La virtual disolución de la Empresa Boliviana de Industrialización de los Hidrocarburos (EBIH), dictaminada por el Decreto Supremo 0922 del pasado 10 de junio, fue calificada de “anticonstitucional, regresiva y perjudicial a los intereses nacionales” por los consultores económicos Napoleón Pacheco y Saúl Escalera.
El Decreto 922 autoriza a YPFB a asumir los proyectos de industrialización que estaban a cargo de la EBIH y dispone que ésta se dedique a capacitar personal en el exterior para hacerse cargo posteriormente de administrar las plantas petroquímicas que se crearán en los próximos cinco años.
En criterio del analista Napoleón Pacheco, crear una empresa para industrializar gas natural y luego quitarle atribuciones para cumplir su misión, “significa falta de claridad y eficiencia en la política nacional de industrialización de gas natural”, después de seis años de simples enunciados en este sentido.
La segunda razón de la incoherencia gube rnamental en la industrialización de gas es que Bolivia, por la poca cantidad de materia prima que dispone en esta coyuntura, priorizó abastecer primero el mercado nacional y luego cumplir compromisos con Brasil y Argentina.
Para Saúl Escalera, ex gerente de industrialización de YPFB por cuatro años, el Decreto 0922 es inconstitucional porque contraviene el artículo 363 parágrafo I de la Constitución, que hace responsable a la EBIH de ejecutar, en representación del Estado, la industrialización de los hidrocarburos en territorio nacional.
Pacheco señaló que “la falta de claridad en la política de industrialización, la duplicación en labores específicas, que incluyen pugnas de índole hasta personal entre técnicos de YPFB y la reducción de funciones de la EBIH, están contribuyendo silenciosamente a un retroceso”.
La versión del Ministro de Hidrocarburos de que la nueva función de la EBIH es capacitar en el exterior profesionales para administrar luego plan tas nacionales, según Escalera, “es una salida falsa, cuando la mejor forma de contar con técnico expertos es haciéndoles participar activamente en los estudios, proyectos y manejo de plantas petroquímicas”.
El Decreto 922 autoriza a YPFB a asumir los proyectos de industrialización que estaban a cargo de la EBIH y dispone que ésta se dedique a capacitar personal en el exterior para hacerse cargo posteriormente de administrar las plantas petroquímicas que se crearán en los próximos cinco años.
En criterio del analista Napoleón Pacheco, crear una empresa para industrializar gas natural y luego quitarle atribuciones para cumplir su misión, “significa falta de claridad y eficiencia en la política nacional de industrialización de gas natural”, después de seis años de simples enunciados en este sentido.
La segunda razón de la incoherencia gube rnamental en la industrialización de gas es que Bolivia, por la poca cantidad de materia prima que dispone en esta coyuntura, priorizó abastecer primero el mercado nacional y luego cumplir compromisos con Brasil y Argentina.
Para Saúl Escalera, ex gerente de industrialización de YPFB por cuatro años, el Decreto 0922 es inconstitucional porque contraviene el artículo 363 parágrafo I de la Constitución, que hace responsable a la EBIH de ejecutar, en representación del Estado, la industrialización de los hidrocarburos en territorio nacional.
Pacheco señaló que “la falta de claridad en la política de industrialización, la duplicación en labores específicas, que incluyen pugnas de índole hasta personal entre técnicos de YPFB y la reducción de funciones de la EBIH, están contribuyendo silenciosamente a un retroceso”.
La versión del Ministro de Hidrocarburos de que la nueva función de la EBIH es capacitar en el exterior profesionales para administrar luego plan tas nacionales, según Escalera, “es una salida falsa, cuando la mejor forma de contar con técnico expertos es haciéndoles participar activamente en los estudios, proyectos y manejo de plantas petroquímicas”.
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