La decisión del presidente Evo Morales de suspender definitivamente la construcción de cualquier carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) provocó ayer una serie de preguntas sobre lo que pasará con el contrato de construcción suscrito con la empresa OAS, el financiamiento de Brasil por 322 millones de dólares y las obras avanzadas en los tramos I y III del proyecto.
Fuentes gubernamentales indicaron que las interrogantes se despejarán una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional debata y apruebe la ley corta con la modificación propuesta por el Primer Mandatario.
Las mismas fuentes señalaron que apenas la Asamblea apruebe la reforma sugerida por Morales, el Ejecutivo instruirá a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la adecuación, a la ley modificada, del proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos.
Agregaron que es probable que la Administradora Boliviana de Carreteras quede encargada de elaborar una o más alternativas de carretera que vinculen los departamentos de Cochabamba y Beni.
Hace unos dos meses y en reiteradas ocasiones desde entonces, el presidente de la ABC, Luis Sánchez, dijo que cambiar el trazo del tramo II implicaría elaborar un nuevo proyecto y la modificación del financiamiento, es decir que el costo aumentaría.
También es probable que el Gobierno opte por renegociar el financiamiento con el Banco de Desarrollo Económico de Brasil (Bndes) o disuelva el contrato de financiamiento al 100 por ciento. El acuerdo con la brasileña también podría quedar nulo con el reconocimiento de daños y perjuicios a la empresa contratista.
El senador oficialista Adolfo Mendoza dijo ayer que el contrato con OAS no se vería afectado por la decisión del presidente Evo Morales.
“No implica la ruptura de ningún contrato, no implica inicialmente la redefinición de ninguna condición, el c ontrato con OAS estaba previsto para realizar trabajos con este tipo de contingencias”, explicó el legislador del MAS, según la red Erbol.
Fuentes gubernamentales indicaron que las interrogantes se despejarán una vez que la Asamblea Legislativa Plurinacional debata y apruebe la ley corta con la modificación propuesta por el Primer Mandatario.
Las mismas fuentes señalaron que apenas la Asamblea apruebe la reforma sugerida por Morales, el Ejecutivo instruirá a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas la adecuación, a la ley modificada, del proyecto de construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos.
Agregaron que es probable que la Administradora Boliviana de Carreteras quede encargada de elaborar una o más alternativas de carretera que vinculen los departamentos de Cochabamba y Beni.
Hace unos dos meses y en reiteradas ocasiones desde entonces, el presidente de la ABC, Luis Sánchez, dijo que cambiar el trazo del tramo II implicaría elaborar un nuevo proyecto y la modificación del financiamiento, es decir que el costo aumentaría.
También es probable que el Gobierno opte por renegociar el financiamiento con el Banco de Desarrollo Económico de Brasil (Bndes) o disuelva el contrato de financiamiento al 100 por ciento. El acuerdo con la brasileña también podría quedar nulo con el reconocimiento de daños y perjuicios a la empresa contratista.
El senador oficialista Adolfo Mendoza dijo ayer que el contrato con OAS no se vería afectado por la decisión del presidente Evo Morales.
“No implica la ruptura de ningún contrato, no implica inicialmente la redefinición de ninguna condición, el c ontrato con OAS estaba previsto para realizar trabajos con este tipo de contingencias”, explicó el legislador del MAS, según la red Erbol.
0 comentarios:
Publicar un comentario