El embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, ratificó ayer que el Gobierno de su país espera la propuesta boliviana sobre las modificaciones del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, después de la aprobación de la ley corta que impide que la vía atraviese el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y negó que su país imponga condiciones para incrementar el monto del financiamiento.
Biato reiteró que las autoridades de ambos países analizan los aspectos que impactan en el financiamiento de 332 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil para la construcción de la carretera, que es ejecutada por la empresa brasileña OAS.
Lo que sí adelantó el diplomático brasileño es que el financiamiento brasileño “sufrirá cambios” en función a la adecuación técnica de la propuesta boliviana, debido a que el desvío del tramo carretero registrará un costo adicional a lo pre visto adicionalmente.
El jueves, el diario brasileño Valor Económico informó que el trazo alternativo para la carretera costaría 250 millones de dólares más al valor inicial de 415 millones e indicó que antes que el Bndes acepte financiar el adicional, Brasil exigirá garantías de que la obra no volverá a ser trabada.
Además, el citado periódico señaló que autoridades del vecino país exigen que Bolivia ofrezca garantías sobre propiedad de tierra a productores brasileños y que devuelvan 4 mil vehículos robados que estarían en proceso de legalización. El embajador Biato desmintió la información.
El embajador ratificó que su país está a la espera de las nuevas definiciones que asuma el Gobierno boliviano tras la aprobación de la denominada ley corta.
“Esta financiación Brasil la ofreció dentro de una agenda de Estado, (es) un compromiso con Bolivia y así sigue”, afirmó.
Agregó que “lo que Bolivia venga a proponer formalmente, como resultado de la decisión del Parlamento, lo vamos a encaminar”.
Biato reiteró que las autoridades de ambos países analizan los aspectos que impactan en el financiamiento de 332 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil para la construcción de la carretera, que es ejecutada por la empresa brasileña OAS.
Lo que sí adelantó el diplomático brasileño es que el financiamiento brasileño “sufrirá cambios” en función a la adecuación técnica de la propuesta boliviana, debido a que el desvío del tramo carretero registrará un costo adicional a lo pre visto adicionalmente.
El jueves, el diario brasileño Valor Económico informó que el trazo alternativo para la carretera costaría 250 millones de dólares más al valor inicial de 415 millones e indicó que antes que el Bndes acepte financiar el adicional, Brasil exigirá garantías de que la obra no volverá a ser trabada.
Además, el citado periódico señaló que autoridades del vecino país exigen que Bolivia ofrezca garantías sobre propiedad de tierra a productores brasileños y que devuelvan 4 mil vehículos robados que estarían en proceso de legalización. El embajador Biato desmintió la información.
El embajador ratificó que su país está a la espera de las nuevas definiciones que asuma el Gobierno boliviano tras la aprobación de la denominada ley corta.
“Esta financiación Brasil la ofreció dentro de una agenda de Estado, (es) un compromiso con Bolivia y así sigue”, afirmó.
Agregó que “lo que Bolivia venga a proponer formalmente, como resultado de la decisión del Parlamento, lo vamos a encaminar”.
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