Con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido y pacífico, la Fundación Unir Bolivia planteó tres escenarios en los que el conflicto podría desembocar.
En un primer aspecto, Unir señala que el Gobierno impone la construcción de la carretera que cruce el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), vulnerando los derechos de los pueblos indígenas con un alto impacto sobre la diversidad y los valores naturales del parque. La débil presencia del Estado es insuficiente para controlar las tendencias crecientes de contrabando y narcotráfico.
En segundo análisis se refiere a que los indígenas rechazan la construcción del tramo II de la carretera que pasa por el Tipnis.
Entre sus probables consecuencias, se encuentran la movilización masiva de indígenas que puede significar la ruptura de relación entre comunidades indígenas y poblaciones de la región. También se fractura la relación del movimiento indígena de tierras bajas con el Gobierno c entral. Las exploraciones petroleras en el Tipnis se mantienen con ciertas tensiones y restricciones.
En el tercer escenario, Unir plantea que se exploren nuevas opciones y alternativas para una negociación que beneficie a los actores directamente involucrados a través de un diálogo amplio y constructivo, en el que las partes se desarmen de sus posiciones inflexibles, consideren las necesidades básicas de la otra parte y encuentren un punto de consenso que satisfaga a los actores en litigio.
Además de firmarse un convenio entre el Gobierno y los representantes de los pueblos indígenas tomando como base normativa la Constitución Política del Estado, normas ambientales y de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas que aseguren y garanticen su cumplimiento, señala el análisis de Unir.
De establecerse el diálogo entre el Gobierno y los indígenas deberá controlarse el ingreso de los colonizadores al interior del Tipnis a través de un fortalecimiento de la gestión compartida del área entre el Estado y la organización indíge na.
Además, se fortalece la legislación y los procesos de gestión de áreas protegidas y territorios indígenas, incrementando los recursos económicos estatales asignados para tales efectos.
En un primer aspecto, Unir señala que el Gobierno impone la construcción de la carretera que cruce el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Secure (Tipnis), vulnerando los derechos de los pueblos indígenas con un alto impacto sobre la diversidad y los valores naturales del parque. La débil presencia del Estado es insuficiente para controlar las tendencias crecientes de contrabando y narcotráfico.
En segundo análisis se refiere a que los indígenas rechazan la construcción del tramo II de la carretera que pasa por el Tipnis.
Entre sus probables consecuencias, se encuentran la movilización masiva de indígenas que puede significar la ruptura de relación entre comunidades indígenas y poblaciones de la región. También se fractura la relación del movimiento indígena de tierras bajas con el Gobierno c entral. Las exploraciones petroleras en el Tipnis se mantienen con ciertas tensiones y restricciones.
En el tercer escenario, Unir plantea que se exploren nuevas opciones y alternativas para una negociación que beneficie a los actores directamente involucrados a través de un diálogo amplio y constructivo, en el que las partes se desarmen de sus posiciones inflexibles, consideren las necesidades básicas de la otra parte y encuentren un punto de consenso que satisfaga a los actores en litigio.
Además de firmarse un convenio entre el Gobierno y los representantes de los pueblos indígenas tomando como base normativa la Constitución Política del Estado, normas ambientales y de defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas que aseguren y garanticen su cumplimiento, señala el análisis de Unir.
De establecerse el diálogo entre el Gobierno y los indígenas deberá controlarse el ingreso de los colonizadores al interior del Tipnis a través de un fortalecimiento de la gestión compartida del área entre el Estado y la organización indíge na.
Además, se fortalece la legislación y los procesos de gestión de áreas protegidas y territorios indígenas, incrementando los recursos económicos estatales asignados para tales efectos.
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