La Paz |El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Fernando Fuentes, dijo ayer que hay sospechas de que los agiotistas estarían acumulando azúcar boliviana para revenderla posteriormente en Perú, razón por la que reaparecieron las señales de escasez del endulzante en los mercados de La Paz y El Alto.
"Son dos ciudades, La Paz y, particularmente, El Alto, donde pareciera que por la gran frontera que hay con Perú parecería que están incubando factores de ir acaparando y, por supuesto, en la línea del agio y la especulación", dijo.
El Viceministro recordó que el Órgano Ejecutivo planteó el pasado jueves, a través de un anteproyecto de ley, subir las penas por agio y acaparamiento de mercancías y de alimentos hasta 18 años de cárcel, 15 más de lo que establece actualmente el Código Penal.
Una parte de la propuesta fija una pena de cárcel de entre 15 y 18 años para personas que oculten alimentos indispensables de la canasta familiar, con fines de enriquecimiento.
Fuentes ratificó que el aprovisionamiento interno de azúcar "está normal", a tiempo de anunciar que el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor en coordinación con las intendencias municipales arreciará los operativos para sancionar a los acaparadores.
El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, dijo que hasta la fecha 2 millones de quintales de azúcar fueron comercializados en el país.
El consumo interno es de 7,5 millones quintales y las industrias azucareras esperan que la producción supere los 9.5 millones de quintales.
"Son dos ciudades, La Paz y, particularmente, El Alto, donde pareciera que por la gran frontera que hay con Perú parecería que están incubando factores de ir acaparando y, por supuesto, en la línea del agio y la especulación", dijo.
El Viceministro recordó que el Órgano Ejecutivo planteó el pasado jueves, a través de un anteproyecto de ley, subir las penas por agio y acaparamiento de mercancías y de alimentos hasta 18 años de cárcel, 15 más de lo que establece actualmente el Código Penal.
Una parte de la propuesta fija una pena de cárcel de entre 15 y 18 años para personas que oculten alimentos indispensables de la canasta familiar, con fines de enriquecimiento.
Fuentes ratificó que el aprovisionamiento interno de azúcar "está normal", a tiempo de anunciar que el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor en coordinación con las intendencias municipales arreciará los operativos para sancionar a los acaparadores.
El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, dijo que hasta la fecha 2 millones de quintales de azúcar fueron comercializados en el país.
El consumo interno es de 7,5 millones quintales y las industrias azucareras esperan que la producción supere los 9.5 millones de quintales.
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