El Gobierno y la Asamblea Legislativa apuran la aprobación de una ley que modifica el Código Penal, con la inclusión de delitos relacionados con el lavado de dinero y penas de entre 15 y 20 años, para cumplir los compromisos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que se reunirá en Francia el próximo mes, para nuevamente evaluar los avances de los países en esa materia.
A fines de junio, Los Tiempos informó que el GAFI incluyó a Bolivia –durante su reunión plenaria en México– en una lista de siete países cuestionados por no haber realizado los progresos suficientes en sus planes de acción acordados para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo producto del narcotráfico.
El país, que antes se encontraba en una “lista gris”, comparte sitio desde entonces con Etiopía, Kenia, Myanmar, Sri Lanka, Siria y Turquía; por debajo de estos sólo se encuentran Irán y Corea del Norte.
Luego de más de dos meses de silencio, el Ejecutivo finalmente admitió su preocupación por acatar las recomendaciones del GAFI que en octubre podría poner a Bolivia otra vez en la “lista gris”.
El proyecto de ley elaborado por el Gobierno fue aprobado en grande y detalle, el martes fue pasado a la Cámara de Diputados e incorpora al Código Penal los delitos de financiamiento del terrorismo y separatismo, además modifica los delitos de terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas.
“Este proyecto es de suma importancia especialmente para la parte financiera nacional, puesto que está proponiendo un artículo que posibilitará el cumplir con acuerdos que el país ha comprometido en pasados años con instituciones internacionales”, explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, al pleno de diputados.
Agregó, según un comunicado de prensa de la Cámara Baja, que el contenido de la propuesta de modificación tiene la finalidad de cumplir los compromisos asumidos po r el Estado Plurinacional con el GAFI y el Grupo de Acción Financiera Internacional del Sur (Gafisud).
En junio, Los Tiempos consultó al Banco Central de Bolivia (BCB) y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sobre el tema y funcionarios de esas reparticiones indicaron que no conocían el informe del GAFI y prefirieron no hablar.Modificaciones
El proyecto de ley aprobado en Diputados incorpora las figuras penales de financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación de ganancias ilícitas, además de la asignación de atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar los delitos.
Modifica los artículos 133 y 185 del Código Penal e incorpora el Artículo 133 Bis sobre Financiamiento del Terrorismo, que sanciona a todo aquel que de manera deliberada, directa o indirectamente, provea o gestione recursos o derechos con la intención de que se utilicen en actividades terroristas o separatistas con presidio de 15 a 20 años y la confiscación de los bienes utilizados para tal efecto.También incluye un nuevo Artículo 129 Bis sobre separatismo, que sanciona a aquellas personas que de forma individual o grupal realice o colabore a llevar a cabo ataques con el fin de separar la unidad del Estado con privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto.
En su informe, luego de su última reunión en junio en México, el GAFI recomendó al país trabajar para hacer frente a las deficiencias en la lucha contra el lavado con las siguientes medidas: asegurar una adecuada tipificación del lavado de dinero, tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo, establecer e implementar una adecuada estructura jurídica para identificar y congelar activos de terroristas y establecer una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente, exactamente las medidas que el Gobierno está ejecutando ahora.
A fines de junio, Los Tiempos informó que el GAFI incluyó a Bolivia –durante su reunión plenaria en México– en una lista de siete países cuestionados por no haber realizado los progresos suficientes en sus planes de acción acordados para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo producto del narcotráfico.
El país, que antes se encontraba en una “lista gris”, comparte sitio desde entonces con Etiopía, Kenia, Myanmar, Sri Lanka, Siria y Turquía; por debajo de estos sólo se encuentran Irán y Corea del Norte.
Luego de más de dos meses de silencio, el Ejecutivo finalmente admitió su preocupación por acatar las recomendaciones del GAFI que en octubre podría poner a Bolivia otra vez en la “lista gris”.
El proyecto de ley elaborado por el Gobierno fue aprobado en grande y detalle, el martes fue pasado a la Cámara de Diputados e incorpora al Código Penal los delitos de financiamiento del terrorismo y separatismo, además modifica los delitos de terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas.
“Este proyecto es de suma importancia especialmente para la parte financiera nacional, puesto que está proponiendo un artículo que posibilitará el cumplir con acuerdos que el país ha comprometido en pasados años con instituciones internacionales”, explicó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce, al pleno de diputados.
Agregó, según un comunicado de prensa de la Cámara Baja, que el contenido de la propuesta de modificación tiene la finalidad de cumplir los compromisos asumidos po r el Estado Plurinacional con el GAFI y el Grupo de Acción Financiera Internacional del Sur (Gafisud).
En junio, Los Tiempos consultó al Banco Central de Bolivia (BCB) y a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) sobre el tema y funcionarios de esas reparticiones indicaron que no conocían el informe del GAFI y prefirieron no hablar.Modificaciones
El proyecto de ley aprobado en Diputados incorpora las figuras penales de financiamiento del terrorismo, separatismo y legitimación de ganancias ilícitas, además de la asignación de atribuciones a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para investigar los delitos.
Modifica los artículos 133 y 185 del Código Penal e incorpora el Artículo 133 Bis sobre Financiamiento del Terrorismo, que sanciona a todo aquel que de manera deliberada, directa o indirectamente, provea o gestione recursos o derechos con la intención de que se utilicen en actividades terroristas o separatistas con presidio de 15 a 20 años y la confiscación de los bienes utilizados para tal efecto.También incluye un nuevo Artículo 129 Bis sobre separatismo, que sanciona a aquellas personas que de forma individual o grupal realice o colabore a llevar a cabo ataques con el fin de separar la unidad del Estado con privación de libertad de 30 años sin derecho a indulto.
En su informe, luego de su última reunión en junio en México, el GAFI recomendó al país trabajar para hacer frente a las deficiencias en la lucha contra el lavado con las siguientes medidas: asegurar una adecuada tipificación del lavado de dinero, tipificar adecuadamente la financiación del terrorismo, establecer e implementar una adecuada estructura jurídica para identificar y congelar activos de terroristas y establecer una Unidad de Inteligencia Financiera plenamente operativa y que funcione eficazmente, exactamente las medidas que el Gobierno está ejecutando ahora.
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