La polémica por la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos en Bolivia es un caso más de varios similares que se han presentando sólo este año en otros países de la región.
En Brasil, Chile y Perú al menos cuatro megaproyectos –tres hidroeléctricas y una carretera-- fueron paralizados o están retrasados debido a observaciones medioambientales y de pueblos indígenas.
Uno de los casos más importantes y que ha cobrado relevancia internacional es el de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonia brasileña, un proyecto concebido hace 30 años.
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ordenó al Gobierno de Brasil la suspensión cautelar de las obras de la represa por su amenaza a la vida de varios pueblos indígenas del Amazonas.
El organismo solicitó la suspensión “inmediata” de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que el Gobierno cumpla una ser ie de requisitos para proteger la población originaria de la región.
La CIDH indicó entonces que con la medida pretendía que las autoridades brasileñas extremen las precauciones para preservar a los pueblos indígenas y que, además, vuelvan a consultar a los afectados. Otro de los requisitos exigidos era la elaboración de un plan para prevenir la diseminación de enfermedades como consecuencia de la implantación de la represa y las derivadas del flujo masivo de personas en la región con motivo de las obras.
Pese al reclamo y a la oposición de los indígenas y ambientalistas, el 1 de junio el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió la licencia de instalación para la construcción de la polémica hidroeléctrica, que será la tercera más grande del mundo e inundará 516 kilómetros cuadrados de selvas en la Amazonia. Con el permiso, el Gobierno de Dilma Rousseff dio luz verde al inicio de los trabajos.HidroAysén
En Chile y Perú, proyectos similares, aunq ue de menor envergadura, están paralizados. El 20 de junio pasado, un a corte chilena admitió recursos de protección e instruyó la paralización temporal de las obras del proyecto de HidroAysén que prevé la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena.
El recurso de protección se refiere a la vulneración de derechos constitucionales y, en este caso, los recurrentes, entre los que figuraban dos senadores, dos diputados y varias organizaciones ambientalistas y sociales, que sostienen que el proyecto viola el derecho a vivir en un ambiente limpio.
HidroAysén, a cargo de un consorcio integrado por Endesa Chile y Colbún, entre otras empresas, involucra una inversión de 3.200 millones de dólares y la inundación de unas 5 mil hectáreas para la construcción de cinco represas y la generación de unos 2.750 megavatios de energía eléctrica.
El proyecto fue aprobado el pasado 13 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región de Chile, situada a 1.600 kilómetros al sur de Santiago.
La obra es rechazada por organizaciones e cologistas, parte de la comunidad de la región de Aysén y por más de 30 comunidades de indígenas mapuches que se oponen a que en sus territorios pasen las torres de tensión.Perú
También indígenas y ambientalistas organizaron manifestaciones en Perú contra la construcción de la hidroeléctrica Inambari.
En junio pasado, el Gobierno peruano no tuvo más que cancelar las licencias de concesión a favor de las empresas Eletrobras y OAS de Brasil.
La obra era resistida por las comunidades indígenas porque, indicaron, los efectos serían directos en sus territorios.
El Ejecutivo del entonces presidente Alan García prometió que el megaproyecto irá adelante sólo si se realiza la consulta a las comunidades afectadas.
La hidroeléctrica de Inambari, en el centro de Perú, debía ser ejecutada por el consorcio brasileño que proyectaba una planta de 2 mil megavatios (MW) de potencia. Se prevé que el 80 por ciento de la producción sea para exportar a Brasil.
El nuevo Gobierno debe ahora licitar nuevamente la construcción del proyecto. Sin embargo, la convocatoria sólo podrá ser lanzada después de realizar la consulta a los indígenas.
El consorcio formado por OAS y Eletrobras había invertido ya 22 millones de dólares en estudios de viabilidad técnica y económica de la gigante obra. Inambari es parte de un conjunto de seis plantas de energía a construirse en Perú como parte de un acuerdo con Brasil.
En Brasil, Chile y Perú al menos cuatro megaproyectos –tres hidroeléctricas y una carretera-- fueron paralizados o están retrasados debido a observaciones medioambientales y de pueblos indígenas.
Uno de los casos más importantes y que ha cobrado relevancia internacional es el de la construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonia brasileña, un proyecto concebido hace 30 años.
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA ordenó al Gobierno de Brasil la suspensión cautelar de las obras de la represa por su amenaza a la vida de varios pueblos indígenas del Amazonas.
El organismo solicitó la suspensión “inmediata” de los trabajos de construcción de la hidroeléctrica hasta que el Gobierno cumpla una ser ie de requisitos para proteger la población originaria de la región.
La CIDH indicó entonces que con la medida pretendía que las autoridades brasileñas extremen las precauciones para preservar a los pueblos indígenas y que, además, vuelvan a consultar a los afectados. Otro de los requisitos exigidos era la elaboración de un plan para prevenir la diseminación de enfermedades como consecuencia de la implantación de la represa y las derivadas del flujo masivo de personas en la región con motivo de las obras.
Pese al reclamo y a la oposición de los indígenas y ambientalistas, el 1 de junio el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) concedió la licencia de instalación para la construcción de la polémica hidroeléctrica, que será la tercera más grande del mundo e inundará 516 kilómetros cuadrados de selvas en la Amazonia. Con el permiso, el Gobierno de Dilma Rousseff dio luz verde al inicio de los trabajos.HidroAysén
En Chile y Perú, proyectos similares, aunq ue de menor envergadura, están paralizados. El 20 de junio pasado, un a corte chilena admitió recursos de protección e instruyó la paralización temporal de las obras del proyecto de HidroAysén que prevé la construcción de cinco represas en la Patagonia chilena.
El recurso de protección se refiere a la vulneración de derechos constitucionales y, en este caso, los recurrentes, entre los que figuraban dos senadores, dos diputados y varias organizaciones ambientalistas y sociales, que sostienen que el proyecto viola el derecho a vivir en un ambiente limpio.
HidroAysén, a cargo de un consorcio integrado por Endesa Chile y Colbún, entre otras empresas, involucra una inversión de 3.200 millones de dólares y la inundación de unas 5 mil hectáreas para la construcción de cinco represas y la generación de unos 2.750 megavatios de energía eléctrica.
El proyecto fue aprobado el pasado 13 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región de Chile, situada a 1.600 kilómetros al sur de Santiago.
La obra es rechazada por organizaciones e cologistas, parte de la comunidad de la región de Aysén y por más de 30 comunidades de indígenas mapuches que se oponen a que en sus territorios pasen las torres de tensión.Perú
También indígenas y ambientalistas organizaron manifestaciones en Perú contra la construcción de la hidroeléctrica Inambari.
En junio pasado, el Gobierno peruano no tuvo más que cancelar las licencias de concesión a favor de las empresas Eletrobras y OAS de Brasil.
La obra era resistida por las comunidades indígenas porque, indicaron, los efectos serían directos en sus territorios.
El Ejecutivo del entonces presidente Alan García prometió que el megaproyecto irá adelante sólo si se realiza la consulta a las comunidades afectadas.
La hidroeléctrica de Inambari, en el centro de Perú, debía ser ejecutada por el consorcio brasileño que proyectaba una planta de 2 mil megavatios (MW) de potencia. Se prevé que el 80 por ciento de la producción sea para exportar a Brasil.
El nuevo Gobierno debe ahora licitar nuevamente la construcción del proyecto. Sin embargo, la convocatoria sólo podrá ser lanzada después de realizar la consulta a los indígenas.
El consorcio formado por OAS y Eletrobras había invertido ya 22 millones de dólares en estudios de viabilidad técnica y económica de la gigante obra. Inambari es parte de un conjunto de seis plantas de energía a construirse en Perú como parte de un acuerdo con Brasil.
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