no nos llegan a nosotros; no somos parte de eso.
- ¿Hasta este punto ya se puede decir que existe negligencia por parte del consorcio?
- Hasta este punto hay negligencia y en ciertos aspectos, sus cuadros ejecutivos, cuando tenían, siempre (presentados) de manera incompleta, dando vueltas, con problemas logístico en la obra, más allá de la negligencia nos demuestra una falta de control de su contrato.
La capacidad de gestión del contrato la hemos visto muy disminuida desde un principio. Siempre les ha faltado algo para estar 100 por ciento, como el contrato marca.
Entonces, cuando se suspende el contrato a raíz de la ausencia, textualmente decimos: “Esta obra se paraliza hasta que (el consorcio) tenga fundamentalmente todos sus cuadros ejecutivos, como corresponde en el sitio de la obra”.
Cuando ocurre esta paralización, las cartas van y vienen y escuchamos un comunicado de los obreros que dicen que les quieren echar la culpa, cuando el probl ema no somos nosotros, es la roca y comienzan a crear un problema que dice que es la roca.

- ¿Eso afecta a la ejecución del proyecto?
- Por supuesto. Porque, además, no hay un solo nombre que se atreva a decir que es responsable de decir eso (el hallazgo de la falta de roca sólida), pero es una noticia de tan alto impacto que hasta el más “lelo” en el tema cree que el proyecto es inviable, y tenemos que enfrascarnos en una batalla con la población para demostrarles que nosotros no les mentimos (en cuanto a la factibilidad del proyecto).
- Entonces, ¿cuáles son los objetivos que tienen los del sindicato para decir eso?
- Ésa es la gran pregunta: ¿cuáles serán los motivos que tienen?
- ¿Hay el riesgo de concluir el contrato?
- Siempre hay ese riesgo; no solamente por eso, sino por muchos motivos, como situaciones que podrían ocurrir eventualmente y que obligarían a rescindir el contrato en ambas partes. Porque una cosa es hacerlo unilateralmen te, y otra hacerlo de común acuerdo. Nosotros no tenemos ningún motivo para rescindir contrato. Nosotros hemos hecho una paralización técnica que está contemplado en el contrato para que ellos asuman su responsabilidad y sigan adelante, porque este proyecto es muy importante.

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Garantizan operaciones en la planta de Karachipampa

La Paz |
El ministro de Minería y Metalurgia, José Pimentel, garantizó el viernes la continuidad en las operaciones de la planta fundidora de plomo y plata de Karachipampa debido a que los concentrados producidos en Bolivia deben industrializarse en el país.
"Todos los concentrados que se producen tienen que ser tratados en el país, una vez que es un mandato constitucional, y vamos a encontrar las vías para que la planta continúe este proyecto, por lo que vamos a garantizar sus operaciones", señaló.
Pimentel anotó que la empresa canadiense Atlas Preciuos Metals, que tiene a su cargo la reparación de la planta fundidora de plomo y plata y la construcción de una nueva planta fundidora de zinc, podrá iniciar un arbitraje internacional si es que así lo desea, pero sin un argumento válido.

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Inician fiscalización de Embol

El director de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP), Óscar Cámara, informó ayer que se inició un proceso de sanción a la empresa Embol-Vascal SA, que produce la gaseosa Coca Cola en Bolivia, por incumplir la normativa que prohíbe los contratos de exclusividad en el mercado interno.
"Hoy (viernes) hemos instruido al director técnico de Defensa de la Competencia y Desarrollo Normativo que abra un proceso sancionador a la empresa Vascal SA, más conocida como Coca Cola, por infracción e incumplimiento a la resolución administrativa en materia regulatoria de la AEMP", señaló.
Cámara dijo que, además de la sanción, se iniciará un proceso de fiscalización a la empresa porque la misma tendría cientos de contratos de exclusividad  aseguró que el ente regulador corroboró y certificó que varios negocios en el mercado nacional de esta empresa son de exclusividad.
Agregó que las sanciones administrativas van desde una multa de 400 mil bolivianos hasta a la suspensión de su licencia de funcionamiento, una vez que sean completados el trámite y la investigación.
"Tenemos sanciones desde lo económico hasta la cancelación de la matricula. Los empresarios tienen que aprender que éste es un Estado donde rige la norma, donde todos debemos someternos al imperio de la ley. Nadie puede estar exento de esto", advirtió.
Cámara aseguró que la determinación apunta a democratizar el mercado para que éste se consolide en términos económicos y que los clientes o usuarios puedan elegir el producto más conveniente.
La Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEPM) aprobó en pasados días la Resolución Administrativa Regulatoria 001/2010 de fecha 2 de julio de 2010 que prohíbe a las empresas el monopolio en la venta de productos y los contratos de exclusividad que condicionan el mercado y la libre elección de los usuarios o consumidores.
“Ninguna empresa que opere en Bolivia podrá imponer condiciones u obligar a otros agentes económicos a com ercializar de manera exclusiva sus productos o marcas subordinando la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no tengan relación con el objeto de tales contratos”, señala la disposición.

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Suxo denuncia a ex administradores de Zofraco

La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, informó ayer que denunció formalmente al ex administrador de la Zona Franca de Cochabamba (Zofraco), Carlos Olmedo, y al ex interventor Roberto Carlos Cortez por varios delitos.
Otra acusación involucra a ex miembros del Consejo Nacional de Zonas Francas (Consof) por autorizar el funcionamiento de Zofraco sin que cuente con la infraestructura requerida.
La familia Olmedo, ante las acusaciones, pidió a la autoridad ser responsable y no lanzar acusaciones sin fundamento.
La Ministra, durante una conferencia de prensa en Cochabamba, dijo que el ex interventor de Zofraco es acusado por los delitos de incumplimiento de deberes, omisión de denuncia, encubrimiento y conducta antieconómica; y Olmedo por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado.
De acuerdo con la denuncia, Cortez habría abierto de forma “irregular” una cuenta personal en la que disponía de recursos de Zofraco.  Además, señaló Suxo, permitió que la “familia Olmedo permaneciera y dispusiera de los bienes inmuebles y vehículos de propiedad de Zofraco”. También es acusado de cobros irregulares por la firma de contratos con los talleres de transformación de la empresa.
Carlos Olmedo, quien se encuentra fuera del país, es denunciado por transferir “ilegalmente” alrededor de 2 millones de bolivianos de la empresa Zofraco a la cuenta de la Constructora Olmedo y de gozar de “libertades arancelarias”.

Consof
Suxo también denunció a ex representantes de Consof por delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y uso indebido de influencias. Los implicados son: Leopoldo López Cossío, David Blanco, Oscar Daza Márquez, Raúl Lafuente, Luis Fernando Terrazas, Douglas Ascarrunz, Roberto Cárdenas y José Antonio Nogales, entre otros.
Las acusaciones surge n a raíz de que en la gestión 2001 se habría autorizado el funcionami ento de Zofraco sin cumplir los requisitos administrativos y de infraestructura.

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Atlas presenta demanda de arbitraje contra el Estado

Mientras el Gobierno afronta en tribunales cuatro arbitrajes, ayer se sumó otro proceso iniciado por la minera canadiense Atlas Precious Metals por la supuesta ejecución ilegal de las boletas de garantía por un valor de 850 mil dólares del proyecto minero de Karachipampa en Potosí. Este proceso no es manejado por el Ministerio de Defensa Legal, según fuentes de esa cartera.
La representante legal de Atlas, Betsy Miranda, informó que la empresa decidió ir a un arbitraje. “Hemos presentado la demanda ante la Cámara de Comercio de La Paz. Hoy (ayer) nos ha llegado una carta del Gobierno en que se nos informa de que pueden romper el contrato, pero nosotros hemos presentado con anterioridad el proceso”, dijo.
Argumentó que no se les entregó las tierras (30 ha) ni los activos fijos, pero el Gobierno exige inversión.
El Gobierno admitió ayer que enfrenta dos casos complicados de arbitrajes que son el de Eurotelecom Internacional (ETI) por la nacionalización de E ntel y el de la minera Quiborax, en los cuales se determinó no acatar los futuros laudos arbitrales del tribunal internacional del Ciadi por considerarlos ilegales, dijo ayer el director general de Defensa Jurisdiccional y Arbitral del Ministerio de Defensa Legal, Danny López.

Conflicto
En tanto, el gerente de la Corporación Minera de Bolivia en Potosí, Gabriel Arancibia, descartó que la estatal se haga cargo de los 87 trabajadores que recibieron cartas de preaviso en Karachipampa.  
La autoridad indicó que es un tema entre privados. “Eso ya es interno. Nosotros como Comibol no tenemos ninguna relación obrero-patronal con los trabajadores es la empresa Atlas. Es un problema interno entre Atlas y los trabajadores”, dijo.
La pasada semana, la empresa Atlas hizo entrega de 87 memorándums de preavisos a los trabajadores de la Planta Fundidora de Karachipampa.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Atlas, Darío Martínez, demandó al G obierno atender su exigencia de garantizar estabilidad laboral.

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Preseleccionan a empresas de 4 países para El Mutún

La Paz |

El Gobierno preseleccionó a cinco empresas de cuatro países como potenciales socios del Estado en la explotación del 50 por ciento del yacimiento de hierro de El Mutún, situado cerca de la frontera con Brasil.
El presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún (ESM), Sergio Alandia, dijo que las compañías interesadas en la inversión son de China, Corea del Sur, Japón e Italia, y que dirigentes de estas empresas se reunirán en las próximas semanas con representantes bolivianos para poder determinar la resolución final.
Las cinco compañías son la italiana Danieli, la japonesa Kobe Steel, las coreanas Hyundai y Cosco y la china GMV C&C.
“Hoy Bolivia tiene el privilegio de elegir entre las empresas más grandes del mundo como proveedoras de equipos, tecnología y financiación. Estamos complementando nuestras necesidades para lograr un proyecto en común”, señaló Alandia.
El presidente de la ESM añadió que se está trabajando en dos líneas: una para la exportación de hierro y otra sobre el desarrollo del proyecto siderúrgico para llegar a una plena industrialización.
La primera firma en reunirse con representantes del Ministerio de Minería será la italiana Danieli, cuyos ejecutivos deben arribar a La Paz el 14 de julio.

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