En procura de que el Estado reconozca la incidencia del incremento de precios de algunos insumos de construcción en los contratos de obra pública, la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) exige al Gobierno modificar o anular el Decreto Supremo 181 de contratación de obras públicas de bienes y servicios.
Según el presidente de Caboco, Jaime Ponce, los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas deben estudiar y consensuar con las empresas constructoras una fórmula matemática técnica que permita no solamente subir los precios de los insumos en función de los incrementos registrados, sino también disminuir precios cuando se registren decrementos en el mercado, tal como está legislado en 12 países de América Latina.
Ponce indica que entre enero y octubre de la presente gestión la mano de obra (jornal) se incrementó de 80 a 120 bolivianos, la tonelada de fierro de construcción de 950 a 1.200 bolivianos y la bolsa de cemento de 52 a 58 bolivianos y agrega qu e ninguno de estos incrementos fueron reajustados o reconocidos por el Estado en los contratos de obras públicas.
“Si sumamos todos estos incrementos, más el último de la madera, la situación se hace insostenible para muchas empresas debido a que están trabajando a pérdida. Algunas están pensando seriamente que es preferible rescindir contrato y pagar la boletas de garantía que llegan al 7 por ciento del costo del proyecto”, señaló.
Según el presidente de Caboco, Jaime Ponce, los ministerios de Obras Públicas y de Economía y Finanzas deben estudiar y consensuar con las empresas constructoras una fórmula matemática técnica que permita no solamente subir los precios de los insumos en función de los incrementos registrados, sino también disminuir precios cuando se registren decrementos en el mercado, tal como está legislado en 12 países de América Latina.
Ponce indica que entre enero y octubre de la presente gestión la mano de obra (jornal) se incrementó de 80 a 120 bolivianos, la tonelada de fierro de construcción de 950 a 1.200 bolivianos y la bolsa de cemento de 52 a 58 bolivianos y agrega qu e ninguno de estos incrementos fueron reajustados o reconocidos por el Estado en los contratos de obras públicas.
“Si sumamos todos estos incrementos, más el último de la madera, la situación se hace insostenible para muchas empresas debido a que están trabajando a pérdida. Algunas están pensando seriamente que es preferible rescindir contrato y pagar la boletas de garantía que llegan al 7 por ciento del costo del proyecto”, señaló.
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